Una tramitación bajo la sombra de la sospecha
La Moncloa maniobró para reducir al mínimo las críticas a su proyecto
La reforma de la ley de Seguridad Nacional ha recibido gran cantidad de críticas desde que se hizo público su borrador, fundamentalmente por los elevados poderes que confiere al Gobierno ante una situación de crisis. El Consejo de Estado ha advertido al Gobierno de que el texto pone en riesgo el respeto al principio de indemnidad recogido en la Constitución, y le ha pedido, sin éxito, que lo modifique para que todas las prestaciones que puedan imponerse al sector privado conlleven compensación.
Pero también la tramitación del anteproyecto ha sido cuestionada por el órgano consultivo, ya que La Moncloa maniobró para intentar reducir al mínimo las críticas públicas poniendo en riesgo «las garantías procedimentales». Y es que el Gobierno declaró que el anteproyecto tenía carácter urgente en plenas fiestas de Navidad, no lo sometió a consulta pública previa y redujo a siete días hábiles, en fechas festivas, el trámite de audiencia pública.
Múltiples trampeos
Además, Presidencia dedicó solo una reunión a consultar la reforma con las autonomías y no incluyó el acta de la cita en el expediente del proyecto, pese a ser obligatorio hacerlo para que todos los órganos que deban emitir dictamen la conozcan. El Consejo de Estado denunció que tuvo que informar sobre la reforma sin conocer la posición de las comunidades ni las cerca de 4.000 alegaciones formuladas en su contra. Se da la circunstancia de que tanto las autonomías gobernadas por el PP como el grueso de las quejas de los ciudadanos se centraban en la posible inconstitucionalidad del polémico artículo 28, el que permitirá al Gobierno imponer servicios forzosos sin indemnización.
El órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega también se quejó del escaso tiempo que le concedió el ministro de Presidencia y responsable del proyecto, Félix Bolaños para emitir su dictamen. Tan solo seis días pese a lo delicado de la materia en cuestión, y después de que el anteproyecto hubiera estado varado durante los seis meses anteriores. El plazo habitual para que el Consejo de Estado emita dictamen es de dos meses, y de quince días en caso de urgencia.
El coste, sin cuantificar
Las prisas que el Gobierno impuso al Consejo de Estado y a la participación pública no fueron aplicadas al Gobierno. Bolaños concedió a los ministerios catorce días para informar (más del doble de tiempo que al órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega), a pesar de que ello vulneraba la ley del Gobierno.
Esta norma establece que los órganos autónomos como el Consejo de Estado deben tener mayor plazo para informar que los ministerios. «La declaración de urgencia no hace desaparecer esta distinción», cargó el órgano. «Para que el dictamen tenga el crédito que merece debe emitirse en condiciones que le permitan ejercer debidamente su función de velar por la observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico», advirtió.
Otro punto polémico de la reforma es que Presidencia no cuantificó su coste total, sino solo la inversión en las nuevas salas de crisis para la comunicación con La Moncloa. El Gobierno argumentó que las medidas se ejecutarán con los recursos disponibles y que debe esperarse al desarrollo reglamentario para calcular su coste total.