Armengol cede y se abre a comprar las 56 viviendas de Baleares que quería expropiar

∑La Sareb ya está negociando la venta de sus inmuebles con el Gobierno balear, que demuestra su interés al haber realizado una contraoferta

El Gobierno balear anunció a principios de marzo la expropiación temporal de 56 inmuebles para dedicarlos a vivienda social. «O se está con los especuladores o se está con la gente», dijo entonces la presidenta Francina Armengol. Un mes después, la decisión ya no es tan firme como parecía, hasta el punto de que el Ejecutivo de la región se abre a dar marcha atrás con todos los procesos en pos de acabar comprando dichas propiedades, según ha podido saber ABC.

Un giro notable en sus intenciones primigenias. La decisión adoptada era una expropiación de uso durante siete años, por el que pagaría una mensualidad a los dueños, en buena parte grandes tenedores. Sin embargo, el Gobierno autonómico comunicó que el precio de compensación que abonaría sería, de media, de 391 euros al mes, frente a los precios del alquiler de 624 euros que tiene registrados para esta comunidad el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una operación redonda que está previsto que afecte a empresas como Blackstone, Bankia, BBVA... y la Sareb, el ‘banco malo’.

Con la Sareb se ha iniciado la vía alternativa a la expropiación. En su caso tiene afectadas cuatro viviendas en Menorca y, según adelantó este periódico, se plantearon acudir a la vía legal para detener la medida. La sangre no ha llegado al río y han entrado en negociaciones para poner fin a su encontronazo en el territorio. Aquí entra en juego también un segundo caso entre el ‘banco malo’ y el Gobierno

balear▶ en 2015 la Sareb cedió más de 40 viviendas para alquiler social, por cuatro años. A finales de 2019 terminó el convenio firmado y el Ejecutivo no devolvió los inmuebles.

Ahora, la Sareb quiere volver a firmar un nuevo convenio para dichas propiedades y dotar a la cesión de legalidad. Y para las cuatro viviendas sobre las que se inició la expropiación, la entidad quiere que se integren en el nuevo convenio y, también, cerrar su venta posterior al Gobierno de Armengol. Aspiran a una cesión de mínimo cuatro años y luego su venta. En ello están ahora, aunque desde la Consejería de Movilidad y Vivienda matizan que, al no estar estas viviendas dentro del convenio inicial de 2015, ya no habría lugar a incluirlas ahí.

Desde el Gobierno balear defienden que fue la Sareb la que se acercó a vender las propiedades. Y afirman▶ «Propuso un precio y por nuestra parte se prepararon valoraciones de dichos pisos y en base a ellas se comunicó una nueva oferta», que aún no ha sido aceptada o rechazada. Desde la Consejería añaden que hasta que no se cierre la venta, la expropiación sigue estando ahí. Sin embargo, la posibilidad de adquirir directamente los inmuebles no es exclusiva para el ‘banco malo’, sino para todos los afectados por la expropiación. «Este mismo camino que iniciaron al plantear una negociación para la compra de las viviendas está también abierto para el resto de grandes tenedores expropiados», indican en el Gobierno balear.

El Ejecutivo regional ya adquirió el pasado mes de enero un lote de ocho viviendas a Banco Sabadell por un precio de algo más de 900.000 euros, una medida de 112.600 euros por piso. El

Ninguno de los afectados ha acudido aún a la vía judicial

para recurrir la expropiación

objetivo planteado por el Gobierno balear en ese momento es adquirir durante los próximos siete años 60 inmuebles más que estén en manos de grandes tenedores y estén vacíos. Un proceso paralelo a las expropiaciones.

El plazo de alegaciones a las primeras 56 expropiaciones finaliza después de la Semana Santa, tras 20 días hábiles desde la publicación oficial. A punto de expirar este plazo, ninguno de los 15 grandes propietarios afectados ha presentado una reclamación. «Sí ha habido contactos y se ha consultado el expediente», reconocen desde la Consejería de Movilidad y Vivienda, y avanzan que sólo ha habido una reclamación, pero no procedente de afectados directamente.

Desde que el Ejecutivo de Armengol anunció esta medida, la polémica no ha cesado. Nueve de las 56 viviendas pertenecen a Gasoils Low Cost Barcelona SL, un promotor local de Menorca. El dueño aseguró que estos pisos no tienen cédula de habitabilidad, que los estaba reformando para venderlos y que, de hecho, tenía lista de espera. La Consejería reculó y anunció que no forzaría esta cesión si las viviendas ya estaban apalabradas.

Además, el Gobierno regional tiene serios problemas para cobrar las mensualidades de las viviendas sociales. Cuenta con 97 pisos okupados y no consigue cobrar uno de cada cuatro recibos que emite. Desde hace años, el Ejecutivo del archipiélago se reconoce incapaz de perseguir a los morosos cuando abandonan los pisos; aun así, mantiene sus planes de aumentar el parque de viviendas públicas.

El Gobierno balear ha realizado una tasación de los pisos de la Sareb para presentar su contraoferta