Los profesionales piden más formación y tecnología
∑ La digitalización de los tribunales se ha realizado sin los medios necesarios
El olvido de la medida estrella de la Junta de Andalucía para lograr una justicia digital llega, además, en un momento en el que los profesionales piden más formación y medios técnicos para poder cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno. El objetivo del «papel cero» —vigente en los juzgados españoles desde enero de 2016— se estableció en la
Ley 18/2011, aprobada por consenso de todo los grupos políticos bajo el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La norma daba un plazo de cinco años para aplicar la gestión informatizada en los juzgados.
Con prisas y sin inversión, el «papel cero» ha sido una utopía en muchos juzgados andaluces que carecen de los medios necesarios para aplicar esta normativa. No obstante no es sólo una cuestión de falta de medios. Los problemas se complicaron por las incompatibilidades encontradas entre el sistema nacional Lexnet y el servidor informático principal de la Junta (Adriano) y la falta de coordinación del sistema andaluz con el de otras administraciones. La Junta admitió que no tuvo inicialmente el tiempo recomendable para interconectar todos los sistemas y dar la formación necesaria a todo el personal.
La Junta de Andalucía, con competencias plenas en materia de Justicia, explicó que la aplicación precipitada por parte del Gobierno era la causa del caos que ha reinado en los juzgados andaluces. «El papel cero era para haberlo hecho planificada y progresivamente, no de golpe y de manera sorpresiva», sostuvo en su momento el exconsejero Llera.
Con una dotación de 30 millones de euros de fondos europeos para digitalizar la Justicia, el retraso de la Junta en adaptar sus nuevas medidas tiene menos explicación. Y más aún en un contexto en el que los profesionales de la Justicia siguen criticando el sistema actual. Un ejemplo es el último informe anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, que hizo una mención expresa a la escasez de las plantillas de funcionarios y a la precariedad de los medios tecnológicos con los que los fiscales tienen que lidiar a diario para hacer su trabajo. Denunció que el imperativo legal que obligó a usar las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, el llamado papel cero, no está funcionando. «Aún no contamos con las herramientas precisas para cumplir» con la ley, se quejaron los fiscales. También los jueces han reiterado que el expediente electrónico, sin los medios tecnológicos y la formación necesaria, es otro factor añadido para la ralentización de la Justicia, pues en vez de agilizar procesos los complica.