Calviño admite que Bruselas exige reformas a España a cambio de fondos y ofrece 170
UGT y CC.OO. no se fían, piden ver los papeles y exigen margen de negociación para el diálogo social La CEOE alude a la situación crítica de las pymes y reclama que participen en proyectos de inversión
El Gobierno en pleno, con siete de sus ministros a la cabeza, presentó ayer a patronal y sindicatos la hoja de ruta que debe llevar a España a la recepción de los millonarios fondos europeos, retenidos hasta que Sánchez cumpla y envíe espinosos cambios en pensiones, en el mercado laboral, en las políticas activas y en otras muchas materias para ser analizados con lupa antes de liberar las cantidades. De momento, mucho ruido, pero los agentes sociales no han visto el grueso de los cambios en el mismo mes en el que el Ejecutivo quiere mandar los deberes a Bruselas.
La vicepresidenta Nadia Calviño reconoció ayer que la llegada de los fondos europeos a España implica la puesta en marcha de reformas. Aseguró que el reglamento que los regula establece que «los planes de recuperación de los estados miembros tienen que incorporar reformas e inversiones», aunque también explicó que el Ejecutivo hubiera impulsado estas mismas aunque Bruselas no lo exigiera porque está de acuerdo en el diágnóstico sobre los «problemas arrastrados del pasado y retos de futuro».
El Gobierno presentará 170 reformas en 30 capítulos a la UE a cambio de la inyección económica, según explicaron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. Pero los líderes sindicales no se fían, no han visto los papeles y están temerosos de que el Ejecutivo de más pasos de los reclamados en las dos reformas más importantes, las de pensiones y la del mercado de trabajo. «Los compromisos con la Comisión Europea no pueden ser tan taxativos como para dejar sin oxigeno las mesas de dialogo social. Si no hay margen, que no cuenten con nosotros», dijo Sordo. Tanto su sindicato como UGT dejaron claro que «no van a hacer actos de fe». De hecho, y como advertencia, ya amagan con salir a las calles en febrero por negar la comprometida subida en el SMI, no cumplir y derogar la reforma laboral y anunciar recortes en pensiones.
De los mensajes lanzados por Calviño también quedó claro que el Gobierno no va a ser flexible con los despidos tras los ERTE. Explicó que «nadie duda» del apoyo público recibido por trabajadores y empresas durante la pandemia y, por tanto, dijo que las ayudas recibidas, en forma de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, no pueden servir ahora para abrir un proceso de despidos. Dijo tajante que la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses desde que la empresa se acogió al ERTE se mantendrá. Este aviso de la ministra llegó un día después de que fracasase un nuevo intento
Despidos
La ministra avisa a los empresarios de que no pueden usar el dinero de los ERTE para
despedir
para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo. Sus declaraciones son claves, teniendo en cuenta que este acuerdo está taponado por la exigencia patronal para que el Ejecutivo flexibilice las multas por extinción, de forma que si una empresa despide antes de tiempo tenga que devolver solo las exoneraciones correspondientes a los trabajadores despedidos en lugar de las de toda la plantilla, como ocurre ahora. La ministra, sin embargo, no se pronunció sobre esta petición empresarial. Sí lo hizo el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien aludió a que serán los órganos de dirección de CEOE los que ahora deberán pronunciarse sobre el peso que debe tener esta exigencia a la hora de cerrar o no un acuerdo los próximos días.
Cuerva reclamó a la vicepresidenta «prudencia y realismo» en el proceso reformista, después de reclamar que piensen en la competitividad de la economía y que tengan en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. Por ello hizo un llamamiento para que se asegure un porcentaje obligatorio de participación de las pymes en los proyectos de inversión ya que, explicó, se puede llegar «a la desaparición a cientos de miles de empresas».