El caso de las mascarillas ‘fantasma’ de Aragón, ante el Tribunal de Cuentas
El PP pide que se abra una investigación judicial para depurar responsabilidades
El PP va a denunciar ante el Tribunal de Cuentas (TCu) el caso de las mascarillas ‘fantasma’ de Aragón, el pago de 244.570 euros de fondos públicos por un suministro de mascarillas y guantes que no está acreditado que llegara y del que tampoco existen facturas regladas. El dinero se lo pagó el Gobierno regional del socialista Javier Lambán a una sociedad holandesa vinculada a la especulación financiera, sin actividad reconocida alguna en la comercialización de productos sanitarios. El Gobierno aragonés, además, ha optado por infringir la ley de transparencia para ocultar el expediente de ese contrato bajo sospecha.
El caso lo destapó ABC el pasado 30 de abril, después de que esas gruesas irregularidades quedaran reflejadas en un informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón. Ante el escándalo, el Gobierno de Lambán afirmó que el cargamento llegó. Pero solo lo dijo de palabra, sin documento oficial alguno que lo respalde. De hecho, reconoció que no existe albarán ni acta oficial de recepción de ese material, y tampoco facturas regladas.
El pago se hizo en abril de 2020 y, pese a que esas irregularidades también fueron advertidas por los interventores de fondos del Gobierno aragonés, el Ejecutivo regional no emprendió acciones para depurar responsabilidades sino que prefirió validar el pago y enterrar el asunto. Como desveló ayer ABC, el presidente de la sociedad a la que se transfirió el dinero también está al frente de otro entramado societario vinculado a la especulación financiera, especializado en criptomonedas, con sedes en Gibraltar, Dubai y Estonia.
Ante estos nuevos datos y las crecientes sombras que rodean a este caso, el PP ha decidido personarse ante el Tribunal de Cuentas para instar a la apertura de una investigación. Según ha indicado a ABC la portavoz popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, «la gravedad de las irregularidades obliga a depurar responsabilidades legales y políticas, más aún a la vista de la sospechosa actitud en la que está incurriendo el Gobierno cuatripartito de Lambán para ocultar ese expediente».
Horizonte procesal
La Cámara de Cuentas de Aragón ha indicado a ABC que el informe en el que se reflejaron esas irregularidades ha sido remitido al Tribunal de Cuentas del Estado, pero sin hacer advertencia expresa y específica a esas anomalías de las que pueden derivarse responsabilidades contables. Fuentes del TCu han explicado a ABC que irregularidades de ese calibre pueden ser objeto de la apertura de diligencias de oficio. Pueden ser promovidas tanto por los auditores del Tribunal de Cuentas, una vez leído el informe, como por la Fiscalía. Por añadidura, la investigación puede ser solicitada a instancia de parte, vía por la que ha optado el PP para asegurarse que se abre una investigación en el TCu. Esta jurisdicción de cuentas públicas puede ir en paralelo a los tribunales penales, cuando en un caso también existan indicios de delito.
En este contrato bajo sospecha está implicado el Gobierno de Aragón en pleno, el presidente Lambán y los consejeros de su cuatripartito del PSOE, Podemos, la Chunta y el PAR, que en Consejo de Gobierno decidieron dar por bueno el pago de esos 244.570 euros pese a la oposición de los interventores.