Activismo intelectual
en España se quiere desligar de esa batalla. Mantienen que no se circunscriben a las filas de ningún partido y ven la norma acuñada por Montero no como «progresista», sino como «constitutiva de posible abuso infantil», incluso.
La mención a los «menores trans» o «infancia trans» que explicita la ley es la que escama a las firmantes de la carta, a la que ponen voz, para ABC, Rosa María Rodríguez Magda, Laura Freixas y Alicia Miyares. Las tres defienden que, pese a que sus posiciones se han inscrito en la línea de lo que defienden altos cargos socialistas –la cabeza visible ha sido la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo–, no son militantes y representan con su voz a miles de personas, puesto que con la anterior misiva en contra de este proceso, enviada el pasado noviembre, se sucedieron de inmediato 7.000 adhesiones.
Psicólogos, médicos y abogados ya apuntaron recientemente en este diario los problemas que iba a conllevar la aplicación de esta norma, toda vez que da alas a los menores de edad (sin que se especifique bien a qué edad) a cambiar su identidad de género. Pero, para las intelectuales, a lo que se da margen es a un cambio de sexo que podría tener consecuencias nefastas. «No se ha considerado con suficiente cuidado lo que significa encauzar a los niños a una transición. Esos efectos perversos llegan a la mutilación de los genitales, dejar el cuerpo estéril; no se puede tomar esta decisión de manera apresurada y, además, la ley no estudia otras alternativas», mantiene la valenciana.
Las activistas no albergan dudas de que la ley de Montero crea un nuevo sujeto ficticio que es ‘la persona trans’. Mientras tanto, ministros como el vicepresidente Pablo Iglesias sacuden el mantra de la defensa de los derechos humanos conquistada con esta norma cuando tras el pulso internacional por