CULMINACIÓN DE UN VIEJO GOLPE DE ESTADO
«En España hemos dejado crecer la total perversión de los principios esenciales de nuestra Constitución, que exige una sociedad de unidos, libres, iguales y solidarios»
REZA nuestra desvirtuada Carta Magna que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político». Recalcamos que dice pluralismo político, NO nacional. Incluso lo hace imposible al priorizar igualdad. Para cualquier observador honesto fuerza es constatar que en los últimos 35 años, al menos, en esta vieja nación se ha producido una perversión radical en las raíces de lo que es nuestra Constitución. Sí, esa misma de la que no hay prueba fehaciente de que el fugado golpista de la región hispano-catalana y sus compañeros mártires y felones trotamundos hayan jurado, como es preceptivo.
Este maltrato despiadado a la esencia del texto del 78 es resultado, sin duda, de la agresividad intensa y desleal ejercida por separatistas, racistas, supremacistas y antisistema que han estado siempre en lo suyo pero, no me cansaré de decirlo, eficazmente logrado por la lenidad y complicidad de los sucesivos Gobiernos de España. Porque así es, en España hemos dejado crecer una monstruosidad la total perversión de los principios esenciales de nuestra Constitución, que prefigura, incluso exige, una sociedad de unidos, libres, iguales y solidarios. Y no la hemos sabido (¿querido?) frenar hasta llegar a este absurdo confederal reaccionario, desigualitario y sembrador de odio y divisiones que es, «de facto», la España actual. Es lo que consideramos un largo y silente, mezquino y subrepticio, golpe de Estado que parece estar llegando a su culminación.
Pensemos en la base de la Constitución Española (CE), en su estado (o Estado) más puro, en su concepción: «La soberanía nacional reside en el pueblo español». Esto, un país de ciudadanos unidos, es la esencia misma de lo que es España, entendida como ciudadanos derechohabientes a un DNI. Es el ser o no ser de nuestra democracia, la raíz de los valores republicanos y de la Ilustración: el progreso. Lo que han hecho políticos, jueces, educadores y medios de comunicación mercenarios con esta columna vertebral del país para inocular un concepto de España como conjunto de territorios desiguales con derechos supra-personales, y no como un conjunto de personas, no tiene nombre. Por lo menos si queremos seguir siendo educados. Estamos asistiendo a una desafiante y peligrosa degeneración de la esencia de la CE, y lo que es peor, por imposiciones por la puerta trasera, sin concienciar, ni consultar, a la ciudadanía. Mucho menos informarla honestamente del coste de la no convivencia constitucional.
Este hecho, además, representa una profanación de los valores de la Constitución, especialmente el de igualdad. La realidad actual nos golpea con una disparidad abismal entre los españoles dependiendo de su territorio de origen. Desigualdad entre ciudadanos, desigualdad entre personas en derechos civiles, en obligaciones solidarias, con graves consecuencias desigualitarias en aspectos de calidad de vida y de oportunidades. Si de verdad los españoles, o su gran mayoría, ansían que España sea un conjunto de territorios en disputa y no un conjunto de ciudadanos libres e iguales, es ineludible cambiar nuestra CE. No retoques ni adaptaciones, sino cambiarla radicalmente, en sus principios, valores y esencia. Y votar la España confederal, que como todas las confederaciones conocidas se desintegran al poco tiempo. Salvo la Suiza, que se ha federalizado.
Pero para ello, tengamos antes dos principios muy claros. Primero, mientras se inicia el periodo constituyente, los Gobiernos de España tienen que recobrar el sentido del deber, y ser leales a lo esencial de la Constitución vigente, recordando, para el bien común, su deber de defenderla, ampararla y promocionarla. Justo lo contrario de lo que llevan haciendo desde hace 35 años... Segundo, es indispensable consultar a todos los ciudadanos; se ha de castigar con toda severidad a quien con actitud totalitaria y antidemócrata quiera privar a un grupo de españoles de su derecho a decidir lo común. Esta consulta deberá estar precedida por una campaña de información, pedagógica y honesta, sobre lo que ha supuesto la fragmentación de España y la pérdida de soberanía nacional, y si merece la pena recuperar una España de unidos libres iguales y solidarios.
Debemos frenar la sangría liberticida y engañosa. Dejemos de permitir perversiones y distorsiones esenciales a la espalda de los ciudadanos. El retorcimiento de los derechos individuales fundamentales de nuestra Constitución, por muy mala que esta sea, ha llegado demasiado lejos. Esta perversión es un auténtico golpe anticonstitucional, prolongado lentamente desde hace más de treinta años, pero que está llegando a la sinrazón del establecimiento de facto de valores confederalistas de bases racistas, supremacistas y totalitarios. Es hora de desenmascarar, aplicar la Ley, informar, debatir, combatir mentiras y, entonces, consultar al pueblo soberano. Es hora de recuperar la noción de lo que es el Estado de derecho y una democracia.