Más de 2.500 jueces españoles denuncian en Europa la vulneración del Estado de Derecho
Acusan a PSOE y Podemos de «horadar» la independencia judicial y piden incluso sanciones
Harta de los ataques del Ejecutivo y el Legislativo al Poder Judicial durante los últimos meses, y con la ofensiva a su órgano de gobierno ya consumada –con la entrada en vigor de la reforma que le prohíbe hacer nombramientos en funciones–, la mitad de la carrera judicial española intenta quemar el último cartucho ante Europa.
Tres de las cuatro asociaciones judiciales, en concreto más de 2.500 togados, han dirigido un escrito al presidente y vicepresidenta de la Comisión Europea, Didier Reynders y Don Vêra Jourová, en el que denuncian el riesgo de violación del Estado de Derecho en España a raíz de las últimas reformas propuestas por el Gobierno. «Aun sabiendo que solo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España», comienza la misiva.
Los jueces denuncian que a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, «se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecúe a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE –es decir, que los jueces elijan a sus representantes–, se camina en la dirección opuesta», dicen.
«Apagón» en el CGPJ
A juicio de los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, la deriva legislativa que está afectando al Poder Judicial está poniendo «en riesgo» el Estado de Derecho en España. Explican que la reforma que limita los nombramientos del CGPJ cuando esté en funciones prevé un «apagón» del órgano de gobierno de los jueces «al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados» los vocales.
La segunda reforma, apostillan en referencia a la que Podemos y PSOE han aparcado (que no retirado) en el Congreso, implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras para la designación de los vocales judiciales. Esto significa que «los partidos de Gobierno por sí solos pueden decidir la íntegra composición del CGPJ», apuntan, y algunos de estos partidos «abiertamente animan a no respetar la Constitución». «Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento», lo que «es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».
Insisten los denunciantes en que el actual sistema de elección de los vocales es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, dicen, según las cuales «las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».
Alusión a Podemos
Los jueces denuncian que hay partidos de Gobierno que «abiertamente animan a no respetar la Constitución» Tratado de la UE
Incumplir los valores de la Unión puede implicar la pérdida del derecho de voto en el Consejo de Europa
De secreto a descarado
Los jueces relatan cómo desde 1985 hasta la actualidad los principales partidos «se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Antes esto se hacía «discretamente», dicen, pero ahora se realiza «con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».
Tras explicar al presidente y vicepresidenta de la Comisión Europea la situación en la que se encuentra el CGPJ (con el mandato vencido desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre los partidos), los jueces denuncian que los partidos que han promovido estas reformas y que están en el Gobierno (PSOE y Podemos) «no han solicitado el parecer de la Comisión de Venecia», como tenían que haber hecho cuando esta Comisión Europea valoró la modificación de las mayorías. Tampoco han dado audiencia a las asociaciones judiciales, «a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite».
Los firmantes recuerdan que la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial son requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho, que es lo que garantiza el respeto de los derechos fundamentales, la igualdad o la justicia. Por ello, además de pedir a la Comisión Europea que tome conocimiento de lo expuesto, le solicita que inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías de la UE y que si persiste en su actuación, inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE. Ese artículo recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
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