El juez ya investiga 8 ramificaciones
Las pesquisas sobre Podemos ya se extienden a la fundación del partido, el papel de Monedero, la caja solidaria, los sobresueldos y la supuesta niñera de Montero
utilizado a una empleada de Podemos –su ahora jefa de gabinete adjunta en Igualdad– como niñera de su hija. Añade otro caso, el de una empleada que dijo haber sido utilizada como escolta y recadera por la ahora ministra hasta su despido.
Los sobresueldos
Vinculado este asunto, está la presunta administración desleal en relación a las subidas de sueldo que se aplicaron el tesorero y la gerente, de acuerdo a la denuncia, sin justificación. El juez ha pedido las tablas salariales y el presupuesto, ya que este y otros movimientos, como las obras de la sede, se habrían acordado sin las cuentas aprobadas.
La caja solidaria
Por otra parte, la Audiencia Provincial ha ordenado al juez que averigüe qué pasó con 30.000 euros que la Caja de Solidaridad de Podemos, a la que contribuyen sus cargos a partir de un techo salarial, envió a una asociación que integran miembros del partido. Esta línea se había archivado, pero la Sala ve indicios de que el dinero pudo ir «en beneficio de algunos». La denuncia señalaba a Rafael Mayoral.
Instituto 25-M
Carmona aportó más datos sobre esa donación y sospechas sobre la fundación de Podemos, el Instituto 25-M que dirige el cofundador Juan Carlos Monedero. Por un lado, 300.000 euros que entre la entidad y el grupo parlamentario habrían ido al proyecto Escuela Popular Paulo Freire, una formación online en la que da charlas, entre otros, Mayoral. Por otro lado, un convenio entre la propia fundación y el partido por importe de 200.000 euros para «fines poco definidos», según Carmona.
Microcréditos
La abogada ha puesto también sobre la mesa un informe sobre la campaña de microcréditos del partido en 2019, una de sus fuentes de financiación, «por si fuera de interés sobre el destino de los fondos abonados a Neurona».
Consultorías
Neurona es el centro de la causa. Tanto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas como la provincial de Madrid ven indicios de delito electoral. El juez estudia también financiación irregular. Se trata de un