El ‘ministerio de la verdad’ tampoco revela la identidad de sus expertos
El Gobierno repite la táctica que usó con el comité que asesoró a Fernando Simón▶ dice que son funcionarios
El Gobierno se niega a desvelar los nombres de las personas que ha designado para controlar las ‘fake news’ en España. Hace unos meses, Pedro Sánchez puso en marcha el Procedimiento de actuación contra la desinformación, un texto normativo con el que se impulsaba, entre otras medidas, la Comisión Permanente contra la Desinformación. Este órgano, encargado de marcar las líneas maestras de la Estrategia Nacional contra la Desinformación, está formado por representantes de distintos departamentos de la Administración, desde el CNI hasta el gabinete de Presidencia. No obstante, La Moncloa no quiere desvelar en manos de quién está decidir qué es una campaña de desinformación y qué no.
Para negarse a hacer pública la identidad de los miembros de este comité, el Ejecutivo se sirve de una táctica que ya empleó anteriormente en un caso similar. Como ocurrió con el comité de expertos del coronavirus, La Moncloa se escuda en que este grupo está formado por funcionarios que son escogidos por los distintos departamentos a los que pertenecen para acudir a las sucesivas reuniones. De hecho, indica que la nómina de asistentes puede variar en cada cita en función de las necesidades. Así lo expone María Hilda Jiménez, vicesecretaria general del gabinete de Presidencia, en la respuesta que da a ABC después de que este diario solicitara la composición del órgano a través de los mecanismos de Transparencia.
«Este trabajo es desarrollado por empleados públicos profesionales que sirven con objetividad los intereses generales en el normal desarrollo de sus funciones», manifiesta la vicesecretaria general de Presidencia, que acto seguido insiste en que «el Procedimiento [contra la desinformación] hace alusión a órganos y organismos que en cada reunión son representados por funcionarios o personal laboral conocedores del tema a tratar en cada caso». Este diario, pese a lo escueto de la respuesta, solicitó la relación completa de altos cargos o cualquier otro personal público que haya participado en estas reuniones.
La Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, establece las funciones de este comité, así como los distintos gabinetes que están representados en las reuniones que celebra la Comisión Permanente contra la Desinformación. A este grupo de expertos, según el texto normativo arriba citado, le corresponde una tarea clave, como es «la valoración técnica y operativa de posibles campañas de desinformación».
La sombra de Redondo
El órgano está coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver, uno de los hombres de confianza de Sánchez y que depende directamente del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo.
Además, lo integran representantes adscritos al Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Presidencia; del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incardinado en Defensa; del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; de la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores; y de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Aunque Presidencia remarca en su estrategia para ocultar la información que la comisión la forman funcionarios procedentes de estos gabinetes, no hay forma de comprobar que es así, ya que no facilita el más mínimo dato para su identificación. Y eso pese a que hay precedentes en los que la Administración, finalmente y después de meses de excusas, tuvo que plegarse y conceder una información similar.
El Consejo de Transparencia, en su resolución 492/2020, fechada a principios de noviembre del año pasado, da la razón a un ciudadano que solicitó la identidad de los miembros del comité de expertos que asesoró a Fernando Simón en la desescalada. Entre los argumentos jurídicos esgrimidos por el Consejo figura el artículo 15.2 de la ley de Transparencia, que enuncia lo siguiente y que podría aplicarse en este caso▶ «Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano».
Riesgo de censura
La falta de transparencia de la que hace gala el Gobierno cuando se le pregunta por el ‘ministerio de la verdad’ llega sólo unas semanas después de que Estados Unidos denunciara, a través de su informe sobre los Derechos Humanos y como avanzó ABC, las presiones del Ejecutivo, precisamente, contra los medios de comunicación incómodos para sus intereses.
La creación de un mecanismo para controlar las campañas de desinformación o las ‘fake news’ desde el poder Ejecutivo despertó un importante rechazo cuando, en el mes de noviembre del año pasado, el Gobierno introdujo en el BOE este nuevo procedimiento con el que se otorgaba a sí mismo la capacidad de monitorizar de las campañas de desinformación. Las asociaciones de periodistas rápidamente salieron al paso de esta iniciativa y alertaron de que podía comprometer la libertad de prensa. Meses después, pese a las críticas, las sombras y la falta de transparencia todavía envuelven a este polémico organismo. Y Sánchez no parece estar muy por la labor de arrojar luz sobre su ‘ministerio de la verdad’.
Rectificación de Sanidad
El Consejo de Transparencia obligó a rectificar al Ministerio de Sanidad cuando se negó a facilitar la relación de expertos a un ciudadano
Después de la denuncia de Washington
La opacidad que rodea a la Comisión contra la Desinformación llega acto seguido de que EE.UU. denunciara las presiones del Gobierno a la prensa