El Gobierno prohíbe trabajos a pérdidas de transportistas pero rechaza guiños fiscales
∑ La reforma, que no contenta al sector, obligará a recoger las tarifas por escrito
El Ejecutivo aprueba un nuevo paquete de ayudas destinado a los transportistas para intentar evitar que se repitan las protestas vividas el pasado marzo. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un decreto que perseguirá los trabajos a pérdidas dentro del sector, un avance que llevan meses esperando cientos de camioneros.
El decreto, según explican fuentes del Ministerio de Transportes, asegurará que el precio del transporte sea igual o superior a los costes que tenga el transportista. En concreto, se deberán firmar contratos por escrito en los que debe aparecer el precio del transporte y los «gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista».
¿Qué se entenderán por gastos? Según el ministerio, será válida la estructura recogida en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por Transportes.
Habrá una calculadora que se modificará en función del negocio de cada transportista.
Las compañías que no cumplan alguna de estas partes se enfrentarán a nuevas infracciones y sanciones que irán desde los 200 hasta los 30.000 euros, en función del precio del transporte, «el beneficio ilícitamente obtenido, la reiteración de la conducta y la diferencia de tamaño entre el contratista y el contratado», explican desde el departamento dirigido por Raquel Sánchez.
El Gobierno llevará a cabo un control de estas medidas –el transportista tiene que demostrar una serie de costes– y tiene previsto elaborar un código de buenas prácticas para reducir intermediarios en el sector. Asimismo, el Ejecutivo deja abierta la puerta a realizar controles de contratos al azar.
Además de ello, el Gobierno ofrecerá un nuevo paquete de ayudas directas por valor de 450 millones de euros al sector del transporte. El desglose de las ayudas directas se reparte entre diferentes tipos de vehículos profesionales: 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero. Además, estas ayudas son extensibles también para los autobuses urbanos.
Los transportistas aseguran no conocer el contenido de la reforma y piden una mayor bonificación del gasóleo
Colas en los aeropuertos
El nuevo paquete de ayudas, sin embargo, ha sido recibido con frialdad por el colectivo. Sobre todo, porque los transportistas creen que la prohibición de los trabajos a pérdidas se aplicará en casos muy limitados. Y el colectivo echa de menos otras ayudas, como una bonificación del gasóleo profesional de 40 céntimos en lugar de los 20 actuales. Desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) aseguraban ayer no conocer el contenido de la reforma.
Transportes considera que con la nueva reforma «ya se puede repercutir el precio del gasóleo a los trabajos» y descartan rebajas fiscales en el combustible. «Si se hace algo será a nivel europeo. La fiscalidad en España ya es de las más bajas del continente», explican estas mismas fuentes. Eso sí, el Gobierno tiende la mano al sector y asegura que el texto es «un punto de partida» y se puede «modificar». Además, asegura que algunas empresas del CNTC habían reclamado más medidas y, otras, menos regulación.
En el ámbito del transporte aéreo, el Consejo de Ministros aprobó también ayer que Aena realice una serie de inversiones en instalaciones de equipamiento tecnológico para apoyar la implantación del registro biométrico de pasajeros «entry/exit system». Un registro que, en principio, se instalará en los aeropuertos en noviembre y que puede generar aún más colapsos en los controles de pasajeros extracomunitarios. En total, Aena invertirá unos 150 millones en nuevo equipamiento y otros 10 millones en personal de apoyo. Todo ello para evitar aún más aglomeraciones en los aeropuertos, que este verano ya se han visto afectados por la falta de policías en los controles de pasaportes.