Vuelta a la inseguridad jurídica de verano

El Gobierno, tras un año de pandemia, sigue sin articular una alternativa legal

El 3 de mayo el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostraba contundente▶ «El estado de alarma es el único elemento constitucional para limitar la movilidad». Pero el Gobierno fue abriendo poco a poco su discurso. Solo una semana después, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, apuntaba en una entrevista en ‘El País’ lo siguiente▶ «En la comisión de la reconstrucción queremos revisar la legislación sanitaria. Hay cuatro leyes estatales dispersas, algunas con más de 30 años, y queremos hacer una revisión».

El 13 de mayo Calvo insistía durante una comparecencia en el Senado. Apuntaba a «una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado». La argumentación era que «tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución»,

Desde entonces el Gobierno ha venido navegando a partir de aquella promesa incumplida que le permitió lograr el apoyo de Ciudadanos (Cs) y ERC para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma. Porque el 30 de mayo, el Gobierno cerraba con ERC un acuerdo que incluía el compromiso de «priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma en un futuro». Se comprometía específicamente a modificar la ley de Salud Pública «con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al del estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CC.AA. e incrementar la protección de los derechos fundamentales». Y se añadía que «estas reformas legales serán presentadas a la comisión de evaluación que se creará en el Congreso con la voluntad de ser tramitadas en un período de tres meses desde su creación para su aprobación». También quedaba por escrito en el pacto suscrito con Cs el 2 de junio, en el que se comprometía a «analizar las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma».

El Gobierno hizo dos cosas que, en aquel momento, a Cs sí le valieron y que entendió como primera parte de ese plan B. Aprobar el decreto de nueva normalidad y modificar la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, con la que se regula las actuaciones coordinadas en salud pública que puede tomar el Consejo Interterritorial.

El resto de modificaciones legales requerían una tramitación parlamentaria más compleja. Y el Gobierno interpretó que la necesidad de una respuesta rápida las desaconsejaba. Entre medias, el Gobierno consultó a la Abogacía del Estado. Un informe que no se ha hecho público pero que esgrime para justificar desde entonces que «no hacía falta modificar ninguna norma y que la legislación actual era suficiente».

A partir del verano, Pedro Sánchez modificó su estrategia de mando único y en la que no daba margen de gestión a las comunidades autónomas. Pero conforme fue avanzando el verano, con las resoluciones judiciales dispares que, en algunos casos, tumbaban decisiones autonómicas sobre algunos confinamientos, el Gobierno terminó de convencerse▶ no había alternativa al estado de alarma. El 25 de agosto el presidente del Gobierno compareció en rueda de prensa para ofrecer a las comunidades autónomas un estado de alarma a la carta. Cada una de ellas podía solicitar que se decretase en su territorio. Renunciaba Sánchez al mando único para introducirse en la llamada cogobernanza, pero el instrumento jurídico era el mismo.

Escenario estival

Ahora, a partir del 10 de mayo, volveremos a ese escenario estival que se demostró insuficiente y que obligó al Gobierno a volver a aplicar el estado de alarma por dos veces▶ primero en Madrid y luego en el conjunto del país con una duración de seis meses. La única razón que ahora hace pensar que la situación será distinta es el avance de la campaña de vacunación.

El Gobierno ha vuelto esta semana a considerar «suficiente» la legislación vigente para que las autonomías respondan a la situación una vez se levante el estado de alarma. Su diagnóstico dista ahora de aquel manifestado por Illa el 3 de mayo del pasado año. Ahora, sin estado de alarma, sí se considera que las regiones pueden aplicar perimetrajes de una parte de sus territorios. Eso sí, la única diferencia es que se interpreta que no podrán aplicarse a la totalidad de su área geográfica sino ser parciales. Pero todas esas decisiones requerirán del aval de los tribunales de cada región.

El Ejecutivo, sin embargo, no vería con malos ojos la ampliación del plazo de la alarma, pero no está dispuesto a una negociación a cara de perro en la recta final de la campaña electoral madrileña. «Que lo pidan las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial», despachan en La Moncloa. El Gobierno llega al final confiando en que la vacunación y las autonomías terminen de cuadrar el círculo.