Sánchez e Iglesias blindan la coalición pese a los guiños del PSOE al PP
Los pulsos quedan dentro de un guión marcado que también permite las críticas de Unidas Podemos
El curso político 2021 va a ser muy distinto a como se esperaba hace apenas un par de semanas. La virulencia de la tercera ola del coronavirus, el temporal Filomena y el retraso de las elecciones catalanas cambian drásticamente el esquema de prioridades a corto y medio plazo.
El Ejecutivo se va a enfocar en la cuestión sanitaria y en su respuesta económica en el arranque del año, con la diferencia de que se mantendrá como principal foco de acción. La coalición de Gobierno arranca el año en un escenario novedoso, con los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Ese escenario estableció un marco político diferente, en el que desde un sector del PSOE y de La Moncloa se traslada el deseo de que el presidente del Gobierno sea capaz de tener más autonomía respecto a Pablo Iglesias.
Aunque en el Ejecutivo interpretan que Sánchez ya dio muestras de esa autonomía al paralizar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mayoría de los interlocutores consultados creen que la vida en la coalición «seguirá básicamente igual». En el entorno de Iglesias siempre gustan de plantear que la clave de esta convivencia y de este nuevo momento tras los Presupuestos será ver «hasta dónde es capaz el presidente de ceder y hasta dónde puede Pablo presionar».
Lo que está descartado es cualquier escenario de ruptura abrupta de la coalición. Y eso pese a que en Podemos –siempre en privado– plantean objeciones a casi todos los ministros socialistas. Pero todo seguirá igual por el momento. Aunque algunos choques se han enquistado, como los que se vienen sucediendo con Margarita Robles. Algo que no ha agradado al presidente.
Beneficio mutuo
Pero la coalición está a salvo pese a las discrepancias y el ruido interno. Una cacofonía de la que cada uno pretende sacar partido pero que sigue siendo la única forma de entenderse. «No es momento para elecciones. No técnicamente, por la pandemia, ni políticamente. Lo mejor para los dos es que la coalición dure. Este año va a ser todavía un año excepcional, no podemos operar con las coordenadas tradicionales».
En los próximos días volverán a aflorar choques. De nuevo en la ley de Vivienda que redactan el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda. Pero especialmente en la reforma laboral, donde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (ex de IU ahora en Podemos), quiere avanzar en varias cuestiones que el bloque socialista no quiere abordar. Pese a todos los choques y las diferencias se impone la continuidad de la coalición, hasta el punto de que se toleran por parte del presidente las reiteradas discrepancias públicas por parte de Podemos. Mientras Iglesias acepta que el PSOE haga guiños al PP en varias materias.
En lo que afecta a la reforma de las pensiones, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el proceso de «renovación» de la Monarquía, la parte socialista del Ejecutivo está buscando un espacio en el que, llegado el momento, pueda producirse un entendimiento con el PP. En Unidas Podemos identifican los tres movimientos, pero diferencian uno de otro en su dimensión e impacto.
En el Gobierno plantean que todo lo que rodea a la Casa del Rey se centraliza en el presidente y en la delegación que éste ha hecho en la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En el Ejecutivo se apunta a una interlocución entre ella y Jaime Alfonsín, Jefe de la Casa del Rey, que es la que sirve para engrasar las relaciones y preparar los próximos pasos de esa anunciada «modernización» de la Monarquía.
«Harán un buen trabajo», dicen en La Moncloa, intentando consolidar la idea de que todo en este asunto está guionizado de acuerdo con La Zarzuela. En el Gobierno se habla de un proceso lento. Y ya se apunta a que en las decisiones que se adopten se quiere contar con el PP▶ «Nosotros pretendemos contar con ellos». En Unidas Podemos este acercamiento no preocupa▶ «Esto no es problema, porque está pactado que se discrepa». Asegura incluso que la posición del PSOE «viene bien» para que este sea un elemento de diferenciación.
No interesa romper la coalición
«No es momento de elecciones, ni técnicamente, por la pandemia, ni políticamente. Lo mejor es que dure»
Líneas rojas
La reforma de las pensiones, cuyo borrador se planteará a Bruselas, aumentando el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, sí aparece como una línea roja para la coalición. Podemos ha dicho que votará en contra si se lleva al Parlamento. Pero en este momento los de Iglesias creen que Sánchez no hará un movimiento que, sin ellos, obligaría a un acuerdo con el PP que a día de hoy juzgan imposible. Y por último está la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Habiéndose asumido que podría haber negociación con el PP tras las elecciones catalanas, su retraso supone una alteración de calendario. Este es otro punto en el que Sánchez e Iglesias han pactado poder discrepar. «Podemos respeta que prefiera priorizar el PP», dicen, pero apuntan a que mantendrán su presión de forma puntual para abordar la reforma que cambia las mayorías si los plazos se prolongan.
Todos estos episodios «ni preocupan ni ponen en riesgo la coalición», dicen en el PSOE. En Podemos, además, consideran que «no está pasando» el pretendido cambio de actitud de Sánchez respecto a ellos y que todo sigue en los mismos parámetros de siempre. 2021 será un año todavía excepcional y los socios siguen, tras un año convulso, considerando que no es momento de romper. Pese a todo.
Reforma de las pensiones
Podemos ha dicho que votará en contra si el Ejecutivo la lleva al Congreso de los Diputados
Colomé lamenta que la Generalitat no haya adaptado la legislación a la situación, pese a tener un año para ello desde que se inició la pandemia. El Parlamento de Cataluña podría haber aprobado una ley electoral propia o incluso haber solicitado la modificación de la Loreg en el Congreso.
4. ¿Interés demoscópico de Junts y ERC?
«Se tendría que haber hecho una reforma en la legislación para cambiar las fechas de las elecciones ya convocadas. Lo tendría que haber hecho el Congreso», apunta Freixes. A lo que Flores añade que, al margen de ajustes legales, la Generalitat podría haber tomado medidas administrativas para que las elecciones se celebrasen con toda la seguridad sanitaria. «No pueden alegar sorpresa», advierte. Y Colomé se pregunta▶ «¿Qué ha hecho la Generalitat desde el 21 de diciembre para que las elecciones del 14-F fueran seguras? ¿Se ha adelantado el sorteo de los miembros de las mesas, por ejemplo, para hacerles pruebas PCR? No». Y añade un aspecto político▶ «Es como si el Gobierno catalán estuviera a la expectativa de la pandemia y de la demoscopia. La sensación es que la demoscopia, a Junts y ERC, no les es favorable y han optado por otro escenario mejor para ellos».
En cualquier caso, el embrollo es total. Los expertos consultados también coinciden en que cualquier partido (el PSC y Vox lo están valorando) o un ciudadano particular podría impugnar el decreto. En primer lugar, debería ser ante la JEC, ya que es la máxima autoridad electoral en estos momentos en Cataluña, que podría responder con celeridad. Pero la parte afectada que no estuviera satisfecha con la decisión de la JEC podría acudir por vía administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que no suele aceptar medidas cautelares, por lo que podría resolver después del 14-F.
Colomé indica, siguiendo en clave política, que «la lógica dicta que lo normal hubiera sido hacer una consulta a la JEC, antes de firmar el decreto, pero como la JEC es ‘‘española’’, la Generalitat solo le envía el decreto por cortesía, ya que considera que no tiene competencias». Berzosa duda de la fiabilidad de un recurso▶ «No sé si sería operativo dado los plazos, los ritmos y el ambiente. ¿Cuándo estaría la sentencia?». Y recuerda que el TSJC no suele admitir cautelares y menos si los partidos políticos «no han dicho nada al respecto» para impugnarlo.
Flores pone sobre la mesa otro aspecto que marca distancias con el País Vasco y Galicia▶ «En aquellos casos, todos los operadores jurídicos sabían que era ilegal. Pero nadie lo impugnó». Ante esta cuestión de fondo, Freixes y Berzosa se muestran pesimistas. «Me sorprende la crisis de nuestro sistema de partidos», indica la primera. «Esto vuelve a confirmar la caída libre en la que está el sistema político. Ignorar completamente las leyes. La quiebra obscena del principio constitucional de legalidad», añade Berzosa.