Un presidente ocultista

En el Congreso o en el Portal de Transparencia; a la oposición, a los ciudadanos o a los periodistas. El escenario da igual, pero el protagonista y su intención siempre es la misma. Si el Gobierno se encuentra en disposición de elegir si concede o no una información determinada que puede ser delicada para sus intereses, es muy probable que se decante por mantenerla guardada bajo siete llaves. Los ejemplos, bien desde el inicio de la legislatura o desde que estalló la pandemia, son variados.

En sede parlamentaria hay dos casos bastante recientes. El primero data de enero, cuando el Congreso dio luz verde, gracias al apoyo de Vox, al decreto para los fondos europeos de recuperación impulsado por el Gobierno. En esta ocasión, el Ejecutivo no mostró a los diputados una evaluación de dicho texto que podría haber cambiado el signo de aquella votación. Era un informe que elaboró el Consejo de Estado examinando la solvencia del procedimiento elaborado por el Gobierno. El órgano consultivo fue muy duro con el trabajo del Ejecutivo y señaló las deficiencias de un proyecto que La Moncloa no hizo público hasta después de conseguir el beneplácito de la Cámara Baja.

Durante la pandemia, los debates para aprobar las sucesivas prórrogas del estado de alarma se alargaron en varias ocasiones hasta la madrugada. Los grupos de la oposición, conforme avanzaban las semanas, reclamaron cada vez con más fuerza al Gobierno que elaborara un plan B normativo que permitiera hacer frente a la pandemia y sus restricciones sin necesidad de recurrir al estado de alarma, de modo que el Ejecutivo no aglutinara todo el poder. Un año después, seguimos igual y Sánchez no ha impulsado