«El Gobierno quiere estigmatizar a la empresa y enfrentarla con la sociedad»
El dirigente empresarial acusa al Ejecutivo de ahuyentar la inversión y avisa de que sus medidas están siempre al límite de la seguridad jurídica
Gerardo Cuerva (Granada, 1971) es la voz del 99,8% de las pymes a las que representa Cepyme. Junto a Antonio Garamendi es el principal interlocutor de la patronal con el Gobierno y su rúbrica aparece estampada en reformas claves con las que, sin embargo, no siempre está conforme, como ocurre con la laboral. «No es la que hubiera firma yo», asegura sobre esta norma en esta entrevista en la que carga contra el Gobierno por su despilfarro y por una política que, cree, va en contra de la empresa.
—El Gobierno gravará el margen de negocio de energéticas y bancos. ¿Cómo recibe esta intervención en las empresas?
—Van a conseguir estigmatizar de tal modo a la empresa que ningún joven en España va a querer ser empresario. Esta medida es más que un nuevo impuesto, le pongan el nombre que le pongan, y no se trata solo de gravar a las grandes empresas. El Gobierno está utilizando políticamente a la empresa en general, enfrentándola con la sociedad e intentando culpabilizarla de todo lo malo. Pero no tiene en cuenta que medidas que están al límite continuamente de la seguridad jurídica ahuyentan la inversión, nos restan credibilidad como país y nos afectan a todos, también a las pequeñas empresas.
—Las tensión entre las empresas y el Gobierno sube de temperatura...
—Tenemos un Gobierno que no cree que la empresa sea la solución para salir de esta situación y que toma medidas y hace declaraciones que la estigmatizan. Y de esta situación se sale de la mano de la empresa: si queremos mejorar el empleo tiene que ser de la mano de las empresas, si queremos mejorar las políticas sociales hay que hacerlo de la mano de la empresa, si queremos tener un estado de bienestar robusto hay que hacerlo de la mano de la empresas. No se puede elegir entre progreso o empresa porque el progreso va de la mano de las empresas.
—Sánchez ha pedido a la sociedad que «arrime el hombro», pero el Gobierno mantiene su estructura, con 22 ministerios.
— Se piden esfuerzos a todos, el trabajador está sufriendo una merma en su poder adquisitivo, pero la empresa también está sufriendo, y eso al Gobierno se le olvida. Parece que no entiende que las empresas tienen que ganar dinero para poder pagar, entre otras cosas, los impuestos. Y frente a las esfuerzos de empresas y trabajadores, el Ejecutivo, lejos de ajustarse sigue tirando de chequera y del gasto, que crece por encima de cualquier etapa en nuestro país. ¿Por qué? La inflación está provocando un incremento extraordinario de la recaudación que igual es la justificación para no cambiar ni el Presupuesto.
—¿Cómo califica el recorte en el crecimiento previsto para 2023 hasta el 2,7%, ocho décimas?
—Por fin el Gobierno empieza a tomar conciencia. Hacer una previsión que se acerque a la realidad es un primer paso para encarar las posibles soluciones. La situación recuerda a 2008, cuando el Ejecutivo decía que todo iba bien y en las empresas se pensaba todo lo contrario. Ahora nos encontramos que en 2022 acabaremos con un crecimiento cercano al 4% y, sin embargo, no hemos modificado el Presupuesto pese a los cambios tan radicales en las previsiones.
—Las predicciones de los organismos internacionales apuntan a una segunda mitad de año y a un 2023 duro. —Si España va a crecer un 2,7% en 2023 es porque las cosas van a peor, que es la misma percepción que tiene la empresa. La cadena de suministros está sufriendo, los precios están subiendo, y la energía ya es un problema grave para las empresas que no son electrointensivas, que pone en riesgo su viabilidad. Incluso las empresas que son electrointensivas están ajustando su producción y llegando a cerrar el negocio en algunos casos, porque los costes energéticos impiden estar abiertos.
—Todos los organismos prevén un enfriamiento económico tras el verano.
—Se atisba un otoño caliente y difícil. Con los tipos de interés en ascenso, automáticamente llegará una restricción al crédito. Las garantías que están pidiendo los bancos son cada vez más duras cuando se solicita financiación, lo que provocará que la empresa deje de invertir. Y cuando esto ocurre, todos los parámetros de funcionamiento se deterioran, lo que puede terminar afectando al empleo. Hay que tomar medidas y no obviar la situación complicada. El aumento de los costes para las empresas está subiendo por encima del 23% y, sin embargo, las ventas lo hacen un 19% y la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa ha caído un 20%, lo que complica mucho la inversión en las empresas, teniendo en cuenta que sólo tienen una rentabilidad del 3%. —Usted llegó a asegurar que la reforma laboral que firmó su organización no era la que necesitaba España. ¿Cómo está viendo sus resultados?
—Lo dije en su día y me llamaron loco, pero la reforma laboral no es la que hubiera firmado yo. Me preocupa que lejos de combatir problemas como el absentismo, nos quedamos en los titulares. Y, efectivamente, los contratos indefinidos suben, pero la temporalidad en un país como España se tiene que dar y se está ajustando la realidad a la necesidades, y al final el fijo discontinuo aparece. Espero que en el desarrollo reglamentario que está pendiente se ajusten los parámetros y se tenga en cuenta también al campo como se tendría que haber hecho.
—La reforma pretende que el contrato fijo sea la norma, pero el Gobierno ha tenido que saltarse esta máxima en algunos casos...
—Una cosa es predicar y otra dar trigo y resulta que el Gobierno decide no aplica la reforma a los contratos públicos de universidades y centros de investigación ¿Por qué? Pues porque es imposible, porque son programas por tiempo limitado. Decimos que el contrato fijo debe ser la referencia, pero ponemos una salvaguarda en la norma en la que se dice que esta máxima no es de aplicación a la Administración. Lo mismo ocurre con la ley de los ‘tres minutos’, a la que debemos ajustarnos las empresas, pero no la Administración. Esto lo enlazo con lo que hablábamos antes, la Administración no se pone el listón
«El Ejecutivo está pidiendo esfuerzos a la sociedad mientras sigue tirando de chequera»
«El endurecimiento del crédito hará que las empresas dejen de invertir y se vea afectado el empleo»
de la obligaciones a la misma altura que lo pone a empresas y ciudadanos.
—¿Qué opina el acuerdo alcanzado con los autónomos para que coticen según sus ingresos?
—Cepyme representa a las pymes y también a muchos autónomos, pero en nuestra casa ATA y su presidente, Lorenzo Amor, son nuestro portavoz. Seguro que el acuerdo que se ha alcanzado es mejorable desde el punto de vista empresarial, pero se ha buscado la mejor solución, una solución admisible, como dice la propia ATA. Creo que lo que tenemos que dar es estabilidad y seguridad para que la inversión no se vea afectada. Ya hay algunos fondos que ven ‘ininvertible’ a España.
—¿Cómo va a afectar la subida de tipos a las pymes?
—Sobre el coste de la cadena suministros y el encarecimiento de la financiación hicimos una encuesta en Cepyme en la que el 16% de las empresas nos decían que está en riesgo su viabilidad. En un par de meses nos vamos a dar cuenta del impacto del fin de la moratoria de los concursos de acreedores; en septiembre y octubre, podrían subir de forma exponencial las empresas que entren en concurso.
—El tamaño de nuestras empresas sigue siendo un gran problema...
—Así es, y el Gobierno no hizo caso a Cepyme y perdió una gran oportunidad en la Ley Crea y Crece de apostar por el crecimiento de las empresas. España está en el top 5 de creación de empresas, pero pasados tres años el 50% de las empresas desaparecen. Pero el Gobierno apuesta por subida de impuestos sin preocuparse de que las empresas aumenten su tamaño. Les voy a dar un dato; la media trabajadores en España es de 4,7, la europea de 6. Si nos acercáramos a esta media España generaría un 5,2% más de exportaciones, un 5% más de PIB y un 1,2 millones de empleos. Y lo que es más importante, los ingresos por impuestos superarían los 20.000 millones.
—Las pensiones vuelven a ser el quebradero de cabeza para las finanzas públicas. ¿Hay que desligarlas este año del IPC?
—El Pacto de Toledo debería evaluar el impacto de ligar las pensiones al IPC, sentarse y ser realistas. Todos debemos de ajustarnos el cinturón y todos debemos sufrir. El Gobierno nos pide un pacto de rentas y moderación, pero no dice lo que piensa hacer con la subida del sueldos de los funcionarios y sería una buena orientación.
—Cambiando de tercio, ¿visualiza algún contrincante de Antonio Garamendi para la presidencia de la CEOE?
—El proceso electoral está muy lejos y Antonio Garamendi aún no ha dicho si se va presentar o no a la reelección y yo no me voy a adelantar. Pero sí le digo que valoro que haya voces diferentes en la organización porque la enriquece, aunque las patadas deben pegarse dentro y la unidad empresarial debe primar por encima de todo. Hay que buscar acuerdos y aunar esfuerzos ante una situación de gran incertidumbre. Es muy complicado estar al frente de la patronal por su diversidad territorial y sectorial y el presidente ha hecho una buena labor.
«El Pacto de Toledo debe evaluar el impacto de ligar las pensiones al IPC porque todos tenemos que ajustarnos y sufrir»
«No es la que yo hubiera hecho. Al final nos quedamos solo en los titulares y no combatimos problemas como el absentismo»