Economía reserva ya más de 6.000 millones para cubrirse ante los posibles impagos en las líneas del ICO
► El Gobierno asume el criterio del Tribunal de Cuentas y eleva la cuantía provisionada para afrontar fallidos
El Gobierno le ha empezado a ver las orejas al lobo de la morosidad en las líneas de crédito impulsadas durante la pandemia con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, por tanto, con la garantía de última instancia de las arcas del Estado.
El instrumento que sirvió para mantener con financiación asistida a buena parte del tejido productivo durante el cerrojazo forzado por el Covid y que movilizó, según la última estimación oficial del ICO, más de 140.000 millones de financiación bancaria, gracias a los 107.000 millones en avales comprometidos por el instituto público de crédito, tiene también un reverso oscuro: el riesgo de haber dado cobertura financiera a empresas condenadas a desaparecer.
El Gobierno dotó en principio 4.260 millones de euros en 2020 para cubrirse ante la eventualidad de que parte de los 90.000 millones de euros comprometidos en forma de avales con la banca pudieran no recuperarse. La cuantía no le pareció suficiente al Tribunal de Cuentas, que en su informe sobre la cuenta del Estado de 2020 afeó al Ejecutivo el haberse decantado por el «escenario más favorable de valoración de las potenciales pérdidas» a la hora de provisionar el deterioro de las líneas ICO.
Blindaje ante la morosidad
El Tribunal de Cuentas estimó que al menos haría falta reservar 1.000 millones de euros más para que el Estado tuviera una cobertura razonable frente a las potenciales pérdidas por los probables fallidos en los créditos concedidos durante la pandemia.
El Gobierno parece haber tomado nota. Según la información proporcionada en la Cuenta General del Estado de 2021, que el Ministerio de Hacienda acaba de hacer pública, el Estado amplió durante el año pasado hasta los 6.000 millones de euros la reserva de fondos para hacer frente a los impagos de créditos avalados por el ICO.
Parte de esa ampliación tiene que ver con que durante 2021 se concedieron nuevos créditos asociados a esas líneas del ICO y que estos activaron avales por valor de más de 15.000 millones de euros. Pero la cuantía de la provisión dotada por el Estado se ha incrementado comparativamente más que los avales comprometidos, lo que parece indicar que el Gobierno ha decidido atender a las apelaciones a la cautela realizadas desde el Tribunal de Cuentas.
La provisión inicial calculada por el Gobierno se basaba en un informe de análisis sectorial del Banco de España que estimaba una tasa de mora del 10% sobre el volumen total de la financiación concedida y una tasa de impago del 60% sobre la morosidad total. El Tribunal de Cuentas observó que ese cálculo no está suficientemente fundamentado, no se sostiene en un análisis que señale esa metodología como la más afinada y «está rodeada de una gran incertidumbre debido, entre otros factores, a la propia naturaleza y persistencia de la crisis generada por el Covid, a la existencia de largos períodos de carencia en los créditos avalados y al reducido período de tiempo transcurrido desde su concesión».
Los datos del Banco de España, que observaban ya a finales de 2021 una tasa de morosidad del 3,5% en los créditos ICO pese a los periodos de carencia y las facilidades dispuestas para su devolución, no hacen otra cosa que avalar esa percepción.
La batalla jurídica
De momento, el relato oficial habla de normalidad. El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, señaló en unas jornadas recientes organizadas por la asociación de autónomos ATA que desde el pasado mes noviembre dos de cada tres empresas que podrían haber solicitado una extensión en el plazo de devolución del crédito no lo hizo «ya que las perspectivas de crecimiento les hacen estimar que podrán atender con normalidad el pago de sus cuotas».
Bajo esta premisa, el máximo responsable del banco público manifestó su confianza en que la tasa de morosidad de los créditos ICO discurra en niveles similares a los que el Banco de España está estimando para el conjunto del sector financiero.
En caso de que no fuera así, el ICO se prepara para reducir al máximo la factura para el Estado de esos posibles impagos. Según avanzó José Carlos García de Quevedo el instituto pondrá en marcha todos los resortes legales para exigir la reparación de esta deuda por parte de la compañía. En este sentido, recordó que en caso de no existir liquidez financiera se puede enjugar la deuda con otros elementos patrimoniales de la sociedad. Al cierre de 2021, el Estado tenía certificados fallidos por valor de 30 millones, de los cuales apenas había pagado 985.000 euros a los bancos.