Los cambios forzados de Armengol
El Ejecutivo balear ha modificado la norma y eliminado la referencia a la posible fijación, por parte de la Administración, del precio y condiciones de adquisición del inmueble. «Se establecerá que el derecho de retracto se ejercerá siempre por el mismo precio y en las mismas condiciones de adquisición en que efectivamente se haya producido la transmisión», apunta. El Ejecutivo añade a la ley que «una vez verificada la situación de especial vulnerabilidad y formulada la oferta de alquiler social, si los afectados la rechazan, el demandante no será sancionado administrativamente si inicia el procedimiento judicial». de ocho pisos mediante tanteo y retracto. Fueron ocho pisos del Banco Sabadell por los que el Ejecutivo autonómico pagó el mismo precio ofertado, con una media de 112.576 euros por vivienda. En este sentido, el Govern de Francina Armengol mantiene que estas adquisiciones se mantendrán a lo largo de esta legislatura con el objetivo de aumentar el parque del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
Otra de las modificaciones afecta al punto que obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social antes de ejecutar un desahucio. El texto deberá aclarar que, una vez formulada la oferta de alquiler social, si los afectados la rechazan el propietario no será sancionado administrativamente.
No es la primera vez que el Ejecutivo de Armengol se ve forzado a matizar sus propias medidas. El Gobierno balear anunció a principios de marzo la expropiación temporal de 56 inmuebles para dedicarlos a vivienda social pero solo un mes después, la decisión ya no es tan firme y se ha abierto a dar marcha atrás con todos los procesos en pos de acabar comprando dichas propiedades, como publicó ABC.
Con la Sareb se ha iniciado la vía alternativa a la expropiación. En su caso tiene afectadas cuatro viviendas en Menorca y, según adelantó este periódico, se plantearon desde un principio acudir a la vía legal para detener la medida.