El TSJC suspende cautelarmente las elecciones del 30-M y reactiva el 14-F
∑La Generalitat de Cataluña acusa al tribunal autonómico de generar «inseguridad jurídica», pero relanza el proceso para votar el 14 de febrero
Para evitar una situación «prácticamente irreversible en cuanto a la posibilidad de celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista», es decir, el próximo 14 de febrero, y como medida de «carácter instrumental», la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió ayer aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el abogado y exagente de los Mossos d’Esquadra Josep Asensio Serqueda y el partido extraparlamentario Izquierda en Positivo. Resultado▶ suspensión cautelar del decreto 1/2021 del Govern catalán, firmado el viernes y publicado el sábado, por el que se aplazaban las elecciones del 14-F y se señalaba la nueva fecha electoral, condicionada a la situación sanitaria futura, para el 30 de mayo.
De esta manera, a falta de resolver las medidas cautelares –solicitadas por otros cinco grupos más– y el fondo de la cuestión, el TSJC remitió las resoluciones dictadas este martes a la Generalitat y la Fiscalía para que mañana a las 10 horas, como muy tarde, presenten las alegaciones correspondientes que consideren oportunas. En cualquier caso, aunque es poco habitual la concesión de medidas cautelarísimas –no lo es que se levanten, una vez escuchadas todas las partes–, la decisión de la Sección Quinta del TSJC no presupone su posición final sobre el fondo de la cuestión.
«No comparte la decisión»
A este punto se agarró la Generalitat, nada más conocer la opinión de los siete magistrados del TSJC, para defender políticamente la suspensión del 14-F. Así lo explicaron en rueda de prensa Meritxell Budó (Junts), portavoz y consejera de la Presidencia, y Bernat Solé (ERC), consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales
y Transparencia, que informaron de que presentarán alegaciones en la causa para defender el aplazamiento al 30 de mayo, además de que habían dado las instrucciones para reactivar los plazos y trámites necesarios legales para la celebración de los comicios autonómicos en menos de un mes y que se puedan celebrar con las máximas garantías. De entrada, los municipios iniciarán la elección de los miembros de las mesas electorales según los plazos previstos.
Sin embargo, tras acatar la decisión y volver a poner en marcha el reloj del 14-F, los miembros del Govern que explicaron la situación política cargaron contra el TSJC, por haber aceptado las medidas cautelarísimas. Budó señaló que la Generalitat «no comparte la decisión» del tribunal autonómico y le acusó de haber creado «inseguridad jurídica», incluso llegando a sugerir que si, finalmente, el TSJC suspende el decreto 1/2021 lo hará «saltándose los criterios sanitarios y epidemiológicos». Y añadió, tras una pregunta de la prensa, sobre el momento jurídico creado▶ «Inseguridad jurídica es aceptar las medidas cautelarísimas».
En el Govern están convencidos de que el decreto de suspensión se aprobó y firmó con «una sólida base jurídica» y «bien armado legalmente», aunque ayer, por ejemplo, la portavoz autonómica no supo explicar a qué ley o artículo normativo se agarra la Generalitat para defender que un presidente en funciones, como es el caso de Pere Aragonès (ERC), puede, no ya
Budó carga contra el TSJC y sugiere que, si finalmente se acuerda la suspensión definitiva, se hará en contra de parámetros sanitarios y epidemiológicos
Apoyo del Gobierno
El Gobierno ve adecuada la decisión, pero reconoce «mucha incertidumbre», mientras que Junts y ERC acusan al tribunal de llevar a cabo «un 155 encubierto»
suspender un decreto de convocatoria electoral, sino convocar unas elecciones cuando el Estatuto de Autonomía y la Ley de la Presidencia de la Generalitat le impiden cesar consejeros, dictar decretos ley, aprobar presupuestos, presentar proyectos de ley en el Parlamento y, sobre todo, disolver la cámara autonómica, que es el paso necesario y previo para la convocatoria de unos comicios.
Al embrollo jurídico, adelantado por varios expertos en las páginas de ABC este fin de semana, se suma ahora un nuevo terremoto político. El Gobierno de España cree que en estos momentos hay poco margen para que las elecciones no se celebren el 14-F. Aunque fuentes de La Moncloa reconocen que el futuro inmediato es de «mucha incertidumbre», informa Víctor Ruiz de Almirón, están a la expectativa de la decisión final del TSJC. En esta línea, estas fuentes apuntan que el diagnóstico del Ejecutivo de Pedro Sánchez era «coincidente» con la medida cautelarísima adoptada.
Por su parte, los partidos que dan apoyo al Govern, Junts y ERC, más la CUP, criticaron la decisión del TSJC. Desde ERC, incluso, definieron la decisión como «un 155 encubierto». Mientras tanto, el PSC y el PP pidieron a la Generalitat que garantice el 14-F y Ciudadanos insistió en que los comicios, para renovar el Parlamento de Cataluña, deben retrasarse.
N
Opuede ser fácil argumentar que un decreto ventajista, y redactado expresamente para que ERC pueda alargar «sine die» y a capricho la celebración de las elecciones catalanas, es legal y admisible. Incluso en la peor de las pandemias, cualquier decisión política destinada a aplazar unos comicios debe someterse a la legalidad, y no crear normas alternativas que, además de ser abusivas, sentarían un precedente jurídico peligroso. En principio, ERC tiene motivos para sospechar que su obsesión