Díaz se topa con la negativa empresarial a negociar su contrarreforma

La CEOE sostiene que la ministra quiere cambios laborales que no pide Bruselas y que dañarían el empleo

Por lo pronto, Escrivá ha planteado un calendario que establece tres bloques de medidas a aprobar en distintos tiempos. La primera, que se busca esté lista cuando antes, incluiría las cuestiones menos espinosas, como el índice de revalorización de las pensiones en torno al IPC, las propias prejubilaciones y el calendario para que el Estado asuma definitivamente la totalidad de los llamados gastos impropios del sistema.

En una segunda ronda, que debería concluir en verano, Escrivá habría planteado el cambio en la cotización de los autónomos. Y para final de año, entre las medidas a poner en marcha se encuentran dos de las decisiones que más ingresos y ahorros supondrán para las dañadas cuentas de la Seguridad Social▶ un aumento de los impuestos al empleo y la ampliación de los años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones. Con estas fechas sobre la mesa se busca dar salida primero a las cuestiones en las que hay más posibilidades de un encuentro rápido y dejar para final de año las más espinosas. La estrategia está también pensada mirando a Bruselas, que ha reclamado acuerdos transversales para una negociación clave como es la del sistema de pensiones.

Las relaciones entre el Gobierno y la clase empresarial no están en su mejor momento. Escrivá no logra que la organización trague con su reforma de las pensiones y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha topado con la negativa de la CEOE a negociar cualquier medida que no esté en la agenda de reformas exigida por Europa para recibir los fondos.

Cada semana los técnicos de la patronal se sientan en la mesa de negociación pero el rechazo es reiterado a cualquier intento de desmontar la reforma laboral de 2012, una norma cargada de flexibilidad a la que no están dispuestos a renunciar los empresarios en plena crisis. Postura que cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Nadia Calviño, el nexo de la patronal con el Ejecutivo.

Los empresarios si están dispuestos a negociar sobre el galopante paro juvenil, también sobre una reforma mucha miga. Lo primero que salta a la vista es que si hay un organismo que ha sido tildado de inoperante por los españoles en el último año es el SEPE de Gutiérrez. Las razones son múltiples▶ porque tiene pocos empleados, porque su trabajo era la atención presencial y fue difícil adaptarse a la pandemia, porque era complicado pagar a tiempo los ERTE, porque aunque el SEPE gestiona un concepto que está en las nóminas de los asalariados ha sido imposible para el Estado practicarle las retenciones del IRPF correctamente (y ahora tendrán que pagar a Hacienda), porque el sistema informático estaba obsoleto y, en definitiva, porque existen los hackers rusos, hijos de Putin.

Era fácil pensar que Gutiérrez mentaba la soga en la casa del ahorcado. Y, ¿qué pensaría Mazzucato? ¿Cómo construir un Estado emprendedor con directores generales dedicados a campañas electorales?

Mi segunda consideración fue que normalmente los directores generales guardan una cierta apariencia de imparcialidad. Sabemos que son nombrados por los partidos, pero como suelen ser funcionarios, mantienen unas formas. ¿Es posible que el asalto a la Administración propiciado por Pedro Sánchez y Podemos desde el gobierno que más directores generales ha nombrado con criterios políticos transformara de la contratación que permita acabar con la dualidad que existe en el mercado de trabajo entre temporales e indefinidos, pero no contribuirán a revertir ni una sola de las medidas que implique restar flexibilidad.

La nueva vicepresidenta tercera ya ha puesto sobre la mesa del diálogo social un documento, muy del gusto de los sindicatos, en el que plantea eliminar la prioridad actual del convenios de empresa para fijar el salario base y los complementos y en el que, además, plantea una reforma en profundidad de las subcontratas.

Propone que un empleado de una subcontrata no pueda cobrar por debajo de lo marcado en el convenio colectivo del sector y abre la puerta a mayor control sindical sobre estas formas de trabajo. Y en este sentido la titular de Trabajo aplicará la doctrina del Tribunal Supremo y pondrá límites al abuso de los contratos por obra o servicios en las subcontratas

De momento estas son las tres materias que tiene escritas en rojo Yolanda Díaz y a ellas se unirá recuperar la ultraactividad en los convenios colectivos, de forma que si un convenio acaba su vigencia y no hay acuerdo entre las partes prorrogue su vigencia hasta que la negociación de sus frutos (el límite ahora es de un año).

En la agenda Trabajo quiere restar ya poder al

convenio de empresa para fijar sueldos y reformar las subcontratas

esa cultura? Los hechos son que, en agosto, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a 45 asociaciones de funcionarios, denunció ante el Supremo el nombramiento de más de 35 directores generales que escapan al criterio de mérito y capacidad.

Gutiérrez es funcionario (autonómico, es verdad, pero funcionario al fin) y desde 2008 a 2011 fue director general del SEPE de Castilla-La Mancha. Así que su incursión en la campaña madrileña desde su puesto público no se debe a que proceda de una cultura ajena al funcionariado. No sería, entonces, un caso ejemplar del llamado ‘Spoils System’ o sistema clientelar, que toma por botín electoral la Administración cada vez que cambia el gobierno.

Mi primera reacción fue pedirle a la vicepresidenta tercera y ministra del Trabajo que cesara a Gutiérrez por lo impropio de su tuit. Pero lo he pensado mejor. Una persona me hizo ver que Gutiérrez podría ser un hombre desesperado, que lo que busca con su tuit es precisamente que lo alivien del potro de tortura en que se ha convertido el SEPE. Así que he cambiado de opinión y ahora le pido a Yolanda Díaz que lo ratifique en el cargo. jmuller@abc.es