Cultivos eléctricos
«La evaluación ambiental como la piedra angular de la protección ambiental, siempre al servicio de la sociedad, ya que no se entendería que la ineludible transformación del modelo energético español no favorezca la equidad social, la sostenibilidad, la distribución de rentas entre territorios y en la medida de lo posible el consenso social y político»
EL precio de la energía constituye un verdadero problema social, los expertos indican que son numerosas las causas que han generado la actual espiral inflacionista, entre ellos: la agresión de Rusia a Ucrania, el cierre de yacimientos en explotación, los cambios de modelos productivos y de transporte, las nuevas y más exigentes regulaciones ambientales, etc. Todo ello obliga a realizar una profunda reflexión sobre la necesidad de generar nuevas fuentes de energía que sean estables, sostenibles, asequibles y que aseguren, en la medida de posible, la independencia energética de España.
Asumiendo que no hay una solución única y que la diversificación energética es uno de los puntos clave hacia un nuevo modelo energético, parece que ha llegado el momento de desarrollar nuevas fuentes y sistemas de producción incluyendo el desarrollo masivo de la producción fotovoltaica, el desarrollo de energía geotérmica de alta, media y baja temperatura, la instalación de energía eólica en la plataforma costera. En Europa se están poniendo en marcha nuevas centrales nucleares, así como desarrollando nuevas plantas de baterías que permitan acumulación energética, el uso del hidrogeno como vector energético y algunas otras. Este panorama inédito obliga a la redefinición de la actual política energética.
En el último Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, organizado por la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el tema que suscitó mayor interés fue el derivado de la evaluación ambiental de los nuevos programas y proyectos energéticos que se configuran como uno de los principales retos a los que se tiene que enfrentar la sociedad española en su futuro inmediato. El Ministerio ha propuesto que las nuevas plantas se ubiquen en zonas que no se encuentren ambientalmente protegidas y a una distancia prudente de las actuales líneas de evacuación de energía. Estos criterios van a favorecer las protección de áreas de vocación forestal o con un elevado valor ambiental y minimizar la creación de nuevas líneas de transporte eléctricas.
Algunas estimaciones indican que se habrán de someter a diferentes procesos de evaluación ambiental las nuevas instalaciones fotovoltaicas cuya envergadura se estima entre 60-100 GW, una cifra asombrosa que puede suponer la mayor transformación del uso de suelos agrícolas de este inicio de siglo en España. Hasta 200.000 Ha de suelo agrícola, lo que representa cerca del 2 por ciento del total de suelo arable, cambiarán de uso.
En este contexto, la evaluación ambiental, entendida como los procedimientos que valoran de manera preventiva la instalación de nuevos planes, programas o proyectos en un territorio, se revela clave para asegurar que estas transformaciones de uso de suelo sean ambiental y socialmente compatibles. Se trata de procedimientos que suelen ser largos y farragosos, intervienen muchos actores y pueden suponer unos costos significativos en el desarrollo de las actividades, pero están perfectamente regulados y es la autoridad ambiental la única que puede asegurar la compatibilidad de las nuevas instalaciones. En la actualidad, no sería asumible por la sociedad la aparición de problemas ambientalmente no deseables por la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción de energía.
En las referidas jornadas, además de la discusión y análisis de los tradicionales impactos ambientales en el territorio: efectos sobre los suelos, la vegetación, la biodiversidad, etc., también se trataron los impactos sociales que conllevará este nuevo cambio de paradigma. La intervención del presidente de la Junta de Extremadura fue relevante, ya que indicó que el objetivo de Extremadura es convertirse en un actor principal en el proceso de instalación de nuevas plantas fotovoltaicas, aspirando a ser capaz de establecer en torno al 23 por ciento de este tipo de energía en España.
El debate sobre cómo esas inversiones millonarias se van a reflejar en áreas con un bajo nivel de desarrollo industrial como Extremadura no es un tema menor y será objeto de futuros análisis por economistas y planificadores territoriales. Es claro que durante la fase de construcción de las nuevas instalaciones, se generará un alto nivel de empleo, que decaerá rápidamente dando paso a un empleo menor pero especializado en el mantenimiento de estas nuevas plantas solares. También se apunta como un impacto social positivo y significativo el aumento de renta asociado al alquiler o venta de los terrenos que supondrá una inyección económica en amplias áreas agrícolas de todas las comunidades autónomas. Todas estas inversiones se deberán hacer de manera ambientalmente sostenible, asegurando que el impacto ambiental sea compatible con la conservación de nuestros bienes y servicios ambientales para las generaciones futuras. Es aquí donde las herramientas de Evaluación Ambiental resultan claves; debe ser obligatorio asegurar la calidad y la transparencia de los procesos de evaluación, así como fomentar de manera decidida la participación pública con el fin de identificar aquellos aspectos que son de especial interés para todas las partes interesadas.
Como aspecto negativo destaca la ausencia casi total de una planificación sectorial, lo que refleja una falta de cultura de planificación si nos comparamos con países de nuestro entorno. Desafortunadamente, se pusieron en evidencia problemas derivados de la falta de planificación de líneas de evacuación y/o la compatibilidad del territorio; aun así, la discusión fue constructiva aportando todos su visión para asegurar la compatibilidad ambiental desde diferentes perspectivas. Promotores, consultores, autoridades sustantivas y ambientales mostraron su compromiso inequívoco para asumir estos retos de la mejor manera posible.
Es muy llamativo que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania introduzca nuevos elementos que sin duda generan una gran incertidumbre en relación con los actuales procedimientos de evaluación ambiental. Aunque es prematuro identificar todos los problemas derivados de las modificaciones propuestas, es urgente asegurar que la protección del medio ambiente sea considerada como uno de los elementos clave en los procesos de toma de decisiones. Y es en este contexto, donde se debe considerar a la evaluación ambiental como la piedra angular de la protección ambiental, siempre al servicio de la sociedad, ya que no se entendería que la ineludible transformación del modelo energético español no favorezca la equidad social, la sostenibilidad, la distribución de rentas entre territorios y en la medida de lo posible el consenso social y político.