155 «ad eternum»
Torrent propone a Puigdemont
El presidente del Parlament, Roger Torrent –un nuevo continente para un mismo contenido–, frustró ayer las esperanzas de esa legión de cándidos y biempensantes que creyeron que con él llegaría un tiempo nuevo a Cataluña. A todos ellos habría que recomendarles que echaran un ojo a las imágenes que ilustran este breve comentario para descubrir lo que se esconde detrás del personaje. ¿Sorprendidos? ¿estupefactos? ¿perplejos? ¿Pero qué se creían, que los separatistas iban a hacer presidente del Parlament a Torrent como gesto inequívoco de buena voluntad? ¿Como demostración de su súbito compromiso con el marco constitucional?
El independentismo no lo ha elegido para bajarse del caballo, sino para seguir galopando. Y lo primero que ha hecho Torrent es cumplir el guión del bien mandado: proponer la investidura de Carles Puigdemont porque «tiene absoluta legitimidad» y porque su candidatura es la «expresión de la voluntad popular». Con muy buenos modales –eso sí–, Torrent calificó la situación de los encarcelados y fugados de «vulneración de derechos» y, en el colmo del sarcasmo, pidió reunirse con Mariano Rajoy para «explorar todas las vías que pongan fin a esta situación».
El Gobierno maneja el concepto de «normalidad institucional» de manera eufemística para referirse a la situación que se vive en Cataluña, pero la inmensa mayoría de los españoles no tiene la misma impresión y percibe con meridiana claridad que lo que ocurre políticamente en Cataluña es absolutamente anormal. Y que en esta situación, el artículo 155 de la Constitución es la única garantía de que lo anormal no vuelva a convertirse en delito. La sensación, vistas las imágenes de las acciones pasadas de Torrent y lo dicho ayer por el president del Parlament, es que si dejaran de estar en vigor las medidas excepcionales adoptadas tras la proclamación unilateral de independencia, el separatismo volvería a las andadas para incurrir en eso que el magistrado Llarena (para denegar la libertad del preso Oriol Junqueras) definió como riesgo de «reiteración delictiva».
Y es que no hay que ser jurista para llegar a la conclusión de que si en Cataluña –según el Gobierno– se vive una situación de «normalidad institucional» es porque los separatistas no ocupan las instituciones, pero que si volvieran a hacerse con el control de las mismas, las probabilidades de que volvieran a delinquir crecerían de forma exponencial.
No lo digo yo, sino Roger Torrent y todos aquellos dirigentes del vasto mundo independentista que nos advierten a diario de sus intenciones. En consecuencia, y dado que el artículo 155 es el instrumento que nos sirve de dique, el sentido común demanda –en las actuales circunstancias– no derribarlo por nada del mundo. Es más, en todo caso habría que poner más ladrillos en el muro.