Las pensiones suben el doble que los sueldos en 2022 por la inflación
∑Los jubilados experimentan subidas del 5,5% mientras que los salarios en España se incrementan en un 2,45% ∑Los pensionistas perciben rentas del Estado un 25,5% de media más altas que los trabajadores en salario mínimo
Los pensionistas serán sin duda el colectivo que mejor podrá sobrellevar la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento que conlleva la espiral inflacionista en la que se encuentra España, y que alcanza ya incrementos de precios del 10,8% (IPC del mes de julio). Concretamente, mientras que las pagas de jubilación registraron en el séptimo mes del año un avance del 5,48%, azuzadas por la revalorización ligada al IPC, los incrementos salariales pactados en convenio apenas alcanzan el 2,45% de media hasta junio – último dato oficial publicado por el Ministerio de Trabajo –. Es decir, las rentas de los jubilados se han revalorizado el doble que la de los trabajadores en lo que va de año.
De este modo, la subida de las pensiones aplicada a inicios de año, del 2,5%, ha logrado apuntalar una pensión media de jubilación que asciende ya hasta los 1.255 euros. Es decir, estos jubilados obtienen rentas por parte del Estado hasta un 25,5% superiores a los casi dos millones de trabajadores en España que perciben el salario mínimo interprofesional, ahora en 1.000 euros al mes.
En este punto, y ante las previsiones de que el IPC podría quedar a cierre del ejercicio por encima del 8%, la factura para la revalorización de 2023 rebasaría los 15.000 millones de euros, solo en concepto de subida. A ello habría que sumar el efecto de la reposición de las pensiones: los nuevos jubilados entran al sistema con prestaciones notablemente superiores a los que salen. Sin ir más lejos, la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Seguridad Social señala que los nuevos pensionistas que acceden a la jubilación procedentes del régimen general obtienen pensiones de 1.450,9 euro de media.
Sin embargo, el Gobierno parece destinado a buscar el ingreso extra para poder abordar la senda de incremento de las pensiones. Sin ir más lejos, en el último Consejo de Ministros de julio el Ejecutivo comunicó que los próximos Presupuestos Generales elevarían el techo de gasto hasta los 198.221 millones de euros, un 1,1% más. En esta previsión ya se incluyen 20.000 millones de euros de transferencias que irán a parar a la Seguridad Social para poder hacer frente a sus compromisos económicos.
Es más, recientemente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó que el próximo año las pensiones se revalorizarán con el IPC «en cualquier escenario». Es decir, independientemente de cuál sea el IPC medio de los doce meses precedentes hasta noviembre, las pagas registrarán la mayor subida en un año de la historia impulsadas por la inflación. Nunca antes las prestaciones se revalorizaron más del 2,5%.
Así, aunque las declaraciones del ministro Escrivá se apoyan en un importante avance de la recaudación de cotizaciones de la Seguridad Social, también asumen la necesidad imperiosa e insoslayable de disponer de recursos extraordinarios para hacer frente a todos los pagos anuales. Más aún tras el incremento de gasto que ha experimentado el organismo desde el inicio de la pandemia, que ha llegado a incorporar gasto estructural por valor de 3.000 millones de euros, los previstos para el despliegue anual del ingreso mínimo vital.
En este sentido, el propio Ejecutivo ha trasladado en sus compromisos remitidos a Bruselas sobre la reforma de pensiones que uno de los componentes, el de la separación y clarificación de fuentes de financiación, que será necesario transferir hasta 23.000 millones de euros del Presupuesto a las cuentas de la Seguridad Social para poder cubrir el pago de los denominados gastos impropios. Es decir, todo el gasto no contributivo del sistema. Eso sí, este gasto que es cubierto con la inyección de dinero procedente de impuestos sí que computará como parte del déficit general del Estado, que para este año se prevé del 5% del PIB, es decir, algo más de 50.000 millones de euros.
Pérdida de poder de compra
Con todo, la situación de las pensiones no es ni de lejos tan grave como la que están experimentando los sueldos de los trabajadores en términos
de pérdida de poder adquisitivo. Por lo pronto, frente a ese incremento de la cuantía de la pensión media que asciende al 5,45% los sueldos pactados en convenio registran hasta junio un alza del 2,45%, es decir, 2,2 veces menos.
Asumiendo estos parámetros hasta el cierre del año y el consenso de los analistas macroeconómicos, que en el panel de Funcas apuntan a un IPC medio del 7,9% para 2022, los pensionistas aun con la revalorización de sus pagas perderían 2,45 puntos porcentuales de poder de compra en el conjunto del año. Por su parte, los más de seis millones de trabajadores afectados por los convenios colectivos perderían hasta 5,45 puntos porcentuales de poder adquisitivo.
Según la OCDE, esta circunstancia hará que España sea uno de los países del club de los más desarrollados que sufra mayor pérdida de renta desponible, que ya fue del 4,1% en el primer trimestre del año.