LAS SENTENCIAS SE CUMPLEN... Y PUNTO
Desde una perspectiva constitucional y política, los afanes de Sánchez por asegurar el cumplimiento de la ley estarían mejor orientados a Aragonès que a Ayuso
LA Sala Tercera del Tribunal Supremo realmente no ha tenido que entrar en el fondo de los recursos presentados por la Generalitat catalana en defensa de los planes de inmersión lingüística de dos colegios. Los magistrados del Alto Tribunal se han limitado a inadmitir los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que habían anulado esos planes escolares que vulneraban la condición vehicular del castellano. No es poca cosa que el Supremo inadmita dos recursos tan relevantes para la Generalitat, pero lo que realmente importa es que hay una doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Supremo y el TSJC a favor de la enseñanza en castellano en los colegios catalanes. No se trata de una recomendación a disposición de las autoridades catalanas, ni de una doctrina configurada con sentencias interpretativas, siempre tan arriesgadas como ineficaces. La jurisprudencia sobre el castellano es vinculante y de obligado cumplimiento para el Govern, de manera que los llamamientos de sus responsables a la insumisión para no cumplir sentencias firmes de los tribunales es constitutiva de delito perseguible de oficio por el Ministerio Fiscal o a instancia de los propios jueces o por denuncia de la Abogacía del Estado. Y, por supuesto, por querella de cualquier particular.
Es importante ahora tener en cuenta otra doctrina: la que han expuesto al unísono Pedro Sánchez y Patxi López. Ambos recordaron a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con su decreto de ahorro energético que «las leyes se cumplen». López añadió la sesuda apostilla «y punto». Pues bien, toca a ambos portavoces del Estado de derecho y del imperio de la Ley que se dirijan con igual firmeza y claridad al presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, para que cumpla los mandatos declarados por los tribunales en sus sentencias firmes sobre la enseñanza en castellano en los colegios de Cataluña. Por si Sánchez y López no lo saben, el cumplimiento de las sentencias firmes es obligatorio para todos los ciudadanos y las instituciones públicas. Es una obligación que está en dos de esas leyes que se cumplen «y punto». En concreto, en el artículo 118 de la Constitución y en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde una perspectiva constitucional y política, los afanes de Sánchez por asegurar el cumplimiento de la ley estarían mejor orientados al Ejecutivo catalán, ahorrándose tanta amenaza e inquina como la que destilan contra el madrileño. La política lingüística del Govern es, lisa y llanamente, ilegal e inconstitucional, promueve la discriminación entre catalanes, aviva el enfrentamiento cívico y alimenta futuros episodios de sedición separatista mediante el adoctrinamiento de nuevas generaciones. Todo esto que está sucediendo ya se ha vivido y es una fuente segura de inestabilidad social y política.
La doble vara de medir que tiene el Gobierno de Sánchez, riendo las gracietas del nacionalismo catalán y respondiendo con la estaca a Madrid, es uno de los síntomas de la descomposición ideológica del socialismo, convertido en vivero de desigualdades. La imposición del catalán está llamada a fracasar, pero haciendo mucho daño, porque sus diseñadores tienen miedo a las calles y las casas, donde no pueden controlar a los niños y jóvenes cuando hablan, leen, ven películas o juegan con sus móviles. Por eso, esa imposición lingüística es un plan totalitario de restricción y anulación de libertades. Está tardando López en poner firmes a sus socios separatistas.