Los Franco reclaman al Estado que detalle las obras en Meirás
El pasado 16 de marzo el Gobierno anunció una inversión urgente de 400.000 euros en el Pazo de Meirás para garantizar su conservación y posibilitar su apertura al público. El acuerdo se produjo en Consejo de Ministros, alegando razones de «conservación del patrimonio cultural y, en determinados casos, evitar riesgos para trabajadores y personas que puedan acceder al inmueble».
El anuncio provocó sorpresa en la familia Franco, que hasta la fecha de entrega provisional de Meirás consideraba que el inmueble se encontraba en perfectas condiciones. De ahí que este martes remitiera un requerimiento al Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña reclamándole al Estado los informes que justifiquen esta intervención, los detalles de la misma y que esta se haga con presencia de técnicos de la familia. Todo, porque el pleito por la propiedad del pazo sigue vivo▶ a pesar de las dos sentencias favorables al Estado en primera y segunda instancia, los Franco
han recurrido en casación al Supremo. Es decir, la sentencia no es firme.
El punto de conflicto vuelve a estar alrededor de los gastos de mantenimiento de Meirás. Si la controversia hasta ahora era si el Estado tendría que abonarlos a los Franco por su condición de «necesarios» y «útiles» durante los últimos 45 años, en estricta aplicación del Código Civil y lo determinado por la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña (que los reconocía como poseedores de buena fe), ahora cambia de tercio. En su escrito, los Franco exponen que si finalmente el Supremo les da la razón y recuperan la propiedad de la vieja residencia de verano
Pleito vivo
La sentencia sobre el Pazo aún no es
firme y está recurrida ante
el Supremo
de su abuelo, sean ellos los que deban devolverle al Estado esos 400.000 euros, dado que serían de nuevo «gastos necesarios», los que según la legislación se deben reembolsar a todo poseedor. Por ello, piden al juzgado que se les dé un plazo de quince días para que técnicos designados por la familia puedan inspeccionar las zonas de Meirás que precisan la actuación urgente del Estado, «y formarse una opinión fundada en cuanto a la necesidad y pertinencia de las obras que ha contratado/ejecutado y/o proyecta contratar/ejecutar» el Gobierno, «así como en orden al ‘gasto’ que las mismas han supuesto o habrán de suponer».