Moncloa admite que la ley catalana del alquiler le parece ilegal, pero no la recurre
El Gobierno insiste en negociar pese a hallar «fundamentos suficientes» para acudir al TC
El análisis jurídico encargado por el Gobierno sobre la ley catalana del alquiler aprecia «la existencia de fundamentos suficientes para el planteamiento del procedimiento» de inconstitucionalidad, según admite la secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes en una respuesta escrita a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, a la que ha tenido acceso ABC.
El texto catalán introduce la regulación de los precios de los alquileres en zonas sin «vivienda asequible» y, al margen de sus consecuencias para el mercado, supone un ataque al Estado porque la Generalitat carece de competencias para intervenir en esta materia. La ley catalana entró en vigor en septiembre del año pasado, y el Gobierno podría haber presentado un recurso de anticonstitucionalidad ante el TC en los tres meses siguientes para suspender así, automáticamente y de forma cautelar, su aplicación.
Sin embargo, el contencioso hubiera estallado a las puertas de las elecciones catalanas, por lo que el Ejecutivo optó por abrir la vía de la negociación y ganar tiempo. Al hacerlo así, dispone de nueve meses para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Un plazo durante el cual la ley se mantiene vigente, vulnerando las competencias del Estado y alterando de manera grave al mercado, tal y como denuncia el sector.
En su respuesta a Gamarra, Moncloa reconoce que la negociación abierta con la Generalitat persigue evitar la impugnación de la ley, «intentando lograr
Aragonès e Iceta conversan en los pasillos del Parlament
una solución pactada entre ambas administraciones en relación con las discrepancias manifestadas respecto del ámbito competencial constitucionalmente reconocido a cada una de ellas», y así «llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades bajo la premisa del principio de colaboración». Además, se escuda en su «voluntad de diálogo permanente» con las autonomías. Una premisa que no parece cumplirse cuando se trata de regiones gobernadas por los populares.
Anticonstitucional
Las dudas sobre la legalidad del texto ya fueron señaladas por el órgano consultivo del Govern
Hace dos semanas, sin ir más lejos, el Ejecutivo anunció que recurriría ante el Constitucional la nueva ley gallega de salud que establece la vacunación obligatoria. Un texto que tan solo llevaba cinco semanas en vigor y que se encardina en un ámbito, la lucha contra la pandemia, en el que el Gobierno sí ha entregado todas sus competencias a las autonomías para no tener que gestionarlo.
Govern en funciones
Desde su entrada en vigor, la ley catalana para limitar el precio de los alquileres ha generado una amplia polémica y, de hecho, el PP presentó un recurso ante el TC contra la misma, aunque a diferencia de lo que sucede con las impugnaciones que presenta el Gobierno, esta no implica su suspensión cautelar.
La renuncia del Ejecutivo a presentar de inicio un recurso cobra mayor dimensión cuando desde Cataluña las dudas sobre la legalidad de la normativa ya se habían formulado de forma rotunda. En concreto, el Consejo de Garantías Estatutarias había señalado que once de los quince artículos y siete de las catorce disposiciones de la ley son anticonstitucionales y contrarias al Estatuto. Pese a la dureza del dictamen, este no fue atendido, dado que los pronunciamientos del Consell son consultivos y no vinculantes.
Hay, además, precedentes. Al margen de la de limitación de alquileres, Cataluña sacó adelante una ley que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a personas vulnerables incluso si habían ocupado ilegalmente una vivienda, un texto que fue anulado en parte por el TC con una durísima sentencia tras el recurso también presentado por el PP.
En todo caso, la voluntad de negociar con la Generalitat se produce en un momento en el que el ejecutivo catalán se encuentra en funciones. En paralelo, la posibilidad de aprobar una ley estatal de contenido similar –algo en lo que los comunes confían para blindar la ley catalana– sigue dividendo al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Ayer, otra reunión sin avances.