VIAJE A NINGUNA PARTE
El juez desmonta la estrategia de Puigdemont para provocar su detención en Dinamarca y poder delegar el voto como el encarcelado Junqueras
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena destapó ayer la jugada que pretendía Carles Puigdemont cuando anunció a bombo y platillo su viaje a Dinamarca. El expresidente de la Generalitat quería que España reactivara la euroorden para, una vez detenido, conseguir la delegación de su voto y de su propia investidura, amparándose en que no tiene libertad de movimientos y, por lo tanto, no poder asistir al debate que debe celebrarse antes del 31 de enero.
Una vez más, el magistrado que investiga a los miembros del Ejecutivo catalán por rebeldía o sedición y malversación, ha frustrado los planes del prófugo y, como adelantó ABC, se ha negado a activar una nueva orden de detención, como le había pedido la Fiscalía unas horas antes. La primera consecuencia de la negativa del juez, que se produjo poco después de que el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, le propusiera como candidato para la investidura, es que, sin su presencia, su proclamación sería ilegal; la segunda, indirecta, es que, sin saberlo, Llarena allana el camino de ERC para presentar a Oriol Junqueras, aunque esté preso.
«Una justificación»
No obstante, como anunció ABC, si ya de por sí es complicada su situación al encontrarse en prisión y no poder asistir a plenos y debates, se puede complicar aún más su horizonte político si es procesado en primavera por un delito de rebelión. En ese caso podría ser inhabilitado sin esperar a que haya sentencia firme, con lo que su paso por la Cámara autonómica en esta legislatura puede ser fugaz.
En su auto Llarena subraya que la petición de la euroorden por parte de la Fiscalía parece razonable teniendo en cuenta que se trata de una persona huida de la Justicia española, pero en este caso, dice, la «jactancia» de Puigdemont de desplazarse a Dinamarca en este preciso instante «no tiene otra finalidad que buscar su detención y subvertir la finalidad» de un instrumento de cooperación internacional para burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria.
A su juicio, busca «pertrecharse de una justificación de que su ausencia (en el debate de investidura) no responde a su libre decisión como prófugo de la Justicia, sino que es consecuencia de una situación que le viene impuesta». De esta forma trataba de conseguir la delegación de voto que sí se le ha permitido a otras personas que se encuentran en prisión preventiva (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn), «como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este tribunal y han sido privados de su libertad (...)».
Llarena no descarta volver a cursar órdenes de detención europea e internacional contra el expresidente autonómico y los cuatro exconsejeros huidos, pero más adelante, cuando el orden constitucional y el funcionamiento parlamentario «no se encuentren en riesgo por una detención que sería lógica en otro contexto».
Además, Llarena recuerda los argumentos que utilizó en el auto del pasado 5 de diciembre en el que desactivó la euroorden cursada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Al tratarse de una causa en la que la rebelión (o sedición, más adelante se calificarán los hechos) se habría producido con el concierto de todos los investigados, denegar parcialmente la ejecución de las órdenes de detención dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de la causa en el Tribunal Supremo.
Por último, Llarena explica que su decisión de retirar la orden de detención de Bélgica en su momento o no
Reacción Cs y el PSC presentarán una reconsideración por la propuesta de Torrent de investir a Puigdemont
cursarla ahora en Dinamarca «no descansa en una desconfianza respecto a la actuación jurisdiccional de un Estado concreto, sino en las lógicas divergencias que, en delitos complejos, pueden existir entre ordenamientos jurídicos de distintos Estados de la Unión».
Actuación previa del TC
Poco antes de que Llarena diera al traste con la última estratagema de Puigdemont, Torrent confirmaba, desde el Parlament, su propuesta formal a los 135 diputados autonómicos para investir al líder de Junts per Catalunya (JpC). Torrent añadió que visitará a los tres presos en Madrid y viajará a Bélgica para verse con Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados.
Torrent se estrenó en sus tareas como presidente del Parlament, además, enviando una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que defiende la propuesta de investidura de Puigdemont, le pide a Rajoy una reunión para «abordar» de manera «directa y franca» la situación anómala del Parlament y le reclama que «revierta» la situación de prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn: «Confío que podrá usted facilitar dicho propósito». Desde el PP ya se ha advertido de que esa cita no se va a celebrar porque Rajoy no puede interferir en procesos judiciales.
Cs y el PSC anunciaron, tras las palabras de Torrent, que pedirán una reconsideración formal de la decisión de proponer a Puigdemont para su investidura. Eva Granados (PSC) añadió que, si la Mesa no la toma en consideración, acudirán al Constitucional. Al respecto, el hecho de que Puigdemont solicitara la delegación de voto para la investidura –que está en el orden del día de la reunión de la Mesa de hoy–, por no poder asistir al pleno, justificaría que el TC actuase de manera previa, impidiendo, así, la celebración del pleno de investidura del candidato de JpC y propuesto por Torrent.