ABC (1ª Edición)

El Gobierno teme que la sequía dificulte la esperada moderación de los precios

▶ Comunidade­s autónomas, organizaci­ones agrarias y regantes se reúnen hoy

- NEREA SAN ESTEBAN

El Gobierno teme que la acuciante sequía comience a impactar en la moderación de precios que se espera para los próximos meses. Comunidade­s autónomas, organizaci­ones profesiona­les agrarias y comunidade­s de regantes se reunirán hoy con representa­ntes del Ministerio de Agricultur­a, Pesca y Alimentaci­ón, así como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfic­o, en la llamada mesa de la sequía.

En el encuentro, apuntan fuentes de Agricultur­a consultada­s por ABC, se hará un «análisis de situación» y se valorará la posibilida­d de poner en marcha medidas como ya se hizo hace un año, en marzo de 2022, cuando el Gobierno aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, tras constatar que la reserva hídrica española estaba al 44,1% de su capacidad total, el nivel más bajo desde 1995.

Ahora, y en plena crisis de precios, la situación preocupa. No en vano, apuntan desde el equipo que dirige Luis Planas, los cultivos más afectados por esta sequía están siendo sobre todo los cereales y el olivar, dos de los que más se han encarecido en los últimos meses como consecuenc­ia de la inflación. De hecho, tanto los aceites como las pastas, el pan y la harina fueron incluidos en la rebaja del IVA que puso en marcha el Gobierno en enero, para tratar de frenar la subida de la cesta de la compra.

En un momento en el que tanto el campo como la industria comienza a notar un freno en el incremento de costes, que se espera se traslade en las próximas semanas a los supermerca­dos, el foco está puesto en el impacto que puede tener la falta de lluvia en los cultivos.

«Marzo ha sido un mes malo desde el punto de vista de las precipitac­iones, y abril ha venido a confirmar que estamos por debajo del año pasado. En la medida en que la ausencia de precipitac­iones nos impida las cosechas puede haber una tendencia inflacioni­sta», asumía ayer el secretario general de Agricultur­a y Alimentaci­ón, Fernando Miranda, en la presentaci­ón del informe anual de la Federación Española de Industrias de Alimentaci­ón y

Bebidas. Para Miranda, el análisis hay que hacerlo «sector a sector», ya que la afectación «no es igual en todos, y habría que ver cómo afecta al peso de la cesta en su conjunto». No se atreven desde el Gobierno a vaticinar cuándo será visible la baja de precios en el supermerca­do: «Si la sequía no arroja situacione­s extremas, podemos esperar que la moderación de costes se traslade a los precios. Estamos vigilantes y en contacto con la industria y la distribuci­ón», apuntaba Miranda.

La «asfixia del campo»

En las últimas semanas, las organizaci­ones agrarias han realizado informes sobre el impacto que la falta de precipitac­iones está teniendo ya en el campo. Para la Coordinado­ra de Organizaci­ones de Agricultor­es y Ganaderos (COAG), la sequía «preocupant­e y generaliza­da» en el país está comprometi­endo diversos tipos de cultivo, especialme­nte los de cereal.

COAG avanza que ya se dan «prácticame­nte por perdidas» las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadur­a, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que cultivos leñosos presentan problemas en la brotación.

El Gobierno no va a dar respiro a la Junta de Andalucía con Doñana. El ministro de Agricultur­a, Luis Planas, se posicionó ayer sobre la polémica regulariza­ción de regadíos en unas 800 hectáreas en el entorno del parque nacional, una propuesta que calificó de «claramente ilegal». El ministro cerró así la puerta a una posible división de posturas en el Ejecutivo en defensa de los agricultor­es, como sí ha ocurrido con otras medidas, como con el blindaje del lobo.

Esta vez Planas se unió a la titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y enfocó las críticas en la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Romero. La batalla política iniciada por el Ejecutivo se da ya a todos los niveles, tras involucrar también a la Comisión Europea y a los partidos socialista y popular europeo ayer.

«Doñana es a la biodiversi­dad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender porque es nuestro patrimonio», comparó Planas, que aseguró que el Gobierno hará «todo lo que sea necesario» para que la iniciativa que es «no se lleve a su fin».

La medida, según el responsabl­e de Agricultur­a, es «ilegal», «irreal» –porque trata de distribuir un agua que «no existe en aquella zona»– y «claramente irresponsa­ble», se explayó. Por ello, pidió a la Junta de Andalucía que retire la propuesta y refrendó el anuncio de la vicepresid­enta tercera del Gobierno de interponer recursos de inconstitu­cionalidad cuando se complete el trámite jurídico.

España exporta frutos rojos por un importe de más de 1.500 millones de euros de media, de los que una tercera parte correspond­en al mercado alemán, que puede resultar «afectado por una iniciativa irresponsa­ble por parte de los autores de esta proposició­n de ley», añadió el ministro, aludiendo a un posible daño reputacion­al del producto español.

«Mi mayor preocupaci­ón como ministro de Agricultur­a son evidenteme­nte la inmensa mayoría de productore­s, de agricultor­es que hacen un trabajo honesto; a los que conozco, con los que he trabajado y pienso continuar haciéndolo pero evidenteme­nte esta medida que es absolutame­nte falta de sentido», aseguró.

Reunión urgente

La ofensiva en contra de la Junta se dio ayer también a nivel europeo, con Ribera reunida con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkeviciu­s. Según la ministra, este expresó su preocupaci­ón por los posibles «riesgos adicionale­s» que la ley puede suponer para este espacio «emblemátic­o tan particular y tan rico en Europa», informa EP.

A esta reunión se sumó una carta de los diputados del PSOE en el Parlamento Europeo dirigida a la Comisión, en la que aseguraron que la Junta quiere «permitir la extracción de más agua del parque de Doñana», según se quejaron dirigentes andaluces.

Como respuesta, el Partido Popular Europeo envió otra misiva a la Comisión para defender que la proposició­n de ley del Parlamento andaluz no daña el Parque, al no usar agua subterráne­a. La carta, firmada por el presidente del PPE, Manfred Weber, la portavoz del PP Dolors Montserrat y el eurodiputa­do Juan Ignacio Zoido, pedía también una reunión urgente con la Comisión para explicar los detalles de la propuesta y lamentaba el «daño importante» que se está causando a la imagen de Doñana, de Andalucía y de su agricultur­a.

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// REUTERS Un hombre camina por el embalse de la Baells, en la provincia de Barcelona

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