La Audiencia ve indicios de delito en la caja solidaria de Podemos
La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que investiga a Podemos en el caso Neurona que reabra las pesquisas sobre la caja de solidaridad del partido al encontrar «indicios de la posible comisión de delito» de financiación irregular en las tres transferencias que se hicieron desde este fondo común con fines benéficos a la asociación #404 Comunicación Popular, cuyos gestores son miembros de la formación.
En un auto notificado ayer, la Audiencia Provincial atiende así los recursos que habían presentado Vox y Juristas Prolege contra la decisión del instructor Juan José Escalonilla de archivar de forma provisional esta línea de investigación al no ver acreditado el presunto delito de administración desleal que trataba de esclarecer.
Escalonilla investigaba si, como dijo el denunciante inicial José Manuel Calvente, Podemos ordenó transferir 50.000 euros a #404 Comunicación Popular. El exabogado del partido aportó la petición de ese dinero que la asociación había hecho al partido pero desconocía si el pago se había realizado.
Llamaba la atención sobre este asunto por dos razones. Por un lado, porque la Caja de Solidaridad de Podemos es el lugar al que se vuelcan los fondos que todos sus cargos están obligados a donar a partir de un techo salarial para luego sufragar proyectos benéficos. Por otro, porque tanto los fundadores de esa asociación como parte de sus miembros son integrantes del partido y en algunos casos, con cargo orgánico. Calvente hablaba de desvío de fondos y administración desleal.
Vinculación encubierta
Durante la instrucción, el juez acreditó esa relación de Podemos con la asociación pero concluyó que «no resulta anómalo o extraño» que el dinero de la caja de solidaridad fuese destinado a fundaciones o movimientos «cercanos» al partido.
En cuanto a los 50.000 euros, Podemos no aportó documentación, pero los investigadores aislaron 30.000 euros enviados a esa entidad en tres transferencias de 10.000 euros en septiembre de 2019 y marzo y junio de 2020.
Ahora, la Audiencia Provincial dice al juez que «es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa Asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones» de la legislación sobre financiación de partidos.