El PNV, contra la mordaza a los jueces: «No lo compartimos»
Marca distancias con la izquierda y amaga con una enmienda a la totalidad
La unilateralidad con la que PSOE y Unidas Podemos han planteado la reforma del Consejo General del Poder Judicial amenaza con pasarles factura. No solo es una afrenta a los jueces, a los que los socios negaron este miércoles la palabra en la nueva ley, y eleva la vigilancia de la Comisión Europea, sino que también abre brecha en la mayoría de la investidura. Y lo hace desde el lado del socio más leal que tiene la coalición, el PNV. Fuentes de este grupo aseguran a ABC que no comparten la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar que los jueces, fiscales y la Comisión de Venecia informen sobre la reforma. «Éramos favorables a que se solicitaran esos informes porque consideramos que cuantos más informes mejor, ya que podrían proporcionar una visión más amplia», subrayan las mismas fuentes.
«Inaceptable»
El PNV considera que una reforma «exprés, sin contar con los informes y opiniones tanto internos como de organizaciones europeas» para alterar las estructuras del Poder Judicial, no es «la mejor forma» de «afrontar los problemas surgidos para la elección de sus vocales». El Grupo Vasco condena lo que considera un «inaceptable bloqueo» del Partido Popular y pide una «reflexión a todos para que pueda producirse una renovación del órgano de forma convencional». «No es aceptable que entre más de 5.000 magistrados y jueces y numerosos juristas prestigiosos no seamos capaces de encontrar a veinte vocales», atizó el diputado vasco Mikel Legarda el 15 de diciembre en el Congreso.
Qué hacer
Antes del 25
El Grupo Vasco deberá decidir qué hacer antes del 25 de enero, por la tramitación «exprés» de la ley
Ahora el Grupo Vasco sopesa qué hacer ante la mordaza impuesta por PSOE y Unidas Podemos a todos los agentes afectados por el cambio legal. El Congreso acaba de abrir el trámite de enmiendas para que la oposición presente sus propuestas al texto y el PNV puede presentar enmienda de totalidad o proponer cambios parciales. Con la primera opción solicitaría la devolución de la reforma al Gobierno, algo que no descarta, pero que escocería mucho a los socialistas ya que se quedarían defendiendo el texto junto a las formaciones más radicales de la Cámara, Podemos y los independentistas. La alternativa de las enmiendas parciales iría dirigida a intentar modificar el texto, pero implica comulgar con él si son aceptadas. El grupo que dirige Aitor Esteban tendrá que decidirlo antes del 25 de enero, cuando finalizará el escueto plazo dado para esta fase. La Mesa aprobó el miércoles la tramitación de la ley por vía urgente y, con ella, la reducción de los tiempos a la mitad.