Génova matiza a Ayuso y advierte de que las comunidades actuarán con «sentido común» ante el decreto
▶ El PP exige diálogo a Sánchez para aprobar las medidas de ahorro energético y rechaza su «imposición» ▶ Las regiones que gobiernan los populares analizan la posible invasión de competencias del Ejecutivo
El decreto-ley con medidas de ahorro energético, aprobado por el Consejo de Ministros el lunes pasado, está poniendo a prueba el nuevo modelo territorial del Partido Popular. Con Alberto Núñez Feijóo al frente, Génova da libertad a las comunidades autónomas para que tengan discurso propio, dentro de una estrategia común. Ahí se incluye el pacto no escrito entre Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para respetarse y no pisarse el uno al otro, al menos de forma pública. Pero las tensiones existen y el último ejemplo ha sido la reacción de Ayuso ante el decreto-ley del Gobierno.
«Madrid no se apaga», respondió la presidenta de la Comunidad de Madrid, ante la decisión del Ejecutivo de obligar a poner fin al alumbrado de los escaparates a las 22.00 horas, una medida que se extenderá a los edificios públicos. Solo unos días antes, Feijóo había propuesto un plan de ahorro energético, «es imprescindible», que incluía pactar con los municipios reducir el alumbrado eléctrico nocturno y poner límites al aire acondicionado y la calefacción. «Debemos bajar el consumo energético innecesario, para prepararnos ante cortes o restricciones de energía», advirtió el líder del PP apenas diez días atrás. El contraste de pareceres quedó a la vista de todo el mundo. El Ayuntamiento de Madrid entró ayer en el debate y subrayó que «las leyes que se dictan son de aplicación», aunque el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno le parezca un decreto «frívolo» y adolece de falta de «diálogo».
Otras comunidades del PP criticaron esa falta de diálogo, pero no cuestionaron la obligación de cumplir las medidas aprobadas. En todo caso, desde la Comunidad de Madrid se rectificó ayer en parte. Así, el vicepresidente autonómico, Enrique Ossorio, aseguró que las medidas de ahorro energético ajenas a las competencias propias del Ejecutivo autonómico «sí se aplicarán», según informa Ep. Ossorio insistió en que el decreto-ley consta de 84 páginas y aún tienen que analizarlo. Insistió en que las medidas que dependan de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid son las que «no se aplicarán». Por eso, ante una posible invasión competencial, Madrid estudiará recurrir puntos concretos ante el Tribunal Constitucional.
«Desesperación»
Desde la dirección nacional del PP se ha evitado desautorizar en todo momento a Ayuso, por su posición ante este decreto, que choca con la defendida por Feijóo. En una primera reacción, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, se mostró comprensivo con el rechazo de la presidenta autonómica madrileña, ante la «desesperación» que sufren las comunidades y los municipios por las medidas ineficaces del Gobierno.
Desde Génova se matizó ayer la postura y se quiso dejar claro que el PP es un partido de Estado y se comporta como tal, y las comunidades autónomas actuarán con «sentido común» a la hora de aplicar las medidas contenidas en el decreto-ley. Desde la dirección nacional no se concibe una rebelión dentro del partido para no cumplir la ley.
En Génova se respeta ese pacto no escrito entre Feijóo y Ayuso, para que cada cual respete la posición del otro, y va a ser muy complicado, por no decir imposible, que desde la dirección nacional salga un reproche público a la presidenta regional madrileña, por muy incómoda que sea la situación.
Los dirigentes del PP prefieren poner el foco en el Gobierno de Sánchez. El coordinador general confirmó ayer que no se ha producido un solo contacto del Ejecutivo con el principal partido de la oposición para consensuar unas medidas que luego deberán aplicar las comunidades y los ayuntamientos.
La dirección nacional entiende el «enfado» de Ayuso, pero tiende la mano al Gobierno para ir juntos ante un otoño complicado
Los populares defienden dentro de su plan extender la vida útil de las cinco centrales nucleares que hay en España
Sin comunicación
La comunicación entre Sánchez y Feijóo es inexistente, pero además no hay una línea abierta entre el Gobierno y el Grupo parlamentario Popular para tratar de buscar puntos de encuentro antes de aprobar cualquier decreto y las medidas. El contacto, de producirse, llega después, cuando el decretoley ya ha entrado en vigor.
El PP se reserva por ahora la decisión sobre su voto en el debate de la convalidación de este decreto, que deberá llegar al Pleno del Congreso antes de 30 días desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Después de escuchar a Feijóo diez días antes, parece
difícil que los populares puedan votar en contra, pero jugarán sus cartas y tratarán al menos de apuntarse algún tanto. Algo bastante difícil, cuando el PSOE y el Gobierno no cuentan con ese partido para nada, salvo que necesiten de forma imperiosa sus votos.
Por parte del PP, Bendodo insistió ayer en que su partido no acepta «imposiciones», y exigió al Gobierno diálogo con la oposición para poder convalidar este decreto-ley. Fuentes de Génova dejaron claro que entienden el enfado y el malestar de Ayuso, pero su intención es tender la mano al Ejecutivo, y que este la acepte, porque la situación puede ser muy complicada para todos los españoles a partir de otoño, y ven necesario que los dos grandes partidos vayan juntos en este contexto.
«Vamos a ver, hay que ser serios. Estamos en una situación compleja, complicada, no solo en España sino en toda Europa, con una crisis energética emergente que está complicando la situación actual y la situación de los próximos meses», explicó el coordinador general sobre el sentido del voto del PP. Y defendió las medidas que plantea Feijóo, como «extender la vida útil de las cinco centrales nucleares que hay en España, que producen el 20 por ciento de la energía eléctrica del país».