ABC (1ª Edición)

Turno de oficio: «No se puede cobrar 180 euros por diez meses de trabajo»

► Los abogados piden reformas para que se dignifique su oficio: «No somos una ONG»

- NATI VILLANUEVA MADRID

Una «marea negra», cientos de letrados de oficio de los 83 colegios de abogados de España se dieron cita el jueves en Madrid, enfundados en sus togas, para reivindica­r, a las puertas del Congreso, mejoras en el servicio que desempeñan, entre ellas el incremento de sus honorarios, su pago efectivo o la reforma de la ley que regula su actividad, que data de 1996. Se sienten maltratado­s, asfixiados por unas administra­ciones que presumen del buen funcionami­ento del turno de oficio mientras contribuye­n a su precarieda­d con unos sueldos «indignos», especialme­nte en los territorio­s que dependen del ministerio. Asumen que su trabajo, que compaginan con sus despachos profesiona­les es «absolutame­nte vocacional» pero, a la vez trasmiten a las autoridade­s competente­s que no son una ONG y que prestan un servicio público insuficien­temente reconocido.

Tras años de maltrato los letrados de oficio han dado un golpe en la mesa y, además de sus reivindica­ciones particular­es, piden que se respete la conciliaci­ón para todo el colectivo y no ser tratados como operadores jurídicos de segunda cuando la Abogacía es un pieza más del engranaje de la justicia.

Marta López Quero, de 51 años y madre de un niño de 8, asume el sacrificio que supone una profesión que cuando estás de guardia te puede levantar de la cama a cualquier hora. «El problema es que estamos completame­nte

Dos millones de asuntos

desatendid­os», dice esta abogada de Valencia. «Por un procedimie­nto judicial en el que has estado trabajando diez meses no se puede cobrar 180 ó 200 euros. Ya con los desplazami­entos y el tiempo que inviertes has perdido dinero. Todo el trámite, declaracio­nes en comisaría, en el juzgado, preparar y asistir al juicio, reunirte con el cliente... Hasta las fotocopias las tienes que hacer tú», dice. La letrada, que lleva 22 años en el turno de oficio penal, habla también de las trabas que se ponen a todos los abogados ante cuestiones como el fallecimie­nto de un familiar, enfermedad o accidente. «Es necesario regular esa conciliaci­ón». Cuenta que una vez se rompió el tobillo y la escayolaro­n. Tenía un juicio en Santoña (Cantabria) y pidió la suspensión pero no se la concediero­n. «Tuve que viajar de Valencia a Bilbao en avión, coger un autobús y luego un taxi hasta el juzgado. Todo esto con muletas. Estamos totalmente desasistid­os». Denuncia, además, que la administra­ción «nunca es puntual» en el pago. «Estamos cobrando a dos o tres meses vista, pero más que el retraso lo que me preocupa es que hay actuacione­s que no se pagan». En este sentido explica que una vez hecho el trabajo, si al cliente no le conceden la justicia gratuita, nadie les ayuda en esa gestión de cobro. «Ante este panorama muchas veces me han preguntado por qué sigo aquí: porque sigo creyendo que es necesario que abogados como nosotros perdamos nuestro tiempo como abogado particular y dejemos de ganar dinero para que personas sin recursos tengan alguien que les defienda. Si nosotros dejamos de trabajar, ¿quién defiende al que no puede pagarse un abogado?».

Coincide Mónica Altarriba, letrada del turno de oficio civil en Madrid desde hace 26 años, en que se trata de un tema de «responsabi­lidad social». En su caso, «el nivel de saturación» es muy diferente al del turno penal, porque no tiene guardias. Admite diferencia en la forma de pago de la administra­ción autonómica (que ahora tarda dos o tres meses) y la del ministerio, del que depende el turno especial (recursos de casación ante el Supremo, por ejemplo, que «puede retrasarse fácilmente de seis meses a un año».

A su juicio, en el conflicto de los letrados de oficio hay «una componenda política importante», pero cree que lo que ha dado lugar a esto ha sido es el «desaliento y maltrato a quienes nos tienen considerad­os como últimos operadores jurídicos». Alude esta letrada, de 52 años, al ninguneo al que han sido sometidos los abogados durante la huelga de los LAJ y cómo lo están siendo ahora también con la de los funcionari­os de justicia. Tras viajar el día 18 de este mes a Zaragoza, una vez allí se le comunicó –cuando se podía haber hecho el día anterior– la suspensión del juicio por la huelga de un funcionari­o. «Un procedimie­nto de 2020 que señalan ahora para el 11 de abril de 2024. Es un despropósi­to todo».

Verónica Vladimirov­a también tiene una historia que contar. Aunque lleva dada de alta en el turno de oficio de Valencia sólo dos años, ha pasado por una de las experienci­as más traumática­s de su vida laboral. Quiso denunciarl­o en la concentrac­ión del jueves en Madrid y por eso no dudó en subir

Santiago Fernández Álvarez 34 años en el turno penal Madrid «Si a tu cliente le deniegan la justicia gratuita ya no puedes cobrar el trabajo»

Mónica Altarriba 26 años en el turno civil Madrid «Lo que ha dado lugar a esto es el desaliento y maltrato a la profesión» Marta López Quera 22 años en el turno penal Valencia Veronika Vladimirov­a 2 años en el turno penal Valencia «Estamos completame­nte «He tenido que sacarme desatendid­os. Hay leche con una mano y con actuacione­s que ni se pagan» la otra en el ordenador» Ana Claret 21 años Penal (y otros) Barcelona «El de abogado de oficio no es un trabajo lo suficiente­mente valorado»

se al autobús que ofreció para la ocasión el Colegio de Abogados de Valencia dejando a su bebé a casi 400 kilómetros. Ahí estaba, en primera fila detrás de una pancarta para defender, sobre todo, la conciliaci­ón. La suya y la de todos los abogados. Verónica, de 34 años, fue madre el 16 de septiembre, en un momento, en el que tras el parón de agosto, se reactivan todos los procedimie­ntos judiciales. Solicitó la suspensión en todos ellos, pero en algunos casos no fue aceptada. En el turno de oficio no se puede delegar y la única posibilida­d que se le ofrecía era que se pusiera de acuerdo con un letrado de la misma demarcació­n para que la sustituyer­a pagándole ella lo que considerar­a. «Eso es un favor que sólo te hace un compañero, no un desconocid­o», dice.

«No fue agradable porque con cuatro días de vida la niña ingresó en el hospital con bilirrubin­a y tenía que ir cada tres horas a llevarle leche. Entre tanto contestaba a los escritos. Tuve que continuar trabajando, sacándome leche con una mano y con la otra en el ordenador. Es muy duro, una situación lamentable que vive la mujer abogada (de oficio o no) cuando da a luz». En su caso, la mutua le dio 900 euros durante cuatro meses por la maternidad, y de ahí tenía que seguir pagando la cuota de 230. «Lo que sale no llega ni al mínimo interprofe­sional», apostilla.

De esas condicione­s «tremendame­nte precarias» habla también Santiago Fernández Álvarez, de 64 años y quien lleva 34 en el turno penal de Madrid. Padre de cinco hijos, lo suyo es absolutame­nte vocacional, tanto que reconoce que muchas veces renuncia al papeleo que implica justificar la atención del cliente porque lo que cobraría por ello no cubre ni de lejos el gasto que implica esta atención: «Son muchas horas y las retribucio­nes muy escasas. A eso se suma que si a tu cliente le deniegan la justicia gratuita la mayoría de las veces ya no puedes cobrar el trabajo que has hecho».

El veterano abogado apunta que por un procedimie­nto en Madrid (de la detención a la sentencia) se cobra unos 300 euros y por una guardia 250. Durante este tiempo, que en realidad son 48 horas (hay que tener en cuenta que quien ha sido detenido normalment­e pasa a disposició­n judicial al día siguiente), el letrado ve en la capital a unos cuatro o cinco individuos por guardia y tiene una media de cuatro al año. Los delitos más comunes, lesiones, violencia de género y robos.

En Barcelona las guardias se cobran a 175 euros, y suele haber una cada cuatro meses. A diferencia de Madrid, sí es posible ver a más de cinco detenidos, lo que supone multiplica­r por dos esa cantidad, «veas ya a seis o diez personas». Lo cuenta Ana Claret, abogada en la ciudad condal, quien tiene su propio despacho profesiona­l y que, como los demás, no vive del turno de oficio. Para Ana, de 46 años, el turno es una auténtica escuela por las tablas que da pisar todos los juzgados. Lleva adscrita a él 21 años. En Cataluña, dice, son puntuales en el pago hasta el punto de que es mensual, lo que no suele suceder en el resto de administra­ciones. La letrada cree que «no es un trabajo lo suficiente­mente valorado». «La mayoría considera que porque eres abogado de oficio no eres suficiente­mente bueno cuando todos tenemos despachos profesiona­les aparte». Ana no tiene hijos. Cree que tenerlos «sería incompatib­le con su trabajo», que vive con absoluta pasión.

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