Alianza de Feijóo y Arrimadas en defensa del bilingüismo escolar
▶ Recurren al TC las normas contra el castellano en las aulas de Cataluña
Acuerdo sin precedentes entre Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas para defender el bilingüismo en las aulas de Cataluña. Todos los diputados del PP y de Cs en el Congreso firmaron el recurso de inconstitucionalidad, presentado ayer, contra varios artículos del decreto ley del Govern y la ley del Parlament catalanes, aprobados por los grupos independentistas el PSC –solo la ley– y los comunes, que impiden la aplicación del 25 por ciento de las asignaturas en español. Así lo ordenan los tribunales a la Generalitat, y por lo tanto incumplen el precepto constitucional de extender el sistema de bilingüismo escolar.
La iniciativa se dio a conocer al mismo tiempo en Madrid y Barcelona. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, justificó el recurso para garantizar el uso del español en las escuelas e institutos de Cataluña, una iniciativa que, en opinión de la popular, debería haber impulsado el Gobierno de Sánchez, pero «ha renunciado para que pueda seguir siendo presidente».
Arrimadas explicó que su partido y el PP decidieron dar el paso hace unas semanas para «hacer unidad de acción constitucionalista» y «frenarle los pies al separatismo». Y defendió así esta alianza estratégica: «Debemos ir juntos, sumar y mostrar al constitucionalismo que, por encima de las siglas del partido, para defender la legalidad, el sentido común y a los constitucionalistas catalanes, también podemos ir juntos».
Forma y fondo
El recurso se centra en impugnar los artículos 2 a) y d), 3.1 y 4.1 del decreto ley 6/2022, aprobado el 30 de mayo por el Govern catalán, que fija los criterios que deben regir los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y los artículos 2.1 y 2.4 de la ley 8/2022, aprobada el 9 de junio en el Parlament, con los votos de los grupos independentistas de ERC y Junts, así como con los del PSC y los comunes.
Con estas normas, el nacionalismo catalán institucionalizado respondía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020, que obliga a la Generalitat a extender a todo el sistema escolar un mínimo del 25 por ciento de asignaturas en ambas lenguas oficiales en toda la comunidad, es decir, en español y catalán. Sin embargo, la Generalitat se niega a aplicar el bilingüismo y pergeñó una trama normativa para impedir, al menos durante un tiempo, su aplicación.
El propio TSJC había elevado el día antes esta normativa al Constitucional al considerarla incompatible con el precepto constitucional del bilingüismo escolar. Así lo refleja también el recurso conjuntos de los populares y liberales, que entienden además que ni las formas son legales, pues no parece justificada la «extraordinaria y urgente necesidad» de aprobar un decreto ley que dé respuesta al desarrollo de una ley de 2009, tal y como se explica en la exposición de motivos del decreto ley. Salvo que sea para eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJC de finales de 2020.