Andalucía teme que la burocracia lastre las ayudas Covid del Estado
El consejero Bravo avisa por carta a la ministra Montero de «graves deficiencias»
La Junta de Andalucía teme que el exceso de burocracia malogre el plan estatal de 7.000 millones de euros para ayudar a las pymes y autónomos afectados por la crisis del Covid. El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP), ha escrito una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le manifiesta su «profunda preocupación» e «incertidumbre» por el procedimiento establecido para repartir los recursos. Con este plan se pretende facilitar a los empresarios el pago de sus facturas con proveedores o de sus deudas bancarias.
El «contenido del convenio» bilateral —el documento que deben suscribir el Estado y la Junta para gestionar las subvenciones—, está plagado de «graves deficiencias» relacionadas con los restrictivos requisitos que se exigen a los beneficiarios a la hora de aplicar los fondos y acreditar su gasto, advierte Bravo. El Ministerio aún no le ha remitido a la Junta el borrador del convenio que deben firmar, pero la Consejería ya ha formulado unas alegaciones a la parte del convenio que sí le ha avanzado. El proceso va con retraso. El plazo para firmarlo acabó ayer. Antes del convenio tiene que salir la orden del ministerio y, posteriormente, será la rúbrica del mismo. De los 7.000 millones, a Andalucía
le va a corresponder hasta 1.109 millones.
«Los criterios de elegibilidad y justificación creemos que van a dificultar de forma extraordinaria la gestión de estas ayudas» por parte de la Junta, que debe poner a funcionar la maquinaria y lanzar las convocatorias para que las empresas puedan solicitar los fondos, señala el consejero. Por ello pide «encarecidamente» a la ministra sevillana que «se revisen o, al menos, contemos con el criterio de la Intervención General de la Administración de Estado».
Le tocan 1.109 millones
La Junta sigue a la espera del convenio con el Estado para gestionar las ayudas
Reintegros
En la misiva, fechada el pasado lunes, Juan Bravo avisa de que «tanto la norma como el proceso de implementación de la misma se están diseñando de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla» en alusión a las comunidades autónomas, lo que entraña «graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas».
El titular de Hacienda alerta de que «está en juego la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento de sus puestos de trabajo». Pone algún ejemplo. Exigirle al beneficiario que asigne «una prioridad temporal a los pagos, va a situar a ese empresario ante situaciones límite y obligará a los órganos concedentes de la subvención a exigir el reintegro de la misma en el momento en que se compruebe que se incumplen los requisitos».
El Gobierno andaluz reclama al Gobierno de la Nación la convocatoria de órganos de interlocución como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o, en su defecto, de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación para revisar esta norma.