Castilla y León critica la falta de partipación en el plan contra incendios

▶ Muestra su «sorpresa» ante un real decreto que prevé menos financiación para la restauración

«Todo lo que sea mejorar» y buscar respuestas ante un «problema creciente global» es bienvenido. Ahora bien, la «participación» se ha echado en falta. Así valoran desde la Junta de Castilla y León las medidas urgentes en materia de incendios forestales acordadas por el Gobierno ante las devastadoras consecuencias de los fuegos que han arrasado este verano más de 200.000 hectáreas. Desde esta comunidad autonóma, la más afectada por las llamas en este 2022, lamentan que aunque «la idea nos parece correcta, las prisas de trasladarlo a un decreto ley sin consulta alguna a los que vamos a tenerlo que ejecutar no nos parece lo más correcto» y menos cuando en algunos supuestos se han encontrado con la «sorpresa» de un recorte de la financiación.

Desde Castilla y León comparten, así, el fondo del real decreto publicado ayer en el BOE y que recoge una «respuesta» ante la «situación de emergencia que compromete gravemente la seguridad de las personas, las infraestructuras y el medio ambiente» e insta a dar forma a un instrumento nuevo, «de mayor alcance que los planes de defensa hasta ahora previstos solo para las zonas y las épocas de alto riesgo». El problema son las formas, con un marco legal que no se ha negociado y que da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego a lo establecido.

En concreto, se actualiza el contenido básico de los planes que las autonomías deberán presentar cada año y que tendrán que aplicar de manera «ininterrumpida los doce meses» en lugar de un planteamiento estacionalizado como el actual –el Ministerio se compromete también a mantener activos sus medios sin plazos–. Además, se modifica el contenido mínimo de los mismos para establecer «la dotación, los medios materiales y los equipamientos de los que deberán disponer los trabajadores que participen en labores de prevención y extinción del fuego» y se fija un catálogo de prohibiciones a fijar cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo. Se trata de «directrices generales» que desde la Junta esperan que sean «concretadas» a corto plazo en una reunión técnica. «Queda todo un poco en el aire». «No somos capaces de descifrarlo», explicó a ABC el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Tal vez en esa reunión se detalle también si estas medidas implicarán algún incremento presupuestario, como el que, «sorprendidos», han comprobado en Castilla y León que deberán asumir tras leer el real decreto en lo que respecta al mantenimiento y restauración de los terrenos afectados por los incendios.

Límites

Hasta ahora las regiones presentaban sus planes y el Gobierno les asignaba un presupuesto para actuaciones que el nuevo marco se le ponen «coto». Por ejemplo, eleva el mínimo de hectáreas afectadas en terrenos no protegido o arbolados hasta las 10.000 – algo «absolutamente extraordinario»– , frente a las 500 actuales, y marca una cofinanciación al cincuenta por ciento, cuando actualmente se abona «más» con medios del ministerio.

Por último, Castilla y León valora el refuerzo de la coordinación institucional con la que ya se «trabaja desde hace años», que contempla la implantación de un sistema de emergencias, un nuevo protocolo y la homogeneización de símbolos y señales.