«La ‘ley Trans’ pone en jaque derechos consolidados de todas las mujeres»
El mundo de la cultura se rebela contra la ley de Montero, porque, dicen, define al feminismo como un «delito de odio»
Segunda carta abierta en cuatro meses. Misma respuesta. El silencio. De momento, las ocho feministas históricas que han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno para que ponga freno a los despropósitos que el Ministerio de Igualdad ha incluido en la ‘ley Trans’, aguardan una contestación que no llega. Hormonarse a los 16 años a espaldas de sus padres si quiere el menor es uno de esos derechos que dice recoger el borrador de la norma que estas mujeres juzgan de «reaccionario y regresivo». La difuminación del concepto de mujer es otro. «Se ve que la norma pretende definir la defensa del feminismo como delito de odio», denuncia la ensayista Alicia Miyares, y «certifica la idea de una libertad subjetiva o ‘teoría queer’, que condenamos, ya que pone el deseo individual por encima de todo lo demás».
El departamento de Irene Montero lanzó precisamente el borrador de esta ley tras una reunión con el colectivo trans para provocar reacciones, y estas se han producido en tromba. Algunas voces especulan con la tesis de que exhibe una propuesta de máximos, para ir depurando aspectos y quedarse en la despatologización de la transexualidad para ‘salvar’ la convocatoria del 8-M de 2021. Una segunda tesis es que se quiere espolear a Moncloa, con relaciones entumecidas entre los dos socios del Gobierno por este asunto.
Pero, precisamente el feminismo clásico acercar un debate por la autodeterminación de género se esconden importantes lobbies.
«Esperamos que haya un gran debate en el que participe una representación de la sociedad, asociaciones de mujeres, psicólogos... Si no se hiciera esto, se estaría limando un derecho democrático», acaba Rodríguez Magda. «No es solo una cuestión que movilice al feminismo, porque pone en jaque derechos consolidados de todas las mujeres. Se pretende, con esta norma, que el sexo se elija por propia voluntad».
Que no toquen la ley vigente
Laura Freixas recuerda que a diferencia de la ley vigente, de 2007 (que permite el cambio registral a las personas transexuales, es decir, las que se hayan hormonado al menos durante dos años y tengan un informe de disforia de género), la nueva ley no exige ningún requisito. «Confunde intencionadamente, bajo el vago término ‘trans’, a las personas transexuales (las que alteran su cuerpo para adquirir atributos del sexo contrario) y las transgénero (las que meramente se declaran del sexo contrario). Y les da ventajas como tener prioridad en el empleo público o competir en el deporte con mujeres siendo biológicamente hombres. Si se aprobara, sería el único caso en que para pertenecer a un grupo especialmente protegido, basta la mera declaración de la persona interesada».
El problema de raíz del que parte la norma, al que aluden Freixas y Miyares, es que se legisla sobre sentimientos y deseos. Para Freixas, «es ingenuo pensar que solo recurrirán a esto personas que se sientan así», siendo además la adolescencia una etapa de continuos cambios de percepción de las cosas.
Las ocho firmantes piden a Sánchez que detenga esta burla. «Los informes de los ministerios de Justicia y Sanidad van a encontrar en la ley de Montero defectos muy graves, porque sustituye una realidad objetiva (el sexo biológico) por un algo subjetivo (la ley define la identidad de género como una vivencia interna)», remacha la escritora Freixas.
Miyares, teórica y activista feminista, acaba de sacar a la luz su último libro ‘Distopías patriarcales’. Cree que este asunto excede con mucho de ser una simple batalla entre partidos. Es una «excusa para simplificar» un debate que se ha querido poner en el foco mundial y que «empieza a cristalizar». A su juicio, el intento de reconocer jurídicamente la identidad de género alienta la llamada «paradoja trans», que por un lado supone que «existe una ‘infancia trans’ y por otro, prevé para ellos una terapia de conversión brutal acelerada que en nada les va a favorecer».
Los planes de Igualdad «tienen difícil encaje jurídico y sus consecuencias serán indeseadas para la infancia y para las mujeres. Pero lo que no se dice mucho es que también para los transexuales, a quienes se priva del acompañamiento psicológico que les garantiza la ley vigente. La ley de 2007 tiene toda las garantías jurídicas y sociosanitarias para los trans. No se debería tocar», ultima la escritora asturiana.