El PP recurre ante el TC para anular el decreto de los fondos
Ofensiva de los populares para que se haga público el informe de Consejo de Estado
La ocultación del informe crítico del Consejo de Estado sobre el decreto-ley de los fondos europeos, convalidado en el Congreso el 28 de enero, llegará hasta el Tribunal Constitucional. En un acto electoral en Hospitalet de Llobregat, Pablo Casado anunció ayer la presentación de un recurso de amparo para anular la votación del decreto sobre la gestión de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, y lograr que salga a la luz un informe que el Gobierno de Sánchez se niega a mostrar.
El líder del PP ya exigió a Sánchez el pasado miércoles, en la sesión de control al Gobierno, que hiciera pública ese informe del máximo órgano consultivo. Pero no obtuvo respuesta. Como tampoco la tuvieron el resto de peticiones que reiteraron otros dirigentes del PP al Gobierno en ese Pleno. «Siempre hacen trampas y lo han vuelto a hacer con el decreto de los fondos», denunció Casado, en un acto con presidentes regionales del PP dentro de la campaña electoral catalana.
Informe preceptivo
El PP, que presentará el recurso de amparo hoy mismo, subraya que ese informe del Consejo de Estado era preceptivo, porque el decreto modifica dos reglamentos y trata de normativa comunitaria. Por tanto, si era obligatorio pedirlo, los populares sostienen que el Gobierno debe enseñarlo y hacerlo público, como ha hecho en otras ocasiones recientes, cuando el escrito del Consejo de Estado ha sido favorable respecto al decreto que se debatía en el Parlamento.
«Ese decreto de los fondos europeos pretende implantar un plan E, a lo Zapatero, que ahora se ha convertido en un plan F, de Frankenstein, peronista y clientelar, abocado a prácticas opacas», advirtió el líder de los populares. A su juicio, es imprescindible conocer el informe para saber por qué es «tan pernicioso» para el futuro de España.
Casado acusó al Gobierno de Sánchez e Iglesias de pretender ocupar y utilizar las instituciones para sus propios intereses partidistas. Puso el ejemplo del Consejo de Estado, pero también se refirió a la Fiscalía General y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sobre la Fiscalía, resaltó que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de la Abogacía del Estado, «también ocupada por Sánchez», y vaya a investigar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado, «que utilizan como comisaria política».
Dentro de la ofensiva del PP, en el Parlamento y en los tribunales, para que el Gobierno dé a conocer el informe, la oposición exige la comparecencia de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno con Zapatero.
Los populares no olvidan, además, que ese decreto-ley sobre los fondos europeos pudo salir adelante gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox. En ese sentido, van a exprimir al máximo la ayuda que el partido de Abascal prestó al Gobierno. Durante los últimos días, el Grupo que preside Casado ha utilizado la asociación de sus dos rivales, PSOE y Vox, como arma política en los debates de la Cámara Baja, pero ahora quiere dar un paso más y extender la ofensiva a todo el territorio. Para ello, los diputados populares cargarán durante toda la semana contra la «pinza» de Vox y PSOE en las ruedas de prensa que ofrecerán en todas las provincias. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, aseguró que el PP llegará hasta el final para conocer el informe oculto.
El presidente del PP, Pablo Casado
Les unía la fobia a pactar con el PP, son los ideólogos de
los tripartitos con ERC
Carod Rovira (ERC) complicó los tripartitos hasta sacudir la
relación entre PSOE y PSC voluntad. La Generalitat, ya «tomada» por los independentistas bajo el gobierno de Montilla, convocó una manifestación contra la decisión del Constitucional. Montilla tuvo que salir escoltado por los Mossos para evitar ser linchado por radicales independentistas. Las voces en el PSOE, que no entendían qué hacía el socialismo democrático con ERC en el gobierno y pactando en Madrid con CiU, que ya apuntaba maneras de «insurrección», dijeron basta. Hasta tal punto fue así que en las elecciones autonómicas de 2010, el PSC pasa de controlar la Generalitat a facilitar con su voto el nuevo Ejecutivo catalán presidido por Mas.