Bruselas responderá a los jueces antes de visitar España este mes
La Comisión Europea insiste en que la judicatura no puede ser vulnerable a la politización
La Comisión Europea volvió ayer a expresar su preocupación por la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un portavoz oficial admitió haber recibido la carta suscrita por tres de las cuatro asociaciones judiciales de España (en total, 2.500 togados) y señaló que será «estudiada atentamente» y contestada «lo antes posible». En las próximas semanas, a finales de este mes, está previsto que representantes del ejecutivo comunitario vengan a España para reunirse con todos los sectores implicados y redactar el informe anual sobre el Estado de Derecho, que previsiblemente, contendrá críticas a la gestión del Gobierno español.
El portavoz de la Comisión recordó «la importancia» que se atribuye a las consultas con los propios jueces y con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa «antes de adoptar cualquier reforma» en la legislación que regula el funcionamiento de la Justicia y que en este caso han sido totalmente ignoradas. Pese a que el órgano de gobierno de los jueces y las propias asociaciones judiciales pidieron ser escuchadas antes de proceder a la reforma que entró en vigor en marzo –y que prohibe al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones–, la Mesa del Congreso desatendió su solicitud.
En la carta que el lunes enviaron a la Comisión Europea, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente advierten al órgano del «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España. La Comisión considera que es «muy importante no tomar decisiones que hagan que la judicatura sea vista como una institución vulnerable a la politización».
«Grave preocupación»
Fuentes de la Comisión aclararon que la visita de los funcionarios para evaluar la situación del Estado de Derecho en España estaba prevista con antelación a la recepción de la carta de los jueces, puesto que forma parte del proceso por el que cada año se redacta un informe sobre la evolución en cada país. La Comisión ya hizo saber en su día su «grave preocupación» por la reforma del CGPJ que planeaba el Gobierno para reducir la mayoría parlamentaria de tres quintos a mayoría absoluta en la elección de los vocales judiciales del
Consejo, lo que forzó su paralización (que no su retirada) en el Congreso de los Diputados. De hecho, en la misiva, los jueces españoles no ocultan su preocupación ante la posible la reactivación de esa proposición de ley –ahora congelada– si las negociaciones entre los principales partidos siguen estancadas para renovar un órgano cuyo mandato venció en diciembre de 2018.
Entretanto, la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundúa, ha lanzado una batería de cartas a la Comisión Europea para respaldar la movilización de los 2.500 jueces españoles contra la reforma del CGPJ, para que de una vez el ejecutivo comunitario haga reaccionar al Gobierno y se detenga el ataque a la separación de poderes, «la pieza más apetitosa para los depredadores del sistema democrático».
En las cartas, la eurodiputada de Cs recuerda los problemas de renovación del CGPJ a causa de la politización del sistema de elección parlamentaria. «La politización del CGPJ ha ido en aumento, en dirección contraria al espíritu constitucional. Sin embargo, la independencia del Poder Judicial es la clave de bóveda del sistema de separación de poderes, porque es lo que nos protege de la degeneración del conjunto, de la deriva arbitraria», avisa.
El silencio de Calvo
Precisamente ayer, la vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, inauguró un seminario que bajo el título ‘La Comisión de Venecia y España▶ una herencia compartida’, analizó el papel de este órgano consultivo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento de principios como la separación de poderes. Ni una referencia hizo Calvo durante su breve intervención al delicado papel en el que se encuentra España a raíz de esta denuncia. Aplaudió, eso sí, el papel de esta Comisión en el fortalecimiento de las democracias europeas.