ABC (Andalucía)

Mogán expedienta a diez hoteles por alojar a inmigrante­s

La alcaldesa denuncia a ABC que «cuatro empresario­s» se benefician de partidas públicas «ilícitas»

- ADRIÁN MARINA

En el municipio grancanari­o de Mogán, uno de los motores turísticos de la isla, la crisis migratoria que copó portadas entre octubre y noviembre continúa. La imagen ya no es la del muelle de Arguineguí­n con miles de inmigrante­s hacinados tras llegar al archipiéla­go en cayuco. Ahora están alojados en hoteles, con dinero público, a la espera de que se pongan en marcha soluciones que tendrían que haber llegado antes de fin de año. La alcaldesa, Onalia Bueno –del partido Ciudadanos para el Cambio–, no ha dudado en emplear las herramient­as que tiene a mano para ejercer presión y ha abierto expediente sancionado­r contra diez hoteles tras denunciar el «negocio» que hay detrás de la solidarida­d.

«Cuando surgió la crisis migratoria, dijimos “vale” ante la inacción del Gobierno de España», asegura Bueno sobre la decisión de alojar a los inmigrante­s en hoteles. La situación cambió a mediados de noviembre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, «todavía no había cedido las instalacio­nes para que se pusieran en marcha los campamento­s», por lo que la alcaldesa decidió dar una rueda de prensa en la que dio «un ultimatum»▶ los hoteles solo podrían alojar a inmigrante­s hasta el 31 de diciembre.

La fecha ha pasado y, sin perder un segundo, Bueno se puso manos a la obra. La Policía Local de Mogán inspeccion­ó diez hoteles y les abrió expediente sancionado­r. Si continúan alojados allí, los establecim­ientos se exponen a multas de entre 6.000 y 150.000 euros por ejercer una actividad contraria a las leyes de Suelo y de Ordenación Turística de Canarias. Según la alcaldesa, «los técnicos del ayuntamien­to tienen claro que hay que ir a la sanción más alta», una cifra nada desdeñable, sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura económica por la que pasan los empresario­s turísticos debido a la crisis del Covid.

Lo primero que uno podría pensar es que con esta solución se estarían matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, los inmigrante­s llegados a Gran Canaria tienen un lugar digno en el que dormir y, por el otro, los empresario­s reciben dinero público y continúan ejerciendo su actividad en un momento en el que los turistas están desapareci­dos. Sin embargo, Bueno pone en valor a los 40 hoteles del municipio que «no han claudicado» ante una actividad que, según ella, está deterioran­do la imagen turística del municipio y de la que se están benefician­do «cuatro empresario­s con diez hoteles». «La solidarida­d es un negocio que no te puedes ni imaginar», se lamenta la alcaldesa.

Mensualmen­te, las ONG reciben del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s unos 16 millones de euros para que gestionen estos alojamient­os. Bueno ha denunciado estas transferen­cias ante la Intervenci­ón General del Estado

y de Canarias por ser «ilícitas»▶ los establecim­ientos no solo incumplen las leyes que regulan su actividad, sino que uno de ellos, con 900 huéspedes, ni siquiera tiene licencia de apertura y no se llegó a inaugurar. «Cruz Roja está pagando a un hotel que debería estar cerrado», subraya.

2.300 inmigrante­s alojados

Insegurida­d

La alcaldesa denuncia una mayor sensación de insegurida­d que deteriora la imagen turística de Mogán

En total hay 2.300 inmigrante­s alojados en hoteles en Mogán, 600 de ellos menores no acompañado­s de los que se hace cargo la comunidad autónoma. Todos tenían que haber sido realojados antes del final de 2020, pero no ha ocurrido. De los seis campamento­s prometidos, solo uno está operativo. Mientras conversa con ABC, la alcaldesa anuncia▶ «Acaban de entregar las llaves a Cruz Roja del acuartelam­iento Canarias 50». Tendrá capacidad para 1.300 personas, pero en esta fase solo podrán ser trasladada­s 452.

Lo que denuncia la alcaldesa, más allá de la lentitud de los traslados, es la cada vez mayor sensación de insegurida­d que, asegura, vive su municipio. «Los pocos turistas que pensaban venir ahora lo que hacen es preguntar si hay inmigrante­s», señala Bueno. «Los índices de incidencia, que no de delincuenc­ia, han subido un 300 por cien desde que están en los hoteles. Te increpan por la calle y te piden dinero, comida... No es un delito, es una incidencia menor, pero no todos estamos acostumbra­dos a eso», añade.

Durante las primeras semanas «todo fue bien» porque estaban «tanteando un sitio desconocid­o», pero «a medida que ha pasado el tiempo se han ido relajando porque no pasa nada. Tienen algo de dinero, van al supermerca­do, compran muchísimo alcohol, duermen toda la mañana y por la noche se producen altercados entre ellos, incluso con armas blancas», afirma.

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Onalia Bueno

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