Cae el Gobierno holandés por el escándalo destapado por una abogada española
∑Las consecuencias políticas no impedirán una nueva victoria electoral de Rutte en las elecciones de marzo, como prevén las encuestas
El Gobierno holandés dimitió ayer en pleno a raíz del escándalo en torno a los abusos administrativos en la gestión de las prestaciones sociales para el cuidado de los hijos pequeños de familias desfavorecidas que destapó inicialmente la abogada de origen español, Eva González. El problema se produjo en un gobierno anterior, con una coalición diferente, pero estalló con la publicación del informe después de una investigación parlamentaria en el que se dice que los ministros, los funcionarios, el Parlamento e incluso los jueces actuaron mal en este asunto que dejó a miles de padres sin poder defenderse cuando se les acusó injustamente de fraude y se les impusieron multas astronómicas a familias, casi todas inmigrantes.
El de los Países Bajos es uno de los más activos gobiernos en la UE de los llamados «frugales» que exigen a los demás un tratamiento escrupuloso del dinero público y recortes para evitar el déficit público. Pero en este caso da la impresión de que fue una gestión en la que se exageró en la aplicación de sus propios principios.
Aunque el primer ministro, Mark Rute (VVD, liberal), era partidario de mantener la coalición hasta las elecciones del 17 de marzo para no interferir en la gestión de la pandemia, al final ha tenido que aceptar este paso porque una parte de los partidos que forman la coalición de centro-derecha, como Sigrid Kaag, del partido D66, había decidido dejar caer el Gobierno. La oposición preparaba para el lunes una moción de confianza en el Parlamento.
«El Gobierno no estuvo a la altura durante todo este asunto», dijo Rutte ayer en una comparecencia ante los periodistas. «Se produjeron muchos errores en todos los niveles del Estado, con el resultado de que se cometió una terrible injusticia contra miles de padres». Aunque los hechos sucedieron hace años, Rutte considera que la responsabilidad política recaía en el gabinete actual cuyos miembros habían decidido colectivamente que no tenían más opción que renunciar. «No se puede permitir que las cosas vuelvan a salir tan terriblemente mal», dijo el ahora primer ministro en funciones.
Miles de familias afectadas
Ante la proximidad de las elecciones, la dimisión el jueves del líder del Partido Laborista (en la oposición), Lodewijk Asscher, dejaba pocas opciones para el Gobierno. Asscher era ministro de Asuntos Sociales en el momento en el que se produjeron los hechos, cuando miles de familias desfavorecidas fueron acusadas injustamente de defraudar al fisco y se les ordenó devolver las subvenciones que habían recibido, lo que provocó casos dramáticos de ruina financiera ante los que la maquinaria administrativa se mostró implacable a la hora de aplicar con rigurosidad una reglamentación mal diseñada. Con el objetivo de luchar contra el fraude esta política tuvo efectos dramáticos en muchos casos y en concreto la inspección podía ser discriminatoria, teniendo en cuenta que la mayoría de perjudicados eran inmigrantes.
En total, las autoridades fiscales acusaron erróneamente a unos 26.000 padres de reclamar de forma fraudulenta la asignación por cuidado de hijos pequeños a lo largo de varios años a partir de 2012, y hasta 10.000 familias se vieron obligadas a devolver decenas de miles de euros al Estado, lo que en algunos casos provocó desempleo, quiebras y divorcios, puesto que se trataba siempre de familias de pocos recursos. Cuando muchos de ellos intentaban justificar su actuación, el aparato burocrático no escuchó ninguna explicación y se mostró inclemente con las quejas.
El año pasado, la autoridad fiscal admitió además que al menos 11.000 personas fueron seleccionadas para esta inspección especial sobre las ayudas para guarderías debido a su origen étnico o doble nacionalidad, lo que ha alimentado las acusaciones de racismo sistemático en Holanda.
El Gobierno se ha disculpado por los métodos de la oficina de impuestos y ha reservado más de 500 millones de euros para pagar compensaciones a los afectados, a razón de unos 30.000 euros por cada familia.
Implacable
Los inspectores no tuvieron piedad con las familias acusadas injustamente de fraude
Discriminación
Una parte de las inspecciones se decidieron porque eran nombres de origen no holandés
El informe de la comisión parlamentaria, encabezada por el diputado del CDA (democristiano) Chris van Dam, afirma que se cometió un «daño sin precedentes» a los padres acusados de defraudar al sistema de prestaciones de cuidado infantil, es decir, las subvenciones que el Gobierno concede a los padres o madres solteras para que puedan pagar una guardería o tener a alguien que cuide a los niños mientras van a trabajar. El actual ministro de Asuntos Económicos, Eric Wiebes (del partido de Rute), era entonces el viceministro de Finanzas con responsabilidad directa en la gestión de las prestaciones y de las reclamaciones.
Escatimar información
Van Dam también denunció el sistema de control de las subvenciones como «un proceso sin margen de matices» y además criticó duramente al Gobierno actual por la forma en que actuó escatimando la entrega de la información que reclamaba el Parlamento.
A la hora de anunciar su dimisión el jueves como líder del partido Laborista, Asscher admitió que el sistema establecido en su época de ministro de Asuntos Sociales había «convertido al Gobierno en enemigo de su pueblo». El futuro de su partido es actualmente incierto puesto que ya salió muy perjudicado de la anterior legislatura en la que estuvo en el Gobierno. Entre los que se mencionan para sustituirle a la cabeza de la formación está el actual vicepresidente de la Comisión Europea y antiguo ministro de Asuntos Exteriores holandés, Frans Timmermans.
Los ministros permanecerán en funciones hasta las elecciones de marzo, lo que significa que no pueden tomar decisiones importantes salvo si las sostiene expresamente el Parlamento. La proximidad de la fecha electoral reducirá mucho los posibles inconvenientes.
Rutte ha liderado ya tres gobiernos de coaliciones diferentes desde 2010 y es más que probable que este escándalo no le afecte mucho en sus perspectivas políticas. En realidad, las encuestas sugieren que su partido, el VVD, ganará un cuarto mandato en las elecciones, con algo menos del 30% de los votos, pero más del doble de lo previsto para la segunda fuerza política, el Partido por la Libertad, de Geert Wilders, abiertamente antiinmigración. Teniendo en cuenta que el principal responsable político es ahora el líder de la oposición, lo único que tenía que hacer era castigar o convenir al menos a los funcionarios directamente implicados, y cambiar la legislación, de modo que esta responsabilidad política no tendrá probablemente consecuencias electorales. Los electores no parecen querer castigar a Rutte por la gestión de la pandemia en el país, a pesar de que ha sido una gestión errática y poco consecuente. Por ahora se mantiene la amenaza de un toque de queda y siguen las medidas actuales de cierre de actividades, al menos hasta el 8 de febrero.