El Estado transferirá 20.000 millones a la Seguridad Social para pensiones

➤ El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 198.221 millones pese a los síntomas de frenazo económico ➤ Calviño rebaja en ocho décimas su previsión de crecimiento en 2023 por la desaceleración del consumo

El Consejo de Ministros aprobó ayer un techo de gasto de 198.221 millones de euros, cifra en la que se incluyen los fondos europeos, y que supone un incremento del 1,1% respecto a este ejercicio; una cifra que bate récord pero que también está contenida, en línea con las recomendaciones del BCE y de la Comisión Europea de limitar el crecimiento del gasto en 2023.

Este techo de gasto, que servirá para elaborar el Presupuesto 2023, no incluye el desembolso en pensiones, dado que esa partida la sufraga la Seguridad Social, pero sí la transferencia que deberá realizar el Estado a la institución para cubrir los denominados gastos impropios del sistema público, y que el próximo año asciende a casi 20.000 millones de euros, un 8,1% más.

Solo en pensiones, y dependiendo de la evolución que tengan los precios en la segunda mitad del año, las casas de análisis ya sitúan los pagos extra que tendrá que realizar el Estado para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en el entorno de los 17.000 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha avisado al Gobierno de que este gasto apenas dejaría margen al Gobierno para incrementar el gasto, dado que el Ejecutivo deberá atender a las recomendaciones que vienen de Bruselas de no aumentar el gasto por encima del crecimiento económico, algo que el organismo que preside Cristina Herrero sitúa en unos 15.000 millones.

La factura de las pensiones viene marcada por la obligación legal de ligar las subidas a la inflación. Los precios se desbocaron en junio hasta el 10,2% y Bruselas ha situado ya en el 8% la inflación con la que España cerrará el año. Teniendo en cuenta que cada punto de inflación costará a las arcas públicas unos 1.700 millones, más el impacto que tendrá la incorporación de la primera avanzadilla de los ‘boomers’, la factura para el sistema será millonaria y disparará la partida de las pensiones por encima de los 187.000 millones, una cifra inédita. Este ejercicio el desembolso alcanzó los 170.494 millones.

Así las cosas, el techo de gasto aprobado incluye 25.156 millones de euros procedentes de fondos europeos. Una cantidad inferior a la del presente ejercicio, que fue de 26.355 millones en dinero comunitario. Excluyendo los fondos europeos, el techo de gasto con desembolsos exclusivamente nacionales se incrementa un 1,9%. «Esto significa que el Gobierno apuesta por incrementar la inversión al margen de los recursos europeos con el objetivo de potenciar las políticas sociales.», indicaron ayer en Hacienda. Incremento de la inversión... pero siempre con un ojo puesto en las autoridades europeas y sus recomendaciones, pensando en la «responsabilidad fiscal» que el Gobierno dice tener de cara a cumplir con las recomendaciones y futuras reglas comunitarias, y para no enfrentar problemas ante un posible auxilio del BCE a la prima de riesgo española, si se diera el caso.

Ahora se abre un periodo de negociaciones entre los grupos políticos de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. En este sentido, cabe destacar la dificultad que arrastra el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos, los últimos de la legislatura de PSOE y Unidas Podemos, por las tensiones recientes con sus socios de investidura, como es el caso de ERC.

Rebaja de previsiones

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tuvo ayer dos tipos de discurso. Primero, el triunfalista para hablar de cómo le va a la economía en 2022; segundo, el de que en 2023 el crecimiento aún será «notable» pero con nubes negras asomando. El Gobierno actualizó ayer sus proyecciones macroeconómicas con una rebaja de ocho décimas en el crecimiento del año que viene, y al mismo tiempo comunicó el techo de gasto, ligeramente superior al de este ejercicio.

La responsable económica del Ejecutivo utilizó todo su arsenal dialéctico en la apertura de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Fuerte crecimiento», «excelente comportamiento», «favorable evolución»... todo son expresiones del Ministerio de Asuntos Económicos para referirse al ritmo de avance del PIB este ejercicio.

Para 2022, la vicepresidenta Nadia Calviño comunicó que mantiene su proyección de crecimiento en el 4,3%; confía en la marcha de la economía en base a los datos internos que maneja el ministerio durante estos primeros siete meses. Aun así, sí que reconoció que el consumo es una preocupación y que se desacelerará con el paso de los meses.

Es para 2023 donde mete realmente el tijeretazo a su proyección de PIB, concretamente de ocho décimas a la baja, hasta el 2,7%. «El impacto de la guerra se reflejará en un menor crecimiento del consumo, compensado por una evolución de la inversión en bienes de equipo y las exportaciones», explicó. Las razones de esta rebaja de la estimación de alza del PIB para el año que viene son varias: «El año próximo hacemos esta revisión como consecuencia de los altos precios energía y los riesgos de suministro de gas a la UE, por el endurecimiento de las condiciones monetarias y la desaceleración de las economía de la zona euro, en particular la economía alemana».

Frenazo en el consumo

Yendo más al detalle, son las cifras de gasto en consumo final las que hacen saltar las alarmas. En la actualización del programa de estabilidad el pasado abril se calculaba un incremento del 4,1% en 2022 y 2,7% en 2023 para el consumo. Ahora esos datos se han reducido hasta el 3% y el 2,5% respectivamente. Y ese 3% tiene especial relevancia ya que se prevé que el frenazo se concentre en la última parte del año, lo cual condiciona sobremanera el inicio del curso siguiente.

Asimismo, el Ejecutivo confía en que las exportaciones sostengan parte del crecimiento este año, con un aumento de las mismas del 10,2%, frente al 7,8% esperado en abril. En cambio, en 2023 también sufrirían un parón hasta un alza del 4,9%, cuando tres meses antes se esperaba un incremento del 6,2%. También se espera un aumento de la inversión en bienes de equipo considerable que impulse la economía.

En términos de déficit y deuda públicos, el Gobierno no ha retocado ni un ápice las estimaciones que incluyó en la actualización del programa de estabilidad en abril. «El año 2022 terminará con una tasa de déficit del 5% del PIB, frente al 6,76% con que cerró el ejercicio 2021. Para el ejercicio siguiente se prevé un descenso adicional hasta el 3,9%, para a continuación retroceder hasta el 3,3% en 2024 y terminar en 2025 en el 2,9% del PIB», indicó entonces Hacienda. Sobre la deuda, el objetivo sigue siendo bajarla del 110% de aquí a 2025.

Y aunque el Gobierno no da estimaciones de inflación, sí aporta su previsión del llamado deflactor del consumo, similar al IPC: se situaría en el 7,8% este año, casi dos puntos porcentuales más de lo estimado en el mes de abril.