El sector público ahoga al privado: la deuda comercial se eleva un 13%
∑Las cuentas pendientes de pago por parte de la Administración se disparan hasta los 83.356 millones y se acercan a los niveles de la anterior crisis
La deuda de las administraciones públicas con el sector privado aumentó en el año de la pandemia, agravando el difícil contexto que tuvieron las empresas –sobre todo pequeñas, medianas– y los autónomos, con cierres por doquier y miles de puestos de trabajo en la cuerda floja de los ERTE.
Así, un informe de Equipo Económico estima que la deuda comercial de las administraciones públicas se elevó un 13% en 2020, hasta alcanzar los 83.356 millones de euros. Una cifra que acerca las cuentas pendientes de pago de las administraciones públicas al sector pivado a niveles de la pasada crisis, cuando llegó a representar el 8,6% del PIB en 2011, según el documento.
Deuda de las Administraciones Públicas por separado
En porcentaje del PIB Admninistración Central Seguridad Social
4% Entonces el montante total de la deuda alcanzó la cifra récord de 91.300 millones de euros tras elevarse un 50% en apenas cuatro años.
Por niveles administrativos, a cierre de 2020 la Administración central acumulaba la mayor parte de esta deuda, 43.504 millones, seguida de las Corporaciones locales –en su mayoría, ayuntamientos–, que concentraban 19.046 millones pese a representar la rama de la Administración que presentan unas cuentas públicas más saneadas. Por su parte, la Seguridad Social acumulaba deuda con el sector privado por valor de 10.537 millones, mientras que las comunidades autónomas aportaban los 10.268 millones restantes.
Entre los motivos, explican, de este incremento se encuentran las necesidades de financiación de las administraciones. «La paralización de la acti
Comunidades Autónomas Corporaciones Locales vidad, la caída de los ingresos públicos y el incremento del gasto para paliar los efectos asociados a la pandemia Covid-19 han derivado en un aumento aún más significativo de las necesidades de financiación del sector público», detalla el informe.
Esto ocurre mientras las empresas españolas continúan asfixiadas por la persistencia de la crisis sanitaria, que está mermando la liquidez del tejido empresarial español, en su mayoría compuesto por empresas de pequeño tamaño. De hecho, el Banco de España cuantifica en 225.000 millones esa necesidad de inyección que el Gobierno intentó paliar en parte con unas ayudas directas de las que han quedado fuera más de 200.000 autónomos y pymes, como ya informó este periódico.
Desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, recuerdan que de saldarse al menos parte de la deuda comercial de las administraciones públicas se conseguiría inyectar liquidez a las entidades españolas, a la vez que frenaría la morosidad privada que existe entre ellas y que sufren especialmente las pymes. «La morosidad es uno de los problemas más graves de las pymes, ya que la actual crisis pone en jaque la viabilidad de muchas empresas que quedarían expuestas ante una ruptura de la cadena de pagos», detallan desde la patronal a ABC.
En este sentido, también piden a las AA.PP. que sean especialmente responsables con sus deudas comerciales para ayudar así a salvar el mayor número de empresas posibles. Porque a pesar del fuerte endeudamiento al que se han sometido durante el último año, la financiación recibida no cubre toda esta cuantía «y de ahí se derivan los problemas de solvencia y de inviabilidad».
No es baladí y en riesgo está la ‘zombificación’ de muchas firmas. La solvencia en buena parte de ellas se está agotando al son de más endeudamiento para lograr sostenerse. Una combinación peligrosa que complica su viabilidad incluso una vez superada la crisis.
Empresas zombis
Solvencia Cepyme denuncia que la morosidad está «poniendo en jaque la viabilidad de muchas empresas»
Por el momento, la moratoria concursal prorrogada por segunda vez hasta el próximo 31 de diciembre contiene miles de quiebras. De hecho, las empresas en concurso se habrían disparado un 19% sin la aplicación de esta normativa, según Coface. Multitud de organismos continúan denunciando no obstante que esta medida dispara la morosidad, dado que mantiene activas miles de empresas zombis que dificultan la continuidad de otras al no poder exigir a las empresas deudoras el concurso necesario.
Lo que sí empieza a incrementarse son los concursos voluntarios. En concreto, en marzo se registró el mayor número de insolvencias desde octubre de 2014 (630), según la filial de Cesce Informa D&B. Del total de concursos presentados, las microempresas supusieron algo más del 82 %, con 518.
Más del doble
El plazo de pago medio del sector público es de 77 días, pese a que la
ley establece un máximo de 30 días
El 16% fueron pequeñas empresas; y algo más del 1,5%, medianas. Mientras, tan solo una gran empresa inició proceso concursal durante el mes pasado. El sector más castigado fue la hostelería con 92 quiebras.
Agilizar trámites
Los agentes sociales ya pidieron hace meses al Gobierno que agilizara los trámites de pago de las administraciones como solución al riesgo de que las empresas se quedaran sin liquidez a corto plazo. Pero por el momento esto no parece materializarse. De hecho, a la vez que aumenta la deuda de las administraciones públicas con las empresas, también lo hacen los plazos de pago. El último informe realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) señala que en 2020 el sector público aumentó su plazo medio en siete días hasta llegar a los 77. Esto, cuando la ley contra la morosidad obliga a los organismos públicos a no sobrepasar un máximo de 30 días en efectuar estos pagos.
Es decir, las administraciones públicas estuvieron cerca de triplicar el plazo de pago exigido durante el año pasado. El problema también se encuentra en que las empresas no denuncian impagos ni retrasos por miedo a perder contratos. En este sentido, según el barometro de PMcM, el 94% de las compañías españolas no exige la indemnización legal por costes de recobro que recoge la misma ley de morosidad.
«Las administraciones tendrían que ser garantes del cumplimiento de la ley. Hay ayuntamientos que tardan en pagar por encima de los 300 días. Es un lastre. Uno de cada tres autónomos está sufriendo en estos momentos la morosidad. Pedimos un régimen sancionador que penalice a las administraciones que no cumplen la ley», asevera el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.