El diálogo social encalla y complica las reformas pactadas que exige Bruselas
∑Sánchez ‘vende’ 50.000 millones de los fondos sin cerrar los cambios en pensiones y el mercado laboral ∑Escrivá hace casi un mes que no se reúne con los agentes sociales y dos meses con los autónomos
Al presidente del Gobierno se le complican las cosas. Necesita con urgencia los 140.000 millones que deben venir desde Europa para afrontar la recesión más profunda desde la Guerra Civil, pero hoy por hoy no cumple con las exigencias que impone Bruselas para recibir los fondos. Las autoridades europeas presionan al Ejecutivo con los detalles de las reformas, quieren avances ya y, sobre todo, exigen que los cambios estructurales se presenten con el sello del acuerdo de empresarios y sindicatos. Es una forma de garantizar su eficacia y el pacto con los agentes sociales será la llave para desbloquear las ayudas.
La reforma estrella para Europa es la de pensiones. Ya no hay atajos. El sistema arrastra un déficit millonario e insostenible que está condicionando los números rojos del Estado y una deuda desbocada. Sanear el sistema es clave para afrontar la recuperación. Pero los avances en este caso son nulos. Las negociaciones han encallado porque ni el fondo ni las formas del ministro de Seguridad Social gustan ni a empresarios ni a sindicatos. Tampoco al Pacto de Toledo, que el lunes acusó al ministro de falta de transparencia, de esquivar a la comisión parlamentaria y de generar inquietud entre los cotizantes que están a las puertas de la jubilación.
Prueba de la evolución que lleva esta negociación es que desde el pasado 22 de marzo la Seguridad Social no se ha reunido con los agentes sociales para reanudar las negociaciones; y dos meses ya han pasado desde que se reuniera con los autónomos para cambiar la fiscalidad del colectivo.
La CEOE no está por la labor de sellar un acuerdo que no haya recibido el apoyo del Pacto de Toledo y se queja de que Escrivá no presenta una reforma en bloque. Hay medidas puestas encima de la mesa que, además, no gustan a la organización, como prohibir la jubilación obligatoria en los convenios.
Más allá del Pacto de Toledo y el mundo empresarial, la lejanía con las propuestas de Escrivá es también evidente entre los sindicatos. Ayer, el secretario general de CC. OO., Unai Sordo, cercano a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quiso dejar claro que el acuerdo está lejos de cerrarse. «No hay un acuerdo ni estamos cerca. Estamos en proceso de negociación», dijo, tras señalar que «el acuerdo no es tan inminente» y remarcar que «aunque hay contactos bilaterales, hace bastantes semanas que no hay una mesa del diálogo social sobre pensiones».
Sordo se mostró crítico con muchas de las cuestiones planteadas por Escrivá y cargó con el camino elegido por el ministro para acercar la edad real de jubilación a la legal, que se centra en penalizar las prejubilaciones. «Lo que hay que hacer es mejorar los coeficientes de quienes se incorporan a las jubilaciones anticipadas». Explicó que esto supondría hacer «más beneficioso» para las personas permanecer en su puesto de trabajo un poco más. «Lo primero que hay que hacer es dejar claro que se va a derogar la reforma de pensiones de 2013», apuntó.
Pero las tensiones entre el Gobierno y los agentes sociales no se dan solo en las pensiones, también en la reforma laboral. Como ya informó ABC, Yolanda Díaz se ha topado con la negativa de la CEOE a negociar cualquier medida que no esté en la agenda de reformas exigida por Europa para recibir los fondos. Se niegan a entrar en el desmontaje de la reforma laboral de 2012 que reclama la ministra, una norma cargada de flexibilidad a la que no están dispuestos a renunciar los empresarios en plena crisis. Postura que cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Nadia Calviño, el nexo de la patronal con el Ejecutivo.
La CEOE solo hablará con el Gobierno sobre remedios al galopante paro juvenil, también sobre una reforma de la contratación que permita acabar con la
dualidad que existe en el mercado de trabajo entre temporales e indefinidos, pero no contribuirán a revertir ni una sola de las medidas que implique restar flexibilidad. Los sindicatos, por su parte, están cada día más beligerantes. Mantienen las protestas en la calle para exigir al Gobierno que cumpla con su palabra y desmonte la esencia de la reforma laboral.
Vender la piel del oso...
Con este telón de fondo, los ministros explicarán hoy a los agentes sociales el detalle de las reformas del plan que presentará Sánchez en el Congreso. Ayer, el presidente no dudó en fiar el futuro económico del país a las inversiones que lleguen de Europa, aunque esquivó, sin embargo, el hecho de que no hay acuerdo cercano en torno a las dos reformas claves, la laboral y la de pensiones.
El presidente desgranó ayer una batería de cifras, el destino de los primeros 50.000 millones del maná europeo a tres años vista sin haber cerrado las necesarias reformas que implica. Según dijo, el plan contempla 13.200 millones para abordar una estrategia de movilidad sostenible, 6.820 millones para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, 4.315 millones para la modernización de las administraciones públicas y rebajar el empleo temporal, 4.060 millones para un plan de digitalización de las pymes, 4.000 millones para avanzar en el despliegue de la red 5G y 3.780 millones en política industrial y para potenciar la economía circular de los residuos.
Además, se destinarán 3.590 millones para digitalización, 3.400 millones al sector turístico, 3.380 millones la ciencia e innovación y 3.165 millones para energías renovables.