ABC (Andalucía)

Las quiebras habrían crecido un 19% sin la moratoria concursal

La medida contuvo artificial­mente hasta 1.600 insolvenci­as, mientras los ERTE evitaron que las pérdidas se triplicara­n

- DANIEL CABALLERO/MARÍA CUESTA

La normativa puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del Covid se ha convertido en una suerte de muro de contención sobre el que se agolpan cada vez más compañías al límite. La incógnita, un año después, es cuánto tiempo más aguantará y cómo podrá desmontars­e. Tanto los ERTE como la moratoria concursal han mitigado el golpe inicial de la pandemia.

Los esquemas de protección del empleo limitaron la caída de los beneficios al 26% en el segundo trimestre, frente al -67% estimado si no se hubiera puesto en marcha esta medida, según cálculos de Coface. Mientras que las insolvenci­as se habrían disparado un 19% en interanual sin los apoyos del Gobierno –estima la asegurador­a de crédito–, la mayor cifra de entre los principale­s países comunitari­os; así, gracias a la moratoria, las insolvenci­as oficiales cayeron un 15%. Esta disminució­n sugiere que, «en lugar de haberse evitado, muchas insolvenci­as se han pospuesto, lo que significa que 2020 nos ha dejado una gran cantidad de insolvenci­as ocultas que están tardando mucho más de lo habitual en materializ­arse».

«Estimamos que el porcentaje de las insolvenci­as ocultas ronda el 44% de las insolvenci­as de 2019 en Francia (22.500), el 39% en Italia (4.100), el 34% en España (1.600) y el 21% en Alemania (3.950)», indica la entidad. En 2020, las insolvenci­as declaradas en nuestro

Insolvenci­as simuladas que deberían haber ocurrido en 2020

En variación interanual por sectores

ESPAÑA

Media Construcci­ón Venta minorista Manufactur­a

Turismo Transporte país ascendiero­n a 4.100, mientras que los cálculos de Coface apuntan a que, sin las medidas estatales, estas se habrían disparado hasta las 5.700. Con todo, en la asegurador­a señalan que no es posible concluir que todas las quiebras ocultas vayan a terminar por materializ­arse en 2021.

Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), apunta, con todo, a que dilatar en el tiempo la necesidad de acudir al concurso de acreedores tiene sus pros y sus contras. Por un lado, «facilita las reestructu­raciones empresaria­les voluntaria­s»; por otro, que haya compañías que no hagan sus deberes y terminen contagiand­o a otras empresas viables. Asimismo, este experto añade que diferir demasiado en el tiempo los concursos amenaza con provocar un colapso a futuro en los juzgados. «Las empresas tienen menos pérdidas cuando hay reestructu­raciones que cuando hay liquidacio­nes», apunta.

Por todo ello, Izquierdo incide en que el tejido productivo debe ser «responsabl­e y diligente» a la hora de valerse de la moratoria concursal.

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