ABC (Andalucía)

Recibimien­to y racismo

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Muchos de los inmigrante­s caribeños que llegaron a Gran Bretaña entre 1948 y 1970 sufrieron el racismo: no les permitían entrar

en algunos locales públicos y fueron víctimas de agresiones en sus más de 40 años no había solicitado un pasaporte. Pese a las promesas del funcionari­o que lo atendió, no se le permitió volver al Reino Unido hasta nueve años después, cuando recibió una disculpa del gobierno, que pagó su repatriaci­ón. Durante el tiempo que estuvo varado en Jamaica, no pudo ver a sus hijos ni a su esposa, y en el país se sentía, según sus propias palabras, «como un extranjero». Sin familia, sin trabajo y sin hogar, vivió como un sintecho una auténtica pesadilla en un país que solo había pisado siendo un niño pequeño.

Por si fuera poco, a principios de este mes el gobierno le denegó la ciudadanía británica por haber pasado fuera del país la mayor parte de los últimos cinco años, algo que, defiende, no fue por su culpa. La ministra le escribió entonces para decirle que «la injusticia que experiment­ó fue vergonzosa», pero le explicó a continuaci­ón que la Ley de Nacionalid­ad Británica de 1981 tiene un «requisito estricto e inamovible»▶ el de vivir en el Reino Unido cinco años antes de solicitar la ciudadanía. «Para que su solicitud actual tuviera éxito habría tenido que estar en el Reino Unido el 17 de abril de 2015. Reconozco plenamente que su ausencia del Reino Unido en esa fecha no fue por su elección y aprecio lo frustrante que debe de ser. Lamentamos profundame­nte que estemos limitados por los parámetros de la legislació­n existente», concluyó Patel, en lo que supuso para Donald, padre de seis hijos, un nuevo jarro de agua fría.

Llamada de la madre patria

Su caso, sin embargo, no es único. A miles de personas que trabajaron durante toda su vida en Reino Unido, y que incluso nacieron aquí, se les dijo que su estatus era el de ‘ilegales’ debido a la falta de documentac­ión oficial (cabe recordar que en el país no existe tal cosa como un DNI o tarjeta de residente y en 2010 el gobierno destruyó, durante un ‘cambio de oficina’, miles de tarjetas que probaban la fecha de llegada de personas del Caribe) y muchos fueron deportados a países donde jamás habían estado. Los que se quedaron perdieron sus trabajos, sus casas y su acceso a servicios básicos como la salud o la educación por no tener supuestame­nte los documentos en regla. «Ellos llegaron de forma legal respondien­do a la llamada del gobierno de colonias británicas que no eran independie­ntes en ese momento, así que se considerab­an ciudadanos británicos», explica en conversaci­ón con ABC Desmond Jaddoo, cofundador del Windrush Movement, una organizaci­ón que da apoyo a las víctimas, que busca «que se haga justicia» y que cifra entre 50.000 y 60.000 el número de personas afectadas.

«De hecho, viajaron con pasaporte británico, como el que tienen mis padres y mis suegros, y los menores en aquel momento viajaban adjuntos a sus padres, no tenían un documento propio», explica, y añade que aunque ahora no tener pasaporte parezca algo raro, «durante décadas para mucha gente no fue necesario tener este documento porque no salían del país para nada, y de repente empezaron a pedírselo para poder seguir trabajando, muchas veces en empresas en las que llevaban años».

Patrick C.S. es una víctima del escándalo. Accede a hablar con ABC bajo la condición de no publicar su nombre completo. Llegó a Londres siendo un bebé de menos de un año, y aquí ha vivido toda su vida y criado a su familia, pero hace unos años estuvo en riesgo de ser deportado a una isla caribeña de la que solo escuchó hablar a sus padres. «No hay palabras suficiente­s

Al no existir DNI ni poder demostrar su origen, muchos fueron expulsados a Jamaica o Barbados, donde nunca habían estado

para expresar el sufrimient­o atroz que me embargó cuando recibí una carta en la que me decían que tenía unos meses para abandonar el país o me sacarían a la fuerza porque era un inmigrante ilegal», asegura, y rememora su llanto, el de su esposa, irlandesa, y el de sus dos hijas, cuando creyeron que «me iban a separar de ellas para siempre». «Jamás pensé que el país donde prácticame­nte nací, donde me crié, donde pago mis impuestos, donde aún vive mi madre, podría tratarme de esta forma», afirma.

Finalmente, su caso no pasó a más gracias a la intervenci­ón de un grupo de apoyo, pero le quedó, como él mismo dice, «el miedo en el cuerpo» y un «gran dolor por dentro». Y es que en virtud de la ley de Inmigració­n de 1971, todos los ciudadanos de la Commonweal­th que ya vivían en el Reino Unido recibieron un permiso indefinido para que

Los que lograron quedarse perdieron sus trabajos, sus casas y el acceso a servicios básicos por no tener la documentac­ión en regla

darse. Sin embargo, el Ministerio del Interior no conservó un registro de las personas a las que se les otorgó dicho permiso ni emitió ningún documento físico de confirmaci­ón, lo que hacía, tal y como le sucede ahora a los comunitari­os tras el Brexit, que demostrar su situación legal en el país sea una odisea.

Hace menos de dos años, el Gobierno británico puso en marcha un plan de compensaci­ón económica que, no obstante, se considera no solo insuficien­te, sino complejo de solicitar, y que surgió a raíz del establecim­iento de un grupo de trabajo gubernamen­tal especial para tratar con este escándalo. «Hay que intentar construir puentes, de transparen­cia, de responsabi­lidad, de ser culturalme­nte sensibles y de trabajar con el gobierno para que se pueda conseguir el mejor resultado posible para quienes se han visto afectados», dice conciliado­r Jaddoo. «No estamos aquí para agravar las cosas, sino para señalar la enorme injusticia cometida y buscar las respuestas correctas».

Un largo camino

Eso sí▶ «Esto no debe olvidarse», asegura Jaddoo, que considera que los errores del escándalo Windrush y del sistema de inmigració­n británico podrían poner en situacione­s igualmente lamentable­s a otras personas, como los ciudadanos de la Unión Europea que llevan viviendo décadas en Reino Unido pero que no tienen la ciudadanía o que por diversos motivos no han aplicado al programa de asentamien­to posBrexit. «Aún queda un largo camino por recorrer, pero se debe hacer todo lo posible para corregir los errores y,

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