El PNV necesita aliviar la situación de los etarras para contener a Bildu
Quiere rentabilizar la concesión de terceros grados, que exigen los familiares
El nerviosismo se ha instalado en el PNV. Por primera vez en Democracia su primacía en el mundo nacionalista-independentista está en entredicho. Bildu está más cerca que nunca de sobrepasarle e incluso aunque eso no llegue a producirse en las urnas ve cada vez con más preocupación la posibilidad de perder el Gobierno vasco a manos de los de Arnaldo Otegi, que no dudarían en pactar con el PSOE de Pedro Sánchez a cambio de que éste pudiera seguir en el Palacio de la Moncloa. Eso sí, como adelantó ABC en enero pasado hay una condición que ponen los herederos de Batasuna: la salida a la calle de todos –o la mayoría– de los presos de ETA antes del comienzo de la próxima legislatura, una cuestión que para los actuales líderes del secesionismo es imprescindible si quieren cortar los conatos de rebelión que hay en sus filas por el asunto de los terroristas encarcelados.
En este escenario, que se dibuja desde tiempo atrás, el PNV sabía que tenía que jugar un papel importante en lo relativo a los presos de ETA y que para eso debía asumir la competencia de prisiones cuanto antes. Por ello presionó al Gobierno de Sánchez para que le cediera los centros penitenciarios con urgencia, a pesar de que, como se ha demostrado en estos meses de su gestión, ni estaba preparado para ello ni le importaba demasiado el asunto; salvo, por supuesto, para tener el control sobre el colectivo de terroristas presos en cárceles de la comunidad, cada vez, por cierto, más numeroso.
En concreto, son ya más del 60 por ciento los etarras que dependen de las prisiones vascas (98), mientras que hay 70 fuera de ellas. De momento, porque la idea del Ministerio del Interior es continuar con el traslado hasta que todos, o una mayoría abrumadora, acaben allí. Si se tiene en cuenta a Navarra el porcentaje supera el 70 por ciento, mientras que apenas un 28 aún depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Cuando el Gobierno de Urkullu asumió la gestión de las tres prisiones vascas, el pasado 1 de octubre, solo estaban en ellas 44 etarras, de los 192 que había entonces en España. En 10 meses, estas cifras se han invertido, prácticamente.
La dependencia de los presos etarras de la administración vasca pone en manos del Gobierno de Urkullu un arma poderosa: la concesión de los terceros grados, que puede graduar en función de las circunstancias políticas. Desde enero ha dado 18, de los que dos fueron revocados por la Audiencia Nacional por no cumplir los requisitos. El Gobierno de Sánchez acumula 28 en su etapa.
Aceleración
Nadie duda de que las excarcelaciones y terceros grados se van a acelerar en los próximos dos años y que al menos medio centenar de terroristas se beneficiarán de ello. Hay más dudas de lo que pueda suceder a partir de entonces, porque los etarras que sigan en prisión entonces habrán sido juzgados con el Código Penal de 2003 que prevé cumplimientos de hasta 40 años de prisión. No obstante, algunas fuentes aseguran que en esos casos se buscarán fórmulas para que también puedan salir de prisión
Para el PNV es importante rentabilizar esta faceta de su política penitenciaria si quiere contener a Bildu. Trasladar el mensaje de que son ellos los que están consiguiendo los beneficios para los reclusos de la banda puede hacer mella en los de Otegi, que hacen bandera de este asunto. Si el colectivo de los familiares de los presos, a día de hoy aún influyente, percibe que lo más útil para sus intereses es que siga el nacionalismo en el poder, los herederos de Batasuna pueden ver frustrado en parte su empuje electoral.