La Justicia investiga a Trump por la insurrección
La comisión que estudia el asalto al Capitolio revela que el expresidente no intentó movilizar al Ejército aquel día La diputada republicana Cheney se ha convertido en su mayor crítica y le acusa de renunciar a sus obligaciones
Biden reaparece tras el coronavirus e impulsa una ley de matrimonio gay
La cadena Fox News ni siquiera emite sus discursos en directo como hacía antes, y está vetado en las redes sociales
En las encuestas de su partido sale bien parado, pero no en las de intención de voto general
Ya lo consiguió una vez, y está convencido de que puede volver a hacerlo. Donald Trump planea su regreso a la primera línea política con los poderes establecidos en contra, incluidos no pocos en su propio partido. Por eso ha comenzado una campaña para impedirle un regreso a la Casa Blanca en la que los demócratas no están solos. La diputada republicana Liz Cheney, espina en el costado del expresidente, difundió esl martes un vídeo en que el último jefe del Pentágono con Trump acusaba a este, bajo juramento, de mentir al decir que quiso movilizar a la Guardia Nacional para proteger el Capitolio durante el saqueo de 2021. Y el Departamento de Justicia, además, filtró durante el regreso de Trump a Washington para un discurso, el mismo día, que la Fiscalía le investiga por su papel en la insurrección, algo que bien podría acabar en cargos por la vía penal.
Como la primera vez que se presentó, en 2016, Trump tiene ante sí un vacío: no tiene acceso a las redes sociales que usan los demás políticos y los periodistas, y ni siquiera la cadena conservadora Fox News, en la que reinó los cuatro años de su presidencia, emitió su discurso del martes en directo. Cosa insólita en un expresidente, su visita a Washington fue para dar un discurso, pero no fue recibido por más líderes políticos que los que participaban en el mismo congreso que él, todos considerados conservadores trumpistas. Aun así, el ambiente en el hotel en el que apareció era extático, y le acompañaban los gritos de «¡cuatro años más!». También hubo, es cierto, protestas en la calle.
Trump tiene también hoy más adversarios que en 2016, sobre todo después de sus falsas denuncias de fraude electoral y su papel en la insurrección de 2021. Hay no pocos conservadores que imploran a su partido que pase página y opte por un conservador con aires nuevos que pueda ganarle a unos demócratas debilitados por la marcha de la economía. Entre ellos está el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y también la diputada Cheney, que se presenta a la reelección en noviembre y bien puede perderla por la oposición de Trump, según reflejan las encuestas.
Duras críticas
Cheney, hija del exvicepresidente Dick, ha aceptado la invitación para ser vicepresidenta de la comisión que investiga el saqueo del Capitolio, y desde la tribuna, mazo en mano, ha hecho algunas de las críticas más duras a Trump en Washington, y la competencia para ello es abundante. En la vista oral de la semana pasada le acusó de negligente, El presidente de EE.UU., Joe Biden, compareció ayer de nuevo en público para anunciar que ya ha dado negativo en coronavirus, tras una breve infección con síntomas leves. «Me siento genial», proclamó ayer el mandatario, que tiene 79 años y por tanto es grupo de riesgo.
La Casa Blanca se prepara ahora, en el último trecho antes del receso de verano, para una batería de logros en el Capitolio, entre los que se encuentra una ley para legalizar el matrimonio gay e interracial y otra para facilitar la producción de semiconductores en EE.UU. En realidad, los matrimonios entre personas de distinto género o raza son legales en EE.UU. desde hace años, pero una sentencia del Supremo el mes pasado sobre el derecho al aborto dejó abierta la vía a anularlos, pues ambos fueron aprobados por el judicial y no por el legislativo. Los demócratas han tomado ahora la iniciativa en ese asunto antes de las elecciones parciales de noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. de haber renunciado a su juramento y de haberse puesto por encima de la democracia en su fracasado intento de perpetuarse en el poder.
El lunes, tras el discurso en que Trump anunció en la capital que estudia presentarse a primarias, la comisión en la que está Cheney emitió un vídeo en que interroga al último secretario de Defensa de Trump, Chris Miller. Este último dijo bajo juramento que el expresidente nunca le dio la orden formal de tener 10.000 soldados listos para ser desplegados en el Capitolio el 6 de enero de 2021. «Nunca se me dio ninguna dirección u orden, ni supe de ningún plan de esa naturaleza», dijo Miller en el vídeo. «No hubo ninguna dirección, no hubo ninguna orden del presidente», añadió, contradiciendo a Trump, quien mantiene que ofreció a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, movilizar tropas, y ellas se negaron.
En general, la comisión, en la que los demócratas son mayoría, ha demostrado con documentos, vídeos e interrogatorios que Trump no se opuso al saqueo del Capitolio, que invitó a sus seguidores a caer sobre este, y que albergó hasta el último momento la esperanza, apenas disimulada, de que la insurrección le permitiera perpetuarse en el poder. Esta comisión, sin embargo, solo emitirá un informe, y no
puede imputarle delito alguno a Trump. Eso le compete a la Fiscalía, que depende del Departamento de Justicia, y ya está tomando sus propias medidas.
Según reveló el mismo lunes el diario ‘The Washington Post’, el Departamento de Justicia ha recurrido ya a un gran jurado en Washington para investigar los esfuerzos del expresidente y su círculo más cercano para nombrar falsos electores y presionar al exvicepresidente Mike Pence para que anulara las elecciones de 2020. Un gran jurado juega un papel crucial en el proceso penal de EE.UU., pues sirve al fiscal para decidir sobre imputaciones con pena de cárcel.
Según el ‘Post’, el que fue jefe de gabinete de Pence, Marc Short, y su abogado, Greg Jacob, comparecieron ante ese gran jurado en los días recientes, y fueron interrogados por los fiscales federales sobre las conversaciones que mantuvieron con Trump y sus socios sobre las presiones a Pence.
Necesidad de control
El 6 de enero de 2021 tenía lugar en el Capitolio una ceremonia en la que el vicepresidente Pence certificaría los resultados de las elecciones de dos meses antes, proclamando a Biden ganador. Hasta ahora, esa ceremonia ha sido algo protocolario, sin sorpresas. Trump se negó a aceptar los resultados, denunciando un falso fraude que han desmentido todos los tribunales posibles, incluido el Supremo. Trump convocó a una marcha, y tuvo un mitin aquel día ante la Casa Blanca, al final del cual dijo que marcharía con los manifestantes hasta el Capitolio, que está a apenas dos kilómetros. Una turba, entre la que había integrantes de grupos violentos como los llamados Proud Boys o los Oath Keepers, descendió sobre ese edificio donde tiene su sede el poder legislativo.
Normalmente un candidato a la presidencia no lo anuncia formalmente hasta bastante más tarde, pero Trump quiere controlar su partido, e impedir que le salga una competición ya incipiente, sobre todo dada la popularidad del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Varias filtraciones de colaboradores suyos apuntan a que puede hacerlo antes incluso de las elecciones parciales de noviembre.
Según una reciente encuesta de Marist Poll para NPR y PBS, solo uno de cada cinco republicanos cree que Trump fue responsable de la insurrección, en comparación con un 90 por ciento de demócratas, y lo más importante, un 75 por ciento de independientes. Eso apunta a que aunque ganara las primarias con holgura, las posibilidades de Trump en unas elecciones generales no son tan halagüeñas.