Inhabilitan 9 años a la exalcaldesa de Manilva por colocar a 749 personas
Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva por Izquierda Unida entre 2007 y 2013, ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La regidora es culpable, según los magistrados de la Audiencia de Málaga, de haber realizado 749 contrataciones a dedo y sin procedimiento legal para cubrir diversos puestos en el Consistorio. Es la primera condena en una supuesta trama de corrupción que esta separada en tres piezas diferentes.
En esta ocasión se ha juzgado cómo Muñoz usaba dos entidades para colocar a este personal sin procedimientos de selección. Una era la Fundación de Manilva para el Desarrollo y la otra la Sociedad Deportiva Manilva. Las dos sociedades municipales, de apariencia independiente, carecían de fondos propios, sede y personal diferente al del Ayuntamiento.
Red clientelar
Estas entidades eran parte del Consistorio. Se trataba de dos entes para hacer contrataciones de personal. La sentencia explica que el sello que se usaba en las contrataciones era el mismo que el municipal y que el teléfono de contacto de la sociedad deportiva era el del propio Ayuntamiento.
Así, Muñoz contrataba al personal del Consistorio eligiendo «de forma personalista» a los empleados. La Audiencia de Málaga explica que esta forma de selección y contratación de la plantilla municipal se hizo habitual. Según la propia Fiscalía, la regidora perseguía el objetivo de montar toda una «red clientelar» que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos momentos en Manilva, que era Izquierda Unida.
La Audiencia Provincial también ha condenado a Aitor Menoyo, quien fue contratado en 2008 como asesor jurídico del Ayuntamiento, siendo este acuerdo realizado sin que tuviera que pasar ningún proceso de selección o atendiera a los principios de igualdad, mérito o capacidad. Los magistrados consideran que, al ser abogado, tenía formación para conocer que su forma de contratación era ilegal. De ahí que entiendan que debe responder como autor de un delito de prevaricación por el que se le condena a 21 meses de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público.