El político con la toga en el perchero
«Soy un técnico en un gobierno socialista». Así se presentó Fernando Grande-Marlaska en su primera intervención como ministro ante la Comisión de Interior del Congreso el 4 de julio de 2018. Habló de tres grandes claves▶ transparencia, certeza y seguridad y las aderezó con una frase de Cicerón▶ «La evidencia es la más decisiva demostración». Tres años después, enfundado ya en el traje de político con campañas electorales incluidas, las evidencias le han colocado en un equilibrio inestable. Salvo las vacunas –de momento– no hay charco que no le salpique. Los dos últimos, con trasfondo jurídico, amenazan con dejarlo a la intemperie. La partida judicial sobre el futuro del coronel Diego Pérez de los Cobos es la que más le puede desgastar. Si la Sala valida el fallo de la Audiencia Nacional y considera el cese del jefe de la Comandancia de Madrid ilegal, la opinión mayoritaria es que Pedro Sánchez dejaría caer a su ministro-juez. De fondo, el enfrentamiento evidente con la otra ministra-juez Margarita Robles, que ninguno de los dos se preocupa ya por disimular.
El penúltimo capítulo De los Cobos es la resaca de lo que ocurrió en mayo del año pasado cuando Marlaska lo cesó en teoría por no informar sobre la investigación judicial contra el delegado del Gobierno en Madrid. Las versiones sucesivas dadas por el ministro complicaron un episodio que la Guardia Civil vivió y vive como una afrenta. La segunda de calado tras el cese, nada más llegar al ministerio, del jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, de quien era amigo personal.
El exjuez tiene sobre la mesa la petición de dimisión de PP, Cs y Vox. Ni es la primera vez en su mandato, ni han sido los únicos que la han pedido. Unidas Podemos cuestionó a finales del año pasado la continuidad de Marlaska a raíz de la crisis migratoria en Canarias, con un muelle-cárcel atestado de personas, las islas al borde del colapso y un cruce de mensajes envenenados e inútiles entre departamentos del Gobierno.
Marlaska, que no esconde su preocupación por la gestión migratoria, ha sacado el mazo en algunos momentos –siguieron las devoluciones en caliente en la valla de Melilla pese al tirón de orejas de Europa– y ha abierto la mano en otros (traslados a la Península de inmigrantes negados por el Gobierno durante semanas). A la vez, ha sido el representante de España en África con viajes a los países de origen para cerrar acuerdos migratorios que frenaran las llegadas y contra el terrorismo.
El terrorismo le persigue. Fue objetivo de ETA, la combatió y desde que colgó temporalmente la toga se ha convertido en la bestia negra para algunas víctimas. Los ‘viernes de Marlaska’ son los de los acercamientos de presos etarras –173 de 193, según la AVT– con Parot y Troitiño como símbolo de escarnio. «Si creen que vulnero la ley, llévenme a los tribunales», desafió el ministro en el Congreso el mes pasado. Él se escuda en la legitimidad que los ampara, pero le duele el cuestionamiento de las víctimas a las que prometió que quienes tuvieran sangre en las manos no se beneficiarían.
Esa dualidad la vive a diario porque viste los dos trajes, el de técnico y el de político, mal que le pese. Sus críticos sostienen que ha arrinconado el de juez con actuaciones impropias.
«Haga lo que haga me van a criticar», suele decir a su equipo.
El polvorín migratorio
La crisis migratoria de Canarias con miles de personas encerradas en un muelle se prolongó durante semanas. El defensor del Pueblo criticó duramente la gestión de Interior por incumplir la normativa europea, retener a las personas que no son capaces de expulsar y no identificarlas en plazo.
Teruel
Pk. 95,5 de la A-226
solicitan también prisión permanente, además de penas que oscilan entre los 9 y los 26 años. Hay tres acusaciones populares, las asociaciones de guardias civiles AUGC y AEGC y el sindicato agrario UAGA. Su defensa pide la libre absolución amparándose en que padece un trastorno de neurosis de guerra que le impide razonar «al entrar en pánico», lo que implica, sostiene el letrado, «una demencia moral al observar su propia vida como un campo de supervivencia».
Contra la Guardia Civil
Los forenses que lo examinaron no percibieron ninguna alteración y así lo refleja la Fiscalía en su escrito de acusación▶ «No presenta sintomatología psicótica aguda ni residual, ni déficit intelectual ni deterioro cognitivo ni otro tipo de patología psiquiátrica». A diferencia de Igor, encarcelado en La Coruña, las familias de las víctimas siguen sin levantar cabeza. Los tres hombres asesinados tenían esposas. Iranzo y Romero, hijos pequeños, y los tres, padres y hermanos. La Fiscalía pide más de dos millones de euros en indemnizaciones. Queda pendiente otro procedimiento contencioso administrativo en el que se solicita responsabilidad patrimonial a la Guardia Civil por no haber activado un dispositivo de prevención pese a que se sabía que un lobo armado y peligroso se ocultaba en el Bajo Aragón.