El oro (¿gas?) de Moscú
En 2016, una eurodiputada preguntó si Bruselas sabía algo de las campañas ‘antifracking’ financiadas por Putin
En junio de 2016, la entonces eurodiputada de Ciudadanos Teresa Giménez Barbat, planteó en el Parlamento Europeo una cuestión que hoy adquiere un relieve extraordinario. La pregunta hacia referencia a dos informaciones –una de ‘Forbes’ de marzo de 2015 y otra de ‘Financial Times’ de junio de 2014– que indicaban que Rusia estaba financiando los movimientos ‘antifracking’ en EE.UU. y en Europa.
Giménez preguntaba: «Habida cuenta de la dependencia energética de Europa, en particular del petróleo y el gas natural, cuyos suministros proceden principalmente de Rusia, y del hecho de que la seguridad energética de Europa se ve amenazada por el descrédito público injustificado de fuentes de energía potencialmente eficientes y seguras: ¿Es consciente la Comisión de que Rusia sigue financiando movimientos contra el ‘fracking’ en Europa? ¿Tiene preparado la Comisión un plan a través del cual responder a las percepciones públicas distorsionadas de este tipo de fuentes de energía?».
El comisario Miguel Arias Cañete respondió en nombre de la Comisión Europea y señaló que conocían las noticias, pero no tenía pruebas de las acusaciones, y que «la decisión de permitir o no el ‘fracking’ es una cuestión de cada Estado miembro de la UE».
El veto de la izquierda española a determinadas tecnologías como la energía nuclear o el ‘fracking’ es bien conocido. Llevan años en campaña contra ellos. En 2021, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, prohibió la fracturación hidráulica como forma de extraer gas o petróleo en España. La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se felicitaba en noviembre de 2019 de que la fracturación hidráulica fuera «cosa del pasado». En abril, ya en plena crisis energética, descartaba cambiar la ley y levantar la prohibición al ‘fracking’.
La extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica es lo que le ha brindado independencia energética a EE.UU. desde 2013. Hay explotaciones autorizadas en más de 30 estados y es particularmente común en Dakota del Norte, Pennsylvania, Colorado y Texas. En mayo, ante su junta de accionistas, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ponía el dedo en la llaga y se preguntaba «si tiene sentido utilizar gas importado de Estados Unidos, abundante gracias al ‘fracking’, mientras se prohíbe esta técnica en el continente europeo».
Un buen número de países europeos han prohibido el ‘fracking’ en su territorio, argumentando el elevado consumo de agua y los microseísmos que pueden producir. Esa es la razón citada por el Reino Unido. Francia también lo ha prohibido, cuestión que resulta lógica en un país que ha apostado por la energía nuclear. Sin embargo, la pregunta que planteó Giménez Barbat sigue siendo válida: ¿Hasta dónde el dinero ruso predispuso a la opinión pública europea contra el ‘fracking’?