Las grandes empresas deben 56.000 millones a los proveedores

Solo el 19% de las pymes cobran en el plazo legal de 60 días, según Pimec

Las grandes empresas suman unos 56.000 millones de euros en facturas impagadas a sus proveedores en los plazos que marca la legislación (60 días), según denunció ayer Antonio Cañete, presidente de Pimec, la patronal de las pymes de Cataluña, en la comisión de Industria del Congreso.

Cañete criticó que las compañías del Ibex hayan aumentado los plazos de pago durante la pandemia «a pesar de haber incrementado su liquidez entre un 25 y un 40%». Calificó de «intolerable» que esas empresas «acumulen liquidez sin respetar los plazos de pago; es decir, se financian a costa de los propios proveedores».

El recién elegido presidente de Pimec reclamó a sus señorías que las empresas que no estén al corriente de pago no puedan acceder a los fondos europeos. «Les pido que, con urgencia, aprueben el régimen sancionador, ya que solo el 19% de las pymes cobran en el plazo marcado».

También dijo que las ayudas del Gobierno están llegando «tarde y mal» en comparación con otros países, como Italia. Recordó que «sufrimos graves problemas de solvencia» y solicitó que las ayudas sean «vía subvenciones, no préstamos».

Asimismo, dijo que hay que acelerar la vacunación, cuyos niveles actuales son «inaceptables», porque es la mejor prevención.

«Concursos de belleza»

A continuación compareció Andrés Barceló, director general de Unesid, la patronal siderúrgica, que calificó como «concursos de belleza» las ‘manifestaciones de interés’ que están presentando las empresas para acceder a los fondos europeos. «No se ha dicho ni cómo se repartirán ni cuál será su marco legislativo». Asimismo, ha puesto en duda que España sea capaz de absorber tal cantidad de dinero dado los precedentes más recientes.

«No he venido a decirles lo que tienen que hacer, no me corresponde decirles si la gestión de los fondos le corresponde a una agencia independiente, a una nueva institución, a quien sea. Ustedes se apañen, que no es mi negociado. Haremos lo que tengamos que hacer, pero con transparencia, mérito y capacidad, algo que parece obvio», subrayó.

Consideró como «un mantra» la afirmación de que «deben participar las pymes», pero destacó que «solo podrán hacerlo como subcontratistas, ya que no tienen suficiente capacidad financiera».

Sobre los elevados costes energéticos que sufre este sector, Barceló manifestó que «querríamos ser una industria alemana, ni un euro más ni un euro menos», en referencia a los bajos costes que tienen las empresas de aquel país.

Estatuto electrointensivo

Y volvió a criticar el estatuto del consumidor electrointensivo aprobado por el Ejecutivo de Sánchez, que supone una rebaja ridícula de 56 céntimos por megavatio hora (MWh), lo que supone «un mazazo para las empresas afectadas».

El reciente informe de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) apunta que para la industria electrointensiva española, considerando las medidas aprobadas en su estatuto, se estima un precio eléctrico a fin de año de 63,33 euros/MWh, un 95,4% más que el precio francés, que es de 32,41 euros/MWh, y más de 23 euros/MWh (58,4%) que el alemán, que es de 39,97 euros/MWh.

Barceló insistió en mejorar las infraestructuras ferroviarias del país. «Ahí es donde hay que meter dinero para descarbonizar». Y puso el ejemplo de la línea entre Cartagena, su ciudad natal, y Chinchilla, «que es de vía única y sin electrificar».

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